El PP desautoriza a Vox y niega cambios 'antiaborto' en los protocolos de Castilla y León

Nueva polémica en Castilla y León. El PP ha desautorizado abiertamente al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien aseveró este jueves que la Junta activaría un nuevo protocolo "provida" que incluía obligar a los sanitarios ofrecer a las mujeres embarazadas que quisieran abortar escuchar el latido del feto y una ecografía 4D para disuadirlas de esa decisión. "Si conseguimos salvar una única vida, todo habrá merecido la pena", alegó el dirigente de Vox. Sin embargo, la Consejería de Sanidad, dirigida por el PP, niega que el gobierno regional haya trabajado en medidas para desincentivar el aborto, y aseguran que no habrá cambios en los protocolos a embarazadas en la región en ese sentido. "Todo sigue igual", aseguran.

Este jueves, la Junta de Castilla y León emitió un comunicado con las nuevas medidas en materia sanitaria pactadas dentro del Consejo de Gobierno, que incluían una serie de garantías y beneficios a mujeres embarazadas durante el proceso de gestación pero que, a juicio del PP, nada tiene que ver con el aborto. En este sentido, la Junta propone la elaboración de un protocolo de latido fetal para estudiar la posibilidad de que "en situaciones específicas" se realicen más ecografías de las recomendadas por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) para "garantizar el bienestar fetal, tanto en el embarazo como en el parto".

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Fuentes del PP insisten en que este procedimiento, el de la monitorización del latido fetal, ya se realiza con normalidad no sólo en Castilla y León, sino en todas las comunidades autónomas, y que el ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco sólo propone aumentar ese tipo de análisis en pro de la prevención de posibles problemas fetales "tales como el retraso del crecimiento o alteraciones en la candidad de liquido amniótico", que puedan poner en riesgo tanto a la madre como en el feto. Lo que en ningún caso han pactado con Vox, aseguran, es implantar este tipo de procedimientos para que los sanitarios traten de coaccionar a las madres que acuden a un centro sanitario con la intención de abortar. "Se lo han llevado al terreno ideológico, y no es así", insisten.

En el PP inciden, además, que "en ningún caso se reformarán los protocolos para obligar a los sanitarios a hacer nada" como sí dijo Vox. Juan García-Gallardo, vicepresidente regional, anunció ayer que las medidas estaban dirigidas a evitar aborto, entre las que, además del latido fetal, incluyó la asistencia psicoscocial a mujeres embarazadas. "En 2021, se practicaron más de 2.500 abortos en la región, un 7,2% más que en 2020. 70 fueron de madres que ya habían practicado abortos hasta en tres ocasiones", insistió Gallardo.

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En la Consejería de Sanidad de Castilla y León, dirigida por el popular Alejandro Velázquez, insisten en que el acuerdo alcanzado con Vox implica un "cumplimiento de los protocolos" a embarazadas actualmente vigente y conforme a lo que "dice la ley", sin que se promuevan cambios en ese sentido. Insisten en que la relación con sus socios de gobierno es "excelente", y aseguran que el embrollo viene por "matices" en el discurso a la hora de explicar las nuevas medidas en defensa de la natalidad.

En la dirección nacional del PP se despegan también de la "agenda ideológica" de Vox. El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, afirmó este mismo viernes que su partido no está de acuerdo con el anuncio de Vox para desincentivar el aborto en Castilla y León, y advirtió que no están dispuestos a "tragar con cualquier cosa". "Es perfectamente compatible una política de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer", insistía el político vasco.

"El PP no respalda las medidas anunciadas por Vox", insisten fuentes de la dirección nacional, donde recalcan que "se actuará con el mismo protocolo que se está actuando hasta el momento", sin tocar las obligaciones de los médicos que prestan asistencia a mujeres embarazadas. Otras voces del PP tachan, incluso, de "barbaridad" el discurso que pronunció este jueves Juan García-Gallardo, e insisten en que las medidas en las que trabaja la Junta de Castilla y León no tienen nada que ver con el aborto.

En cualquier caso, el asunto amenaza con abrir una nueva brecha en el ejecutivo regional. Fuentes regionales del PP reiteran que el protocolo aprobado este jueves entrará en vigor. En resumen: PP y Vox están de acuerdo en el plan de fomento de la natalidad aprobado en Consejo de Gobierno, pero difieren en el relato. Mientras el PP insiste en que para nada afectará a la libertad de las mujeres para interrumpir libremente su embarazo, Vox defiende que ayudará a frenar la tasa de abortos en Castilla y León.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, contribuyó a echar más leña al fuego defendiendo a Juan García-Gallardo, aunque matizó las palabras del vicepresidente regional y recalcó que lo anunciado "no es una obligación" para los médicos, sino que únicamente "se dará el derecho a las madres de poder escuchar al latido de la vida que llevan dentro". En el PP no dan crédito a la polémica, e insisten en que la monitorización del latido fetal es una práctica habitual en todos los procesos de gestación.

El Gobierno lanza la polémica contra Feijóo

Las fuentes del PP consultadas lo circunscriben todo a una controversia fabricada por Vox para "calar en sus votantes" y vender su agenda ideológica en la esfera nacional. El plan de natalidad, inciden, sólo busca que el proceso de gestación cuente con "más y mejores garantías", y no obligar a los médicos a que ofrezcan ecografías 4D y escuchar los latidos del feto a mujeres que hayan manifestado su voluntad de abortar. En cualquier caso, los de Santiago Abascal han conseguido arrastrar a los populares de nuevo al debate del aborto, un tema espinoso para Génova, que no tiene un criterio unánime sobre esta cuestión.

El Gobierno, por su parte, ha tratado de saca rédito de la polémica. Además de anunciar un posible recurso contra el plan de natalidad de Mañueco, sino que acusan a Feijóo de "permitir" un "recorte hacia los derechos de las mujeres" por unas medidas "absolutamente vergonzosas y bochornosas porque atentan claramente contra la igualdad de derechos y, sobre todo, a la igualdad de la mujer".