Malestar en el PP por la "trampa" de Vox con el debate del aborto en Castilla y León

No es un secreto que Vox quiere colocar en la agenda política su discurso "provida", más en el contexto preelectoral actual. Y Castilla y León es su escaparate predilecto para llevar a la práctica esta y otras medidas de su programa electoral. Juan García-Gallardo no ha bajado de la ola de la polémica prácticamente desde que se estrenó en el cargo de vicepresidente, pero esta semana no solo ha logrado arrastrar a Alfonso Fernández Mañueco, sino a todo el PP. El debate del aborto ha vuelto a primera plana después de que el dirigente de la formación ultraconservadora asegurase en rueda de prensa haber pactado con los populares medidas para coaccionar a mujeres con intención de interrumpir su embarazo. El PP, por su parte, insiste en que el plan no va más allá de un puñado de medidas para "fomentar la natalidad" y que el proceso de gestación se desarrolle con máximas garantías.

Diferentes voces de los populares, tanto a nivel regional como nacional, creen que Vox no solo ha logrado colocar su discurso, sino también tender una "trampa" a Alberto Núñez Feijóo. El PP se ha enfangado de nuevo en un debate en el que hace tiempo que se mueve con dificultad por las distintas sensibilidades que existen en el partido sobre el aborto. El origen de la última gran polémica en Castilla y León comenzó el jueves, cuando García-Gallardo compareció en rueda de prensa para anunciar los nuevos acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno de promoción de medidas sanitarias relacionadas con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias.

TE PUEDE INTERESAR

Mañueco niega que sus medidas sean antiaborto y recalca su voluntariedad

EFE

El plan regional, que parte del acuerdo de coalición que firmaron PP y Vox, incluye la elaboración de un "protocolo de latido fetal" que vaya más allá de las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que sugiere realizar tres ecografías durante el embarazo a partir de la sexta semana de gestación para que, en "situaciones específicas", esta exploración pueda llevarse a cabo con mayor frecuencia y ofrecer un mayor seguimiento de "problemas fetales" para la madre y el bebé. El proyecto incluye, también, promover el "acceso a la ecografía 4D a mujeres gestantes" para "una mejor visualización del feto", una medida que permite "la detección más precoz de las cardiopatías congénitas".

El PP insiste en que el documento elaborado en la Junta de Castilla y León sigue la línea de otras medidas en favor de la natalidad que se han adoptado en otros gobiernos populares. El problema llegó cuando Juan García-Gallardo, que compagina la cartera de vicepresidente con la de portavoz regional, compareció ante los medios para explicar el paquete de medidas, que orientó directamente a las mujeres que hubiesen expresado su voluntad de poner fin a su embarazo. El dirigente aseguró que el Ejecutivo autonómico obligaría a los médicos a ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido del feto y ver una ecografía 4D, con el objetivo de disuadirlas de su decisión. "Si conseguimos salvar una única vida, todo habrá valido la pena", resumió.

Ahí empezó la tormenta para el PP, que emitió una serie de mensajes contradictorios en los que no terminaba de aclarar su postura. En un primer momento, la Junta respaldó las palabras de Gallardo, asegurando que "no hay nada malo en que a una mujer se le ofrezca la posibilidad de escuchar el latido del feto", una posibilidad que no resulta "ni coactiva, ni intimidatoria". Con el paso de las horas, la polémica creció y llegó a la arena nacional, momento en que los populares de Castilla y León desautorizaron al vicepresidente regional y señalaron que no habría cambios en los protocolos sanitarios regionales. Mucho menos con medidas antiabortivas. En última instancia, el PP dio la espalda al discurso del dirigente de Vox, pero reconociendo que elaboraría un nuevo protocolo que, insisten, no implica obligaciones de ningún tipo para los médicos ni está orientado a mujeres que decidan abortar, sino a todas las embarazadas.

Frente a las dudas y a las contradicciones del PP en la Junta, la dirección de Génova fue tajante al respecto y rechazó de inmediato la propuesta de coaccionar a las mujeres que quisieran abortar. "Es perfectamente compatible una política de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer", concluyó Borja Sémper, nuevo portavoz de campaña en la dirección del partido. Otras fuentes de la cúpula consultadas por El Confidencial se mostraban también muy reticentes al respecto, rechazando de plano el discurso antiabortista de Vox. "Se actuará con el mismo protocolo que se está actuando hasta el momento", reiteraban, recordando que la técnica de identificación del latido fetal es un protocolo habitual en el proceso de gestación.

TE PUEDE INTERESAR

El PP espera que prospere su recurso contra el aborto ante el Tribunal Constitucional

EFE

"Es inexplicable y es infantil", aseguran en las filas de los populares castellanos y leoneses, en alusión al discurso de García-Gallardo. La conclusión final que sacan de la polémica es que Vox quiso llevar "al terreno ideológico" unas propuestas dirigidas a todas las mujeres, arrastrando con ello al PP, de nuevo, al debate del aborto, y creando un caldo de cultivo que el Gobierno aprovechó para atacar a Feijóo por "permitir" un "recorte de los derechos de las mujeres" gracias a sus pactos con la ultraderecha. Otras fuentes vinculan la polémica al "deseo" de García-Gallardo por ganar "peso orgánico" dentro de Vox con propuestas que le hacen ganar enteros ante su electorado y que promulga la dirección nacional del partido. "No quieren que su único vicepresidente parezca un jarrón chino", resumen.

En cualquier caso, el foco de la polémica ha vuelto a situarse de lleno sobre Alberto Núñez Feijóo, que ya se enfrentó a un debate similar cuando Isabel Díaz Ayuso aseguró en una entrevista que las mujeres de 16 o 17 años pudiesen abortar sin necesidad de consentimiento paterno, en contra del criterio fijado por Génova para este asunto. La nueva dirección nacional evita fijar una postura clara sobre la nueva ley del aborto, al menos hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que el PP presentó hace ya casi trece años contra la normativa que impulsó en su día José Luis Rodríguez Zapatero, y que Mariano Rajoy no derogó cuando tuvo oportunidad con mayoría absoluta.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Vox aborta antes de concebirse

Graciano Palomo

Feijóo esperará a que la Justicia se pronuncie, una decisión que corresponderá a la nueva cúpula del TC, donde impera ahora una mayoría del bloque progresista. Reconocen en Génova que es un asunto "muy complejo" y "sensible" donde existen "distintas opiniones" desde hace años. En 2014, Alberto Ruiz-Gallardón presentó su dimisión por la negativa de Mariano Rajoy a derogar la ley de plazos pese a contar con mayoría absoluta en el Congreso. Pablo Casado moduló también su postura y pasó de defender la ley de supuestos en 2019 a esquivar el debate dos años después. Pocos dirigentes del PP se han posicionado de una manera clara desde entonces, aunque hay excepciones. José Luis Martínez-Almeida, por ejemplo, abogó hace un año por "volver" a la ley de 1985 y derogar la de plazos.

La directriz de Génova de no abordar este debate —Feijóo aboga por reservar todos los tiros al Gobierno y no abrir heridas internas— no llega a la Puerta del Sol. Este mismo viernes, y en plena polémica por lo sucedido en Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso anunció que pondría en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada en la Comunidad de Madrid porque, a su juicio, a las mujeres jóvenes se les está "hurtando información sobre las consecuencias del aborto". "Aunque la izquierda piense que no, son las mujeres quienes deben libremente decidir qué información desean recibir", agitó la madrileña.