El Gobierno retorna al 'pecado original': UP presiona al PSOE con el impuesto a los ricos

El Gobierno ha vuelto este miércoles al 'pecado original', al punto de partida del pacto de coalición. A una propuesta que el PSOE no quiso incluir en el pacto con sus socios de Unidas Podemos y que hace solo tres meses tumbó en el Congreso. Pero el anuncio de Andalucía de que suprimía el gravamen sobre el patrimonio ha obligado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a mover ficha y abrió ayer la puerta a un impuesto a las grandes fortunas. Y de esa forma resucitó uno de los fantasmas del Ejecutivo.

Desde hace años, Podemos e Izquierda Unida han abogado por aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas; también lo han hecho después de crear Unidas Podemos y tras su desembarco en la Moncloa. Era un fantasma. Lo afirman, porque el PSOE nunca quiso hacer corpóreo un impuesto a los más ricos. Hoy, han recibido con sorpresa que los socialistas, que rechazaron abrir este melón (como en su día los impuestos a la banca o a las energéticas, o el ingreso mínimo vital), haya acogido esta propuesta en el contexto actual.

Aprovechando la ofensiva fiscal de Andalucía con la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio, en la línea de la Comunidad de Madrid, y la batalla anunciada por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, desde el Gobierno central amagan por resucitar un aumento de la presión impositiva que, hasta la fecha, han dejado fuera de la negociación de los presupuestos para 2023. Aluden al temor al 'dumping' fiscal, a la competencia a la baja que desmiembre el país, con la creación de "paraísos" en algunas comunidades autónomas.

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Unidas Podemos se queja de que lleva semanas recibiendo negativas a todas sus iniciativas de cara a la negociación presupuestaria, incluidas las relacionadas con fiscalidad. De hecho, ni siquiera han desglosado su propuesta actualizada del impuesto a las grandes fortunas; tampoco sobre la subida del IRPF o los avances en el impuesto de sociedades.

"Nuestra propuesta es nítida en esa dirección", aseguraba este miércoles la líder de Podemos, Ione Belarra, ante los micrófonos de Onda Cero. "Es opuesta", apuntaba, a la línea adoptada por el PP, que se traduce en "brutales recortes de los servicios públicos", la "cara B" de esas bajadas de impuestos "a los ricos".

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En el Gobierno, se han servido de la iniciativa de Juan Manuel Moreno para resucitar este debate, en línea con la estrategia de la Moncloa de retratar al PP como un partido al servicio de las élites económicas. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha querido concretar cómo se materializará ese aumento de presión fiscal, si supondrá la creación de un nuevo tipo impositivo o cuándo se ejecutará.

De momento, el Ejecutivo ha dado pistas. En el marco actual, sometidos a la incertidumbre de la invasión rusa de Ucrania, sostienen que toca hacer que quienes tienen mayor poder adquisitivo contribuyan más y que esto podría producirse antes de finales de año.

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El Gobierno, según la ministra de Hacienda, sigue "explorando" opciones: "Lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas". "Tenemos que pedirles un mayor esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media, a la clase trabajadora de este país. Y eso lo haremos", apostillaba.

El socio minoritario, por su parte, esgrimía que cuentan con su apoyo, sin dejar de recordar que el PSOE tumbó su proposición de ley para crear una nueva figura impositiva para las fortunas que superasen los 10 millones de euros. En el Congreso, el Partido Socialista defendió que se trataba de una iniciativa "no consensuada" de "dudosa efectividad". Esto ocurrió un mes antes del giro a la izquierda anunciado por Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación, solo un par de semanas después del batacazo de la izquierda en las elecciones andaluzas.

El miércoles, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, celebró este giro y mostró "esperanza" por que el PSOE cambie también de opinión en lo que se refiere a su tope temporal a la subida de las hipotecas de tipo variable. La hemeroteca está llena de ejemplos sobre cómo los socialistas y su líder, Pedro Sánchez, han abogado por incrementar la presión fiscal sobre los que más tienen, pero también de cómo se han opuesto a las propuestas de Unidas Podemos en este sentido. De hecho, hay dirigentes de este espacio político que hoy criticaban que sus socios hayan tenido que esperar hasta que el PP perdonase 120 millones de euros a las 17.000 personas más ricas en Andalucía para decidirse a actuar.

Montero remitirá una propuesta sobre financiación autonómica nueve meses después

Por otro lado, Montero deslizó el miércoles que en unos días trasladará a las comunidades autónomas una propuesta de mínimos para intentar abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. El problema es que esta iniciativa es, en esencia, la respuesta a las alegaciones que los propios territorios transmitieron a Hacienda en enero, aseguran fuentes autonómicas. Los gobiernos regionales respondieron hace nueve meses a la propuesta que les planteó Hacienda en diciembre de 2021, y desde entonces aseguran no haber tenido más comunicación sobre esta materia por parte del ministerio.

Lo que Montero describe como un cambio difícil, porque requiere de una ley orgánica, y, por tanto, de mayoría absoluta en el Parlamento, para algunas comunidades es en realidad complicado porque hasta ahora el ministerio solo se ha pronunciado sobre una de las variables a tener en cuenta a la hora de calcular la financiación. Le reprochan que señale al PP como el elemento de la discordia que impide un posible acuerdo, cuando es Hacienda quien debería hacer una propuesta global. "No se puede empezar a negociar sobre un papel en blanco", apuntan.

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El diagnóstico entre comunidades gobernadas por distintos signos políticos es claro: Hacienda hace este movimiento para escenificar que quiere abrir un debate que, en realidad, no le interesa, y menos en año electoral. "Quieren dejarlo en vía muerta y echarles la culpa a las comunidades autónomas", resumen.

En concreto, el documento remitido en diciembre por el PSOE versaba únicamente sobre la variable de población ajustada (la parte que se reparte por población en función de aspectos como el envejecimiento, la dispersión poblacional o la calidad de los servicios sanitarios). En la propuesta que responde a las comunidades, pendiente desde enero, no se espera que traten materias como los fondos complementarios, la distribución de tributos o el reparto de los fondos del Estado.

Por no hablar de que la ley de financiación tiene ya 13 años, y desde entonces las comunidades autónomas han afrontado la pandemia, el incremento de la esperanza de vida o las bajadas en las ratios educativas. Ahora, el Gobierno promete una nueva propuesta de mínimos, pero se cura en salud asegurando que es difícil modificar el sistema de financiación en un año.