Unidas Podemos presiona para crear un impuesto de solidaridad a grandes fortunas

El sector de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición ha defendido la necesidad de crear un impuesto extraordinario y "solidario" a las grandes fortunas para contribuir a que el Estado haga frente a las consecuencias sociales y económicas de la crisis del coronavirus "sin dejar a nadie atrás". La propuesta todavía no se ha debatido en profundidad y no parece que sea ahora mismo una prioridad para el Ejecutivo, aunque los morados sí lo consideran imprescindible a medio plazo para seguir construyendo lo que denominan un "escudo social".

El programa de gobierno consensuado entre PSOE y Unidas Podemos incluía la propuesta de estudiar "la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo", aunque sin concretar ni determinar su alcance. Sí se hacía en el programa electoral de Unidas Podemos, cuyo fin era recaudar el 1% del PIB aplicándose a los patrimonios superiores a un millón de euros de forma progresiva. Según recogía el programa, tendría "un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los 1.000 patrimonios más altos del país".

A las medidas económicas y sociales adoptadas hasta ahora para paliar los efectos de la crisis en trabajadores, familias y empresas, se prevé añadir otras nuevas en las próximas sesiones del Consejo de Ministros, como la implantación de una renta mínima para aquellas personas que no pueden acogerse al paquete de ayudas que ya está en marcha. Se trataría de una ayuda para personas con bajos ingresos, una forma de ingreso mínimo para proteger a quienes tienen rentas bajas o hayan visto sus rentas reducidas por la crisis del coronavirus. "El principal objetivo es garantizar un ingreso suficiente a todas las personas que lo necesiten durante y tras la crisis del Covid-19", explican fuentes del Ejecutivo.

Las medidas previstas para aliviar las obligaciones en el pago de los alquileres también tendrán un elevado coste para el Estado. La propuesta contempla compensaciones económicas para los arrendadores que podrían llegar hasta el 100%. Esto es, se plantean compensaciones progresivas en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que tenga el arrendador en el mercado de alquiler. En el caso de quienes tengan hasta dos inmuebles en alquiler, la compensación será del 100% de la cuantía, mientras que los que posean más de ocho inmuebles recibirán un 5%. Los beneficiarios serían aquellas personas que a raíz de esta crisis no puedan hacer frente a este pago "por pérdida de empleo, reducción de jornada, ERTE o por deberes de cuidado", así como autónomos y pymes que hayan sufrido una caída sustancial de sus ingresos.

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El debate en el seno del Gobierno continúa respecto a la ampliación del denominado "escudo social" frente al coronavirus, reproduciéndose las distintas posiciones que ya se expresaron desde el inicio de esta crisis en relación con la aprobación de las medidas económicas y sociales. Esto es, los que promulgan políticas expansivas y los que defienden una contención del déficit presupuestario. Entre los primeros, se encuentran Pablo Iglesias, junto al resto de ministros morados, o los socialistas José Luis Escrivá (Seguridad Social), Margarita Robles (Defensa), José Luis Ábalos (Transportes) y Reyes Maroto (Industria), mientras que el segundo bloque lo encabezan la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una transversalidad alejada de bloques partidistas que se ha dejado notar también entre economistas provenientes de escuelas diferentes para hacer frente a la crisis del coronavirus.

En la única intervención pública que ha realizado durante esta crisis el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, aprovechó no solo para explicar las medidas que está desarrollando su departamento sino principalmente para una reflexión general sobre cómo entiende Unidas Podemos que se debe salir de esta crisis. Esto es, a través de la expansión monetaria con un incremento hasta donde sea necesario del gasto público, enterrando "los dogmas de la austeridad fiscal". Frente a los que apuestan por recetas que priorizan el déficit público, espetó después de que un sector de Ejecutivo encabezado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se resistiese a medidas que afecten a la deuda, "hay que priorizar el empleo y la económica de los hogares".

Una suerte de 'new deal' frente a lo que consideró no solo una crisis sanitaria sino también económica y social. En definitiva, una salida que justamente vaya por el camino contario al que se siguió tras la crisis de 2008, según especificó. "Debemos salir de la manera opuesta, utilizando los resortes y mecanismos del Estado para proteger a los trabajadores", aseguró, para añadir que "tenemos que aprender de aquella experiencia [crisis de Lehman Brothers] y apostar por reforzar de cara al futuro los servicios públicos, porque son el único cordón de seguridad".