Calviño pide una semana más para estudiar las medidas sobre renta mínima y alquileres

Las ayudas destinadas al pago de los alquileres y la implantación de una renta mínima para los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus no se aprobarán en el Consejo de Ministros de este martes. El debate en el seno del Gobierno de coalición sobre las principales medidas que ha puesto sobre la mesa el sector del Ejecutivo que apuesta por políticas expansionistas, para crear lo que denominan un "escudo social", se prolongará hasta el siguiente Consejo de Ministros. Una semana o cuatro días si se celebra un Consejo de Ministros extraordinario este viernes, como se está planeando para poder aprobar estas medidas cuanto antes. Durante los últimos días se avanzó en el desarrollo de estas dos medidas —alquileres y renta mínima—, pero no lo suficiente como para poder aprobarlas de manera inmediata. Las posiciones todavía están alejadas, según reconocen fuentes conocedoras de las negociaciones.

La tarde de este lunes se celebró un último encuentro centrado en la moratoria del pago de los alquileres, con propuestas de la vicepresidencia segunda, que lidera Pablo Iglesias, y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, pero tanto desde la vicepresidencia económica de Nadia Calviño como del Ministerio de Hacienda, al frente del cual está María Jesús Montero, pidieron más tiempo para estudiar la propuesta y diseñarla de la mejor forma posible.

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Su objetivo, según trasladaron estos últimos departamentos, es que las medidas que se pongan en marcha estén bien diseñadas para responder de forma efectiva a las necesidades sociales y sin generar otros posibles efectos secundarios. "Estamos trabajando con el resto de ministerios por ver si hay que adoptar medidas para colectivos vulnerables", explicaba Calviño unas horas antes durante una rueda de prensa en la Moncloa, abriéndose a "adoptar otras medidas que sean necesarias".

El propio José Luis Ábalos reconocía este lunes en rueda de prensa que las medidas que se adopten irán en línea con la realidad del país y "ninguna se considera la última o definitiva". El debate, por tanto, sigue vivo y, según añadió preguntado por las medidas de cara a proteger a las familias con problemas económicos para hacer frente al pago de los alquileres, "estamos estudiando cómo poder ayudar a las personas que tienen que hacer frente a un alquiler y estamos debatiendo las alternativas". Asimismo, avanzó que desde su departamento se realizó una propuesta concreta y que se están estudiando las distintas alternativas.

"Necesitaremos distinguir entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores de vivienda"

No descartó, en cambio, que las ayudas para el alquiler se puedan destinar también a las viviendas, más allá de a locales y oficinas de pymes y autónomos, como se defendió desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos en un primer momento, al subrayar que "nos preocupa que nadie se quede atrás, tanto las familias como las empresas". Asimismo, añadió que cualquier medida debería estar diseñada para no afectar a los cimientos de la sociedad.

En referencia a los alquileres, sí ha habido más consenso para que, en caso de aplicarse algún tipo de moratoria en el pago, se compense desde el Estado a algunos arrendadores, según las circunstancias, con una parte importante de los ingresos que dejarían de percibir. También hay sintonía en que los supuestos de vulnerabilidad para poder acogerse a esta medida serían similares a los que establece el decreto aprobado para la moratoria de las hipotecas. Asimismo, según fuentes de las negociaciones, "necesitaremos distinguir entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores de vivienda que, en un momento como este, tienen que arrimar el hombro para que nadie se quede atrás".

La propuesta que han puesto sobre la mesa los de Pablo Iglesias consiste en suspender el pago de los alquileres mientras dure esta situación de excepcionalidad. Las diferencias se centran en si será una moratoria, como es el caso de Francia, o ayudas directas para autónomos y pymes, siguiendo la línea de Italia.

En lo referente a la creación de una renta mínima vital, el Gobierno pretende destinarla a aquellas personas que no hayan podido acogerse al primer paquete de medidas sociales aprobadas el pasado martes. No tendría por tanto un carácter universal y, además, su duración sería temporal, en función del tiempo que se prolonguen los efectos de la crisis económica como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Se trataría, según fuentes del Ejecutivo, de una forma de ingreso mínimo "para proteger a los que no tienen rentas o hayan visto sus rentas reducidas". Esta propuesta está contando con aliados de un espectro transversal, que va desde el tercer sector y colectivos sociales hasta el vicepresidente del BCE Luis de Guindos, quien ha defendido una "renta mínima de emergencia".

En este debate, están volviéndose a reproducir los bloques que durante los últimos días ya se vienen manifestando entre el sector del Ejecutivo que defiende aplicar políticas expansivas y de protección social, encabezado por José Luis Escrivá (Seguridad Social) y Pablo Iglesias (Vicepresidencia de Derechos Sociales), y el que se inclina por mantener a raya el déficit, que lideran la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La Vicepresidencia de Asuntos Económicos también se cerró a endurecer las restricciones del estado de alarma, considerando que las medidas de cierre que ha puesto en marcha el Ejecutivo son "las más fuertes de nuestro entorno" y descartando hacerlas más restrictivas para que "España no se pare". "Cuando se habla de parón total, es importante ponernos en perspectiva: para que un hospital funcione, es indudable que tienen que seguir funcionando la industria química y la farmacéutica", explicó la vicepresidenta económica, para concluir que "ya estamos en esa situación de garantizar las actividades esenciales".