El Gobierno avanza en la suspensión de los alquileres con compensación a arrendadores

El debate en el seno del Gobierno de coalición continúa de cara a seguir construyendo un "escudo social" para hacer frente a la crisis del coronavirus, con la vista puesta en medidas como suspender el pago de los alquileres o crear una renta mínima vital. En las últimas horas se han vuelto a reproducir las dos posiciones que ya se manifestaron en las últimas sesiones del Consejo de Ministros, con los defensores de las políticas expansionistas por un lado -encabezados por Pablo Iglesias y José Luis Escrivá- y los que abogan por contener el déficit -principalmente Nadia Calviño y María Jesús Montero- por el otro.

En lo referente a la creación de una renta mínima vital, el Gobierno pretende destinarla a aquellas personas que no hayan podido acogerse al primer paquete de medidas sociales aprobadas el pasado martes. No tendría por tanto un carácter universal y, además, su duración sería temporal, en función del tiempo que se prolonguen los efectos de la crisis económica como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Se trataría, según fuentes del Ejecutivo de una forma de ingreso mínimo "para proteger a los que no tienen rentas o hayan visto sus rentas reducidas".

La propuesta sobre la moratoria de los alquileres también está generando debate, pero se avanza hacia el consenso para que en caso de aplicarse se compense desde el Estado a algunos arrendadores, según las circunstancias, con una parte importante de los ingresos que dejarían de percibir. La propuesta que han puesto sobre la mesa los de Pablo Iglesias consiste en suspender el pago de los alquileres mientras dure esta situación de excepcionalidad.

Las diferencias se centran en si será una moratoria, como es el caso de Francia, o ayudas directas para autónomos y pymes, siguiendo la línea de Italia. En estos momentos se descarta que se destinen a las viviendas, como demandaba un sector del Ejecutivo, para centrarse solamente en las oficinas y locales comerciales de pymes y autónomos. Lo que sí se ha consensuado, según ha podido saber este diario de fuentes del Gobierno, es que los supuestos de vulnerabilidad para poder acogerse a este medida serían similares a los que establece el decreto aprobado para la moratoria de las hipotecas.

Desde la vicepresidencia tercera del Gobierno, señalaban a este diario que "estamos trabajando en estas y otras medidas de forma conjunta con el resto de ministerios". El objetivo, añaden, no es parar nada, "sino asegurarnos de que cualquier medida que se ponga en marcha está bien diseñadas para responder a las necesidades de forma efectiva sin generar otros efectos secundarios".

Otro de los principales asuntos que se están debatiendo de cara al Consejo de Ministros de este martes tiene que ver con la posibilidad de endurecer o no las medidas restrictivas activadas por el estado de alarma. Desde Unidas Podemos se han mostrado dispuestos a apoyar las decisiones respecto a un "cierre total" de las actividades productivas, salvo las que sean esenciales para contener la propagación del coronavirus, en línea con lo que han demandado otros grupos políticos y presidentes autonómicos.

Un extremo que, sin embargo, han descartado este mismo mediodía la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño y el ministro de Sanidad, Salvador, durante una rueda de prensa en Moncloa al considerar que "la actividad económica está suficientemente ralentizada". Según han avanzado, lo que se hará será "reorientar" la producción industrial para fabricar "material prioritario". La responsable económica del Gobierno ha señalado que las medidas de cierre que ha puesto en marcha el Ejecutivo son "las más fuertes de nuestro entorno" y, por el momento, descarta endurecerlas para que "España no se pare".

La ampliación del denominado "escudo social" frente a esta crisis sanitaria con consecuencias sociales y económicas cuyo alcance todavía está por medir, sigue los pasos de otros países de nuestro entorno. Asimismo, en lo que respecta a extender a los alquileres la moratoria que ya se estableció para el pago de las hipotecas y a implantar una renta mínima vital son cuestiones que se han reclamado de forma transversal como es el líder del PP Pablo Casado, que reclama una moratoria de los alquileres, o el vicepresidente del BCE Luis de Guindos, quien ha defendido una "renta mínima de emergencia".