El Gobierno amaga con una contraofensiva fiscal para evitar que los ricos se refugien en las CCAA del PP

El Gobierno amaga estos días con una contraofensiva fiscal para evitar que los ricos se refugien en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, después que saltaran todas sus alarmas con la supresión del impuesto de patrimonio por parte del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en línea con la estrategia de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abría este miércoles la puerta a incrementar la presión fiscal sobre "los que más tienen", como el martes sugerían también fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno, según la ministra de Hacienda, sigue "explorando ámbitos en donde se le pida mayor esfuerzo a aquellos que más tienen"; "lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas", apostillaba. "Tenemos que pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media, a la clase trabajadora de este país. Y eso lo haremos", zanjaba.

En la misma línea, en los pasillos del Congreso de los Diputados, Montero no concretaba cómo articularían este aumento de presión fiscal, o si supondría la creación de nuevas figuras. Tampoco si tendría encaje en el marco de la negociación de los presupuestos para 2023. Sí insistía, en varias ocasiones, y con distintas fórmulas dialécticas, en que es "un buen momento" para "pedir un mayor esfuerzo a las grandes fortunas, a las energéticas, a la banca, a las eléctricas; en definitiva, a los que están teniendo un mejor resultado, o tienen más capacidad económica en detrimento de la clase media".

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Sin embargo, hace apenas tres meses, el propio PSOE tumbó en el Congreso la proposición de ley de Unidas Podemos para establecer un impuesto a las grandes fortunas; como ocurriera con el aumento de presión fiscal a las energéticas o a la banca, hasta hoy el Partido Socialista se había negado a contemplar esta opción. En Unidas Podemos no concretan avances en esta materia: sin lugar a dudas, apoyarían incrementar la presión fiscal sobre los más ricos, pero temen que todo se trate de un esfuerzo discursivo del PSOE, y que no exista una voluntad real de actuar.

Carlos Sánchez Mato, responsable de Elaboración Programática en Izquierda Unida, celebraba las palabras de Montero, pero animaba a "rematar". "Si el PSOE quiere, las grandes fortunas tendrán que contribuir mucho más, tal y como llevamos reclamando desde Unidas Podemos. Es parte esencial para que haya justicia fiscal", argumentaba en su perfil de Twitter.

Por un lado, el anuncio de su voluntad de hacer pagar más a las grandes fortunas va en línea del giro discursivo del Gobierno, centrado estos días en venderse como guardián de los intereses de las clases medias, y en retratar al PP como un partido rendido a los designios de las élites económicas. Es en este contexto en el que se encuadra el esfuerzo de la Moncloa por desgastar al Partido Popular a cuenta de la decisión de Moreno —"Si nos dejan la pelota botando, la cogemos"—, pero, además, existe una seria preocupación por que las comunidades compitan entre sí a la baja. "Es peligroso que en un país cualquiera, pero en España especialmente, haya dirigentes autonómicos que hablen de paraísos, eso que estamos combatiendo en el nivel internacional".

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"Tenemos que evitar que se produzca un 'dumping' fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja, que deje sin contenido determinadas figuras fiscales", "se trata de elementos que no son buenos", aseguraba Montero. También criticaba que, después de eliminar impuestos, las comunidades pidan "dinero al Gobierno". "Se sacrifican 120 millones de recaudación para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para favorecer a 17.000 personas o al 0,2% de los ciudadanos de Andalucía", apuntaba.

En la línea, Montero ha rechazado que el Ejecutivo contemple una "centralización" fiscal como la que defendió el martes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y ha incidido en que lo que plantean es la "armonización" de determinadas figuras fiscales, pero sin "dejar sin sentido" las capacidades de las comunidades autónomas en materia de impuestos. Se trata de evitar "una práctica eliminación de figuras fiscales que arrastren a otros territorios", y por eso abordan este debate en el marco de la reforma de la financiación autonómica.

Hacienda prevé remitir en unos días una nueva propuesta de mínimos a las comunidades autónomas, si bien, al tratarse de una ley orgánica, son los partidos con representación en el Congreso los que deciden en última instancia. Montero, que se describía como "incombustible al desaliento", abogaba así por intentar sacar a los territorios de sus posiciones de "máximos", "que no permiten avanzar en las reformas", antes de que acabe la legislatura. Distintas fuentes del Gobierno, sin embargo, reconocen que la reforma de la financiación autonómica es hoy prácticamente imposible, máxime teniendo en cuenta la distancia abismal que separa a PSOE y PP.