El Gobierno se desmarca de la idea de Escrivá sobre fiscalidad y abre fuego contra Moreno Bonilla

El Gobierno ha querido sortear este martes el charco abierto por las palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que hoy ha defendido la centralización fiscal. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha circunscrito estas palabras a la "opinión personal" de Escrivá, que él mismo enmarcó como tal, y ha incidido en que el Ejecutivo no trabaja en esa línea, que ya le ha granjeado críticas de sus socios parlamentarios

"El trabajo del Gobierno es abordar cualquier avance en fiscalidad", decía, siempre "de la mano" del debate sobre la financiación autonómica: "Es en ese contexto donde ha de producirse ese debate, es donde lo trabaja la ministra de Hacienda, en el marco del reconocimiento del estado autonómico y del título octavo de la Constitución Española", aseveraba Rodríguez, incidiendo en que, "si hay una cuestión de Estado, es esta". "Esa es la posición del Gobierno", apostillaba.

Fuentes del Gobierno niegan que las palabras de Escrivá hayan abierto un nuevo frente al Ejecutivo, y las encuadran, como hacía Rodríguez, en la expresión de ideas que el titular de Seguridad Social ya había expresado previamente, y que no representan la voluntad del Gobierno. Lo que sí quieren abordar, como reconocía la ministra portavoz, es la supresión del impuesto de patrimonio aprobada por el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla: primero, porque entienden que la "mayoría social" a la que se dirigen no tiene ingresos suficientes para poder pagar este impuesto y, además, porque están convencidos de que la mayoría de quienes tienen patrimonios de "más de 700.000 euros" quieren pagar más impuestos.

Y segundo, porque, según Rodríguez, esta medida que sigue la estela de la Comunidad de Madrid les sirve para representar las diferencias entre los "los dos modelos" que defienden el Ejecutivo y el principal partido de la oposición, para "despejar dudas" sobre "qué intereses defiende" el Partido Popular. El de Pedro Sánchez, sostenía, pasa por reducir impuestos "que nos afectan al 99% de los españoles", mientras que el del PP está destinado a "una minoría".

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La ministra portavoz ha asegurado que "el 99% de los ciudadanos" no están "entre los elegidos" que tienen patrimonios de más de un millón de euros (algo más de 17.000 andaluces), y que dejarán de aportar a las arcas públicas más de 100 millones de euros al año. "El Gobierno andaluz va a dejar de recaudar millones de euros por eliminar o regalar este impuesto a los más ricos, eso se traduce en menos recursos para las comunidades autónomas"; "Los recursos de las comunidades autónomas no están para forrarse, Moreno Bonilla", apostillaba, parafraseando al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"Nos gusta este debate", apostillaban fuentes de la Moncloa. Desde el Gobierno, pero también desde Ferraz, se servirán de este movimiento de Moreno Bonilla, pensado para atraer inversores a Andalucía, para desgastar al PP, profundizando así en su estrategia de retratar al partido de Feijóo como una fuerza plegada a los intereses de las élites económicas. Quieren aterrizarlo con ejemplos, mostrar en qué se traduce en el día a día de los ciudadanos dejar de recaudar 100 millones de euros.

Prueba de esta estrategia se ha producido en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, donde la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sacado a colación la política fiscal del presidente andaluz cuando el portavoz popular, Javier Maroto, le había interpelado por la tasa energética europea. "Me produce una profunda emoción oír al PP hablar de gravar el beneficio extraordinario a las empresas energéticas", ha subrayado, para unirlo después al argumento de que esta medida "no se parece" a la decisión de eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía.

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Ha sido un balón de oxígeno después de que Escrivá agitara el avispero de la financiación económica o de que el socio minoritario del Ejecutivo subiera estos días el tono de sus reproches y acusaciones contra sus socios, con los ministros socialistas intentando templar. Llegan a una semana clave para la negociación presupuestaria con sus socios acusándoles de ignorar sus reclamaciones, bloqueando así la negociación de los presupuestos; o amenazando con tumbar por primera vez una ley de la coalición en el Congreso.

Hoy, el Gobierno restaba peso a estas polémicas, y hasta a las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page —"No ha estado acertado", reconocían—, para centrarse en el impuesto de patrimonio de Moreno. En el camino, celebraban la aprobación del real decreto ley que reduce el IVA del gas del 21% al 5% hasta enero, o sacaban pecho por esos 172 millones destinados a reforzar la Sanidad. Lo que más les interesaba hoy era retratar al PP como el gran valedor de las grandes fortunas, y dejaban claro que van a aprovechar esta oportunidad.