Escrivá rompe la estrategia del PSOE y habla de centralizar impuestos pese al veto de la Moncloa

El famoso “me alegro de que me haga esa pregunta” podría explicar la última polémica protagonizada por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. No es la primera vez que sus declaraciones entran en colisión con las propuestas de otros compañeros de gabinete o con la línea marcada por la Moncloa. Pero ayer el “verso suelto” fue un paso más allá durante la entrevista que Carlos Alsina le hizo en Onda Cero. Fue él mismo el que planteó la pregunta sobre los impuestos autonómicos que ha vuelto a sublevar al Consejo de ministros, pese a que, según han manifestado fuentes gubernamentales a El Confidencial, se había “prohibido expresamente” hablar o abrir un debate sobre la "recentralización" de tasas.

La advertencia era parte de la estrategia marcada por el Ejecutivo. El argumentario para los diferentes departamentos había fijado cómo se rebatiría el anuncio del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, de eliminar el impuesto de Patrimonio. En Hacienda tenían claras las directrices. El PP lleva a cabo políticas fiscales para ricos, que como en el caso andaluz, solamente benefician al 0,2 por ciento de la población, frente al Gobierno, que toma medidas para la clase trabajadora como los impuestos a la banca o las eléctricas. Nada diferente de la línea marcada por Pedro Sánchez desde el Debate del Estado de la Nación para atraer el voto de la izquierda.

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El "cabreo” en la Moncloa fue mayúsculo al escuchar a Escrivá su defensa de “centralizar” los impuestos de las comunidades autónomas en el Estado. Fue el propio titular de la Seguridad social el que se puso el toro en suerte. “Pensé que me iba a preguntar por el impuesto de Patrimonio en Andalucía”, decía al ser interrogado por otro tema. “Me lo he preparado”, insistía, para afirmar que estaba en contra de que los territorios se dedicasen a competir fiscalmente unos con otras. Entonces, el entrevistador le preguntó de forma directa si está a favor de centralizar en el Estado los impuestos transferidos a las autonomías. Escrivá no vaciló: “Sí”. En su explicación, el ministro apostilló que se trata de una “opinión personal”, quizás consciente de que la postura que le había marcado el Ejecutivo era opuesta.

La declaración era un golpe a los socios de investidura. Nacionalistas catalanes, vascos y valencianos rechazan la recentralización de impuestos con la misma o mayor vehemencia que la supresión de la tasa de Patrimonio que aprobará el PP. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, insistía en el carácter “personal” de lo dicho por Escrivá y se ceñía al argumentario de ataque a los populares. “Va a dejar de recaudar millones de euros por regalar este impuesto a los más ricos, a los que tienen mayor patrimonio, y eso se traduce en menos recursos para las comunidades autónomas y no están para forrarse, como diría Feijóo”, declaró.

Oficialmente, se insiste en el rechazo a “recentralizar” impuestos y se aclara que la propuesta que sigue sobre la mesa es una “armonización fiscal” dentro de un nuevo modelo de financiación autonómica que, según fuentes del ministerio implicado, podría presentarse antes de que acabe 2023. La promesa de Sánchez es que se plantearía antes del fin de la legislatura, pero hay pocos avances y se da por hecho que no contaría con el respaldo de varias comunidades. Presidentes del PP ya avanzaron cuando se sondeó hace meses sobre intervenir las tasas de las regiones que acudiría a los tribunales si María Jesús Montero les obligaba a cobrar más a sus ciudadanos. Los populares apelan a la libre competencia entre los territorios.

En el caso de los barones socialistas hay “perplejidad” por abrir este melón en plena precampaña de las municipales y autonómicas. En líneas generales, existe consenso en que “no puede ser que nos peleemos hasta por dónde se muere”, afirma un líder de la formación, pero tampoco devolver la recaudación de impuestos al Estado. El presidente de Aragón, Javier Lamban, apostaba ayer por el “sentido común” para no crear grandes desigualdades entre territorios, aunque respetando los estatutos de autonomía. En la actual coyuntura económica, los socialistas temen que cale el mensaje de que la derecha es la que baja los impuestos. Tanto Juanma Moreno como Isabel Díaz Ayuso han arrasado en sus elecciones prometiendo rebajar al límite la carga impositiva.

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No es la primera vez que Escrivá solivianta a sus compañeras del ala económica de la Moncloa. Mientras que Nadia Calviño y María Jesús Montero tienen una relación cercana tanto en lo profesional como en lo personal, el ministro no se relaciona con buena parte de sus compañeros de la bancada azul. Los que le tratan a diario achacan su dificultad para empatizar en que “se considera superior intelectualmente al resto”. A Presidencia le cuesta encontrar “voluntarios” cuándo Escrivá protagoniza algún foro.

Sánchez le ha mantenido en su gabinete pese a esta situación porque, según justifican en su entorno, “admira” su preparación y capacidad. No obstante, el núcleo duro económico lo comanda la vicepresidenta primera. Ella ha facilitado el ascenso de Sánchez en Bruselas y marca la pauta. Esto tampoco ha sido óbice para que Escrivá también la cuestione. En pleno rifirrafe con el PP por si se grava la facturación total, como propone el Ejecutivo, o los beneficios extraordinarios, como pide Feijóo y Úrsula Von der Leyen, el titular de la Seguridad social se ha decantado por los últimos. Moncloa no logra combatir la sensación de “jaula de grillos” que desgasta al Gobierno. Tras el batacazo en Andalucía, Sánchez pidió cerrar filas porque el ruido no permitía que las medidas llegasen a los ciudadanos. Cuando aún colean las batallas por el tope a los alimentos o el gasto en Defensa con Podemos, Escrivá irrumpe en el campo.