Bronca en la Audiencia Nacional por la comprobación de la salud del comisario Villarejo

La salud del comisario Villarejo ha provocado el enfrentamiento de los forenses de la Audiencia Nacional y el tribunal encargado de juzgarle en tres piezas del caso Tándem, presidido por la magistrada Ángela Murillo. El episodio ha quedado reflejado en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que los especialistas vierten sus quejas por la obligación de realizar comprobaciones periódicas de su estado de salud también en agosto, pese a las bajas en el equipo, las vacaciones y la necesidad de cubrir la guardia.

La Audiencia Nacional acordó estos controles ya en junio, después de que el policía retirado sufriera un ataque que le obligó a ausentarse de la vista oral que se sigue en su contra. El tribunal ha querido verificar cada pocos días que permanece en su domicilio durante el periodo de recuperación y el estado en que se encuentra después de dispensarle de asistencia hasta el próximo septiembre. Sin embargo, no se habían realizado los controles pretendidos, lo que provocó un nuevo requerimiento de los magistrados para que el seguimiento se llevara a cabo "a la mayor brevedad posible".

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La insistencia en los reconocimientos periódicos, dirigidos a que los forenses puedan informar de la evolución y si es factible seguir con el juicio oral, no ha sentado muy bien en el grupo de médicos adscritos a la Audiencia, según se desprende del escrito. A lo largo de cinco páginas, el especialista explica que recibió la primera orden a través de un oficio el 27 de julio. "La magistrada Ángela Murillo recordará que, con carácter previo, me llamó a su despacho para comunicarme verbalmente su orden y le manifesté que su mandamiento se llevaría a cabo siempre y cuando fuera posible porque, de los cinco médicos, tres de ellos se encuentran en situación de incapacidad temporal y, de los dos que quedan, con la finalidad de poder disfrutar de unos días de vacaciones en el mes de agosto aprovechando que es inhábil, uno quedaría la primera quincena y otro la segunda", arranca el informe.

El forense recuerda que la función esencial de ese único médico es atención de los asuntos urgentes que se le reclamen y que no provoquen que deba dejar su puesto y abandonar con ello el servicio de guardia. "Al no tratarse de un asunto de guardia, el horario para poder acudir al domicilio del señor Villarejo tendría que ser en el horario normal del juzgado y ello supondría abandonar las instalaciones para un asunto ajeno", continúa el escrito.

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El reproche sube de tono. El informe asegura que el equipo "no entiende" la motivación, dado que ya contaban con información médica suficiente sobre la patología de Villarejo para realizar una valoración. "Lo que se pretende es que se emita un informe final a día 1 de septiembre a los efectos de determinar si puede asistir al juicio", dice para añadir que bastaría con reconocerle en los días previos a la vista.

No le abrieron

A pesar de todas estas pegas, el forense firmante explica que accedió a la visita y se desplazó el 10 de agosto al domicilio del comisario. No le encontró allí. Acompañado de un guardia civil acudió a la casa situada en Boadilla del Monte y "tras preguntar a varios vecinos" llegaron al chalé por "un camino de tierra que acaba en una puerta con rejas con portero automático". "Tras llamar de manera insistente en repetidas ocasiones para que abrieran la puerta y no recibir respuesta, abandonamos el lugar", relata.

Así, sin reconocimiento directo, el médico concluye, con base en la documentación, que Villarejo no sufrió un ictus como se pensó en un inicio, sino una parálisis de origen "isquémico" que es la causa menos grave de la patología. "Se acompaña de dolor de cabeza u ocular, visión doble y caída del párpado", dice. Se está tratando con medicamentos para el dolor y un parche con pronóstico "bueno".

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"La sintomatología debería ir mejorando y no debería ser un obstáculo para el desempeño de sus actividades habituales", concluye, para añadir que no aprecia inconveniente que impida que el comisario se persone en la Audiencia Nacional para un control posterior y más cercano al mes de septiembre, cuando el tribunal quiere reanudar el juicio en su contra.

Antes de este episodio, a principios de agosto, el tribunal envió a la Policía Judicial a la casa para comprobar que Villarejo se encontraba allí. El juicio oral está solo pendiente de las conclusiones definitivas de la defensa del comisario y de los informes de las partes, y la asistencia del comisario podría ser bien presencial, bien por videoconferencia.

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Tras aquello, la defensa del comisario Villarejo ha presentado ante la AN un incidente de recusación contra los magistrados de la Sección Cuarta Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Javier Echarri, "por pérdida sobrevenida de la debida imparcialidad judicial objetiva y subjetiva", al entender que esa orden "encubre la verdadera finalidad" de "vigilar diariamente durante todo el mes de agosto el domicilio familiar del enjuiciado a distintas horas cada día".

En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó inicialmente 109 años de prisión para el policía, aunque después recortó sensiblemente su petición, dejándola en algo más de 80 años. En caso de resultar condenado, Villarejo, que se encuentra actualmente en libertad, investigado en otra treintena de piezas sobre sus trabajos, tendría que regresar a prisión para cumplir la pena impuesta.