Las defensas piden la nulidad de los audios de Villarejo y expulsar a Podemos del juicio

La Audiencia Nacional retomó este jueves el primer juicio del caso Tándem con las cuestiones previas. Tras confirmarse ocho acuerdos de conformidad entre acusados y Fiscalía Anticorrupción en la primera jornada, las defensas de otros investigados insistieron en pedir la nulidad de los audios que recogen conversaciones grabadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Según argumentaron, estos audios fueron incautados sin respetar el procedimiento señalado por el juez instructor.

El caso Tándem acumula una treintena de piezas, pero en este primer juicio, se abordan tres: el supuesto espionaje del bufete Herrero y Asociados a otro despacho de abogados (pieza Iron), la batalla de los García-Cereceda por la herencia del creador de la urbanización La Finca (pieza Land) y el encargo de los empresarios Juan y Fernando Muñoz para recuperar una deuda (pieza Pintor). La sentencia marcará un antes y un después en el caso, por lo que las defensas pelean cada palmo.

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El primero en tomar la palabra este jueves fue Antonio Tapia, el abogado del socio de Villarejo Rafael Redondo: el comisario jubilado no acudió a la sesión por tener otro asunto judicial pendiente, por lo que su letrado optó por aplazar sus alegaciones a otro día. Tapia comenzó entonces argumentando que la Audiencia Nacional no tiene competencia para enjuiciar estos hechos y pidió la nulidad de las pruebas intervenidas en soporte digital porque no cuentan con la custodia de la prueba.

Según argumentó, la orden judicial que dio luz verde a los registros en 2017 establecía que si se encontraban dispositivos informáticos debía procederse a un volcado 'in situ' de su contenido y que, de ser necesario llevárselos, debían ser precintados.Según asegura, estos requisitos no se cumplieron, por lo que los mecionados audios del comisario deben ser apartados del juicio: "Tenemos el derecho a conocer todo el procedimiento, y se nos ha privado", criticó.

Tras él, el abogado del policía Antonio Bonillo, David Macías González, quien además se representa a sí mismo al constar también como acusado, insistió en que no se pueden utilizar determinadas grabaciones policiales porque se trata de cintas en las que preparaba la defensa con sus clientes: "El señor Macías es letrado del despacho Stuart Mckenzie, no tiene que ver con Cenyt [la empresa de Villarejo], denunció.

Piden expulsar a Podemos

En tercer lugar, llegó el turno del letrado que representa a la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, quien también pidió la nulidad de la causa, pero añadiendo además otra solicitud: expulsar del juicio a la acusación popular que ejerce Unidas Podemos.

"Solicitamos la expulsión de Podemos como acusación popular por incumplimiento del principio de legalidad y el artículo 125 de la Constitución", alegó su defensa, argumentando para ello que han usado el caso de forma "electoral". "Respecto de las fianzas que consignó el partido político de Podemos para poder personarse, vamos a solicitar que sean retenidas a espera de pronunciamiento judicial sobre la procedencia de indemnizar a las personas contra las que se ha ejercitado acusación".

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Tras él, abogados de otros acusados pidieron de nuevo la nulidad de la causa, aunque una vez más, una de las defensas optó por no pronunciarse todavía: en concreto, la de otro de los principales investigados, el comisario Enrique García Castaño, cuyo letrado no pudo acudir al juicio este jueves. Junto a Villarejo y Redondo, para los que la Fiscalía solicita 109 y 115 años de cárcel respectivamente, él se enfrenta a otra de las mayores peticiones de condena: 81 años.

Las cuestiones previas de García Castaño, Villarejo y los acusados de las piezas Iron y Pintor tendrán que esperar por tanto al próximo 15 de noviembre. Pasadas las ocho de la tarde de este jueves, el tribunal dio por finalizada la vista, que no se retomará hasta dentro de un mes por falta de disponibilidad en el calendario de la Audiencia Nacional.