El primer juicio del caso Villarejo arranca con un goteo de pactos entre acusados y Fiscalía

El primer juicio del caso Tándem ha arrancado este miércoles con la confirmación de diversos acuerdos entre acusados y Fiscalía Anticorrupción. Aunque José Manuel Villarejo y los principales investigados insisten en su inocencia, nueve de las 27 personas que se sientan en el banquillo ya han pactado: a cambio de reconocer los hechos, se les rebaja la petición de pena a menos de dos años de cárcel y no entran en prisión. La Fiscalía, por su parte, consigue reforzar así su versión para acorralar al resto.

El caso Tándem acumula una treintena de piezas y, en este primer asalto, la Audiencia Nacional enjuicia tres: el supuesto espionaje a un bufete de abogados (pieza Iron), la batalla por la herencia del creador de la urbanización La Finca (pieza Land) y el encargo de los empresarios Juan y Fernando Muñoz para recuperar una deuda (pieza Pintor). La sentencia marcará un antes y un después en el caso, por lo que la Fiscalía no ha dudado en pactar con algunos de los acusados para apuntalar sus argumentos.

En el caso de la pieza Land, el acuerdo se ha cerrado con la principal accionista del grupo inmobiliario La Finca, Susana García-Cereceda; su mano derecha, Francisco Lorenzo Peñalver, y su jefe de Seguridad, David Fernández Aumente. En Pintor, con el abogado Ricardo Álvarez-Ossorio y con los empresarios Juan y Fernando Muñoz Tamara. En Iron, con el exdirectivo del bufete Álvaro Martínez y los dos máximos exponentes del mismo: los hermanos Mario y Francisco Carpintero López.

Pese a ello, las fuentes consultadas insisten en que estos acuerdos de la Fiscalía Anticorrupción no se extienden al resto de acusaciones populares y particulares personadas en el caso, por lo que la decisión final sobre los mismos queda en manos del tribunal. Si los rechaza, los nueve podrían acabar entre rejas.

Pero, a la espera de esta decisión, los pactos en principio permiten estrechar el cerco en torno a Villarejo, para el que la Fiscalía pide 109 años de cárcel. Él niega los hechos que le imputan y pretende hacer valer su estatus de abogado para interrogar a otros imputados, por lo que este miércoles incluso se presentó en la sala con una toga. Junto a él, otros dos acusados se sentaron en primera fila durante el arranque del juicio: su socio Rafael Redondo y el comisario Enrique García Castaño, quienes se enfrentan a 102 y 81 años de cárcel respectivamente. Su mujer, Gema Alcalá, para la que la Fiscalía pide otros 83 años de cárcel, optó por ocupar un asiento de la segunda fila.

Bronca entre las defensas y el tribunal

La primera jornada se ha visto, además, marcada por un rifirrafe entre las defensas y el tribunal. Con el abogado de Villarejo al frente, los letrados han denunciado una "indefensión manifiesta" por haberse incorporado a la causa informes policiales después de que la misma se enviara a juicio. Apoyándose en este razonamiento, han pedido la suspensión del juicio, pero tras un breve receso, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha echado por tierra su solicitud.

"Lo que no puede ser es que se una un informe policial extemporáneo cuando la instrucción había terminado y encima no permitir a la defensa acceder al documento al que se refiere", ha criticado el abogado del comisario jubilado, Antonio José Cabrera. El letrado apunta así a los recientes oficios en los que Asuntos Internos analiza las agendas que le fueron incautadas a Villarejo en un registro de octubre de 2020, unos diarios que las defensas pueden consultar físicamente en la sede de la Audiencia Nacional, pero cuyo contenido no se ha facilitado de forma telemática. "Es una especie de lobotomía para que no pueda recordar y defenderse", ha argumentado Cabrero.

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La Fiscalía ha intentado esquivar estas protestas diciendo que va a presentar "los testimonios acreditativos de la cadena de legalidad de esos oficios policiales que constan materialmente unidos a la investigación". En concreto, el auto que dio luz verde al registro en octubre de 2020, su correspondiente ampliación y el cotejo realizado por el letrado de la Administración de Justicia para confirmar que el contenido de los informes policiales se corresponde con los diarios incautados.

Con ambas posturas sobre la mesa, Murillo ha rechazado entonces la suspensión del juicio: "El tribunal ya les adelanta que ninguna de las peticiones de nulidad que ustedes han promovido va a prosperar", ha explicado la magistrada. De esta manera, se mantiene tanto la sesión de este miércoles como la de mañana jueves, aunque se suspende las previstas para el 27 y 28 de octubre porque otro de los abogados ha explicado que no podía acudir a las mismas. La tercera sesión se celebraría entonces el 15 de noviembre, por lo que el tribunal considera que las defensas tienen "tiempo de más para poder ir al juzgado y examinar las agendas".

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Lejos de dar por buena esta decisión, Cabrera ha insistido de nuevo en sus argumentos: "Quiero formular expresa protesta porque vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías. Lo que el fiscal va a aportar, y lo que es más grave, lo que la Sala ha unido, es un informe policial hecho fuera de la instrucción, a espaldas de las partes y sin que el...". Pero el abogado no ha podido ir más allá en su explicación al interrumpirle la propia Murillo: "La Sala no ha unido nada todavía, lo va a unir, lo va a unir".

En cualquier caso, tras una nueva deliberación, el tribunal ha terminado por atender parte de las quejas y ha rechazado que la Fiscalía incorpore ahora las diligencias con las que comenzó el caso Tándem. Sin ellas, las defensas pueden poner en duda el origen de la causa, una situación que, según ha criticado el fiscal Miguel Serrano, les genera "indefensión" a las acusaciones.

"Un linchamiento en el Oeste"

Con boina, corbata azul y gafas de sol, el propio Villarejo ha dado el pistoletazo de salida la mañana de este miércoles ante las puertas de la Audiencia: "Confío en que esto es un Estado de derecho y, por tanto, espero que no sea una Justicia folclórica. Sería como un linchamiento en el Oeste, ¿no? Creo fervientemente en la independencia de los jueces y estoy muy tranquilo", ha lanzado ante los medios poco antes de que arrancara el juicio. A partir de ahí, el patriotismo como carta de presentación.

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Sobre si utilizó los medios de la Policía Nacional para sus negocios privados, "en absoluto". Y sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, "jamás". Una vez más, Villarejo se ha pintado a sí mismo como un servidor del Estado: "No se me ha tratado como un presunto delincuente, se me ha tratado como un enemigo al que hay que aniquilar. Entonces, bueno, yo entendía que era mi obligación hacer lo que he hecho, hacer denuncias de todas las ilegalidades que estaba habiendo y, como era un sujeto molesto, en este país, cuando alguien molesta, se le aniquila, se le destruye y se utilizan instituciones tan serias como la Justicia".

Cómodo ante las cámaras, tampoco han faltado sus habituales reflexiones: "El miedo pudre por dentro y emponzoña los corazones". Reflexiones que, como también es habitual, han ido acompañadas por un dardo a su principal enemigo, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán: "Yo no he tenido miedo jamás de ningún individuo, por muy importante que fuera. Este señor tan importante, fíjese, el gran lord protector de la Corona...". Patriotismo, sí, pero sin olvidar los ajustes de cuentas.