Tres encargos menores ponen a prueba el caso Villarejo en el primer juicio de la AN
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EL COHECHO, EN EL PUNTO DE MIRA

Tres encargos menores ponen a prueba el caso Villarejo en el primer juicio de la AN

La Fiscalía pide 109 años de cárcel para el comisario. Junto a él, una treintena de acusados entre los que destacan su mujer, su socio Rafael Redondo o el comisario Enrique García Castaño

Foto: El comisario jubilado José Manuel Villarejo frente a la Audiencia Nacional el pasado marzo. (EFE)
El comisario jubilado José Manuel Villarejo frente a la Audiencia Nacional el pasado marzo. (EFE)

José Manuel Villarejo se enfrentará este miércoles al primer juicio por la investigación que ha sacudido la actualidad política y empresarial desde 2017. El llamado caso Tándem acumula una treintena de piezas, pero, en este primer asalto, la Audiencia Nacional solo enjuiciará tres de ellas de forma conjunta: el supuesto espionaje a un bufete de abogados (pieza Iron), la batalla por la herencia del creador de la urbanización La Finca (pieza Land) y el encargo de los empresarios Juan y Fernando Muñoz para recuperar una deuda (pieza Pintor). Casi cuatro años después de la detención del comisario, la sentencia marcará un antes y un después en el caso.

La Fiscalía Anticorrupción pide 109 años de cárcel para Villarejo en este primer juicio y, desde su puesta en libertad en marzo, el comisario se ha enfrascado en preparar su defensa. Junto a él, una treintena de acusados se sentarán en el banquillo, entre ellos su mujer Gema Alcalá, su socio Rafael Redondo y el comisario Enrique García Castaño, quienes se enfrentan a 86, 115 y 81 años de cárcel respectivamente. Según la Fiscalía, bajo las órdenes de Villarejo se erigió toda una "organización criminal".

Foto: Una de las exclusivas mansiones de la urbanización La Finca. (A-Cero)

Fuentes jurídicas inciden, además, en la importancia de la valoración que haga el tribunal respecto al delito de cohecho en este primer juicio. La Fiscalía incluye el mismo en dos de las tres piezas —Iron y Land— al considerar que las presuntas labores de espionaje se desarrollaron y pagaron cuando Villarejo aún seguía en activo en la Policía Nacional. En función del acusado, el Ministerio Público le achaca cohecho activo, que es el cometido por el particular que corrompe o intenta corromper al funcionario público con sus dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas, o cohecho pasivo, que es el realizado por el propio funcionario que acepta el pago o el soborno en cuestión.

Villarejo, al que se acusa de ambas modalidades, siempre ha mantenido la misma línea de defensa: fue un servidor del Estado bajo las órdenes de distintos gobiernos, con superiores que estaban al tanto de las empresas que utilizaba como paraguas para sus negocios privados. “No me arrepiento en absoluto de lo que he hecho. A pesar de que llevo casi cuatro años preso y a saber lo que me espera”, llegó a decir en enero, cuando se le enjuició por supuestas injurias, calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del CNI. Ante jueces y cámaras, su mensaje siempre ha sido el mismo: "Con la madre, con la patria, sin razón o sin ella, yo jamás voy en contra como español".

Foto: El comisario jubilado José Villarejo, a su salida de prisión este miércoles. (EFE)

Todo apunta a que a partir de este miércoles expondrá los mismos argumentos y, según señalan las fuentes consultadas, también pretende hacer valer su estatus de abogado para interrogar a otros imputados y testigos en momentos puntuales: "Es codefensor a todos los efectos", subrayan. Esta posibilidad queda a la espera de que el tribunal dé su visto bueno. En caso afirmativo, compartiría entonces protagonismo con su letrado, Antonio José Cabrera.

Pero, más allá de Villarejo, la clave pasa por las personas y empresas a las que la Fiscalía acusa de cohecho activo. En la pieza Land, el Ministerio Público se centra en la contratación del comisario por parte de los herederos del creador de la urbanización La Finca. En concreto, a través de la compañía Procisa, que habría recurrido a la empresa de Villarejo, Cenyt, para que le facilitara "información reservada" sobre terceros entre 2012 y 2014, incluidos familiares de los García-Cereceda.

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Bajo esta tesis, Anticorrupción acusa de cohecho activo a Susana García-Cereceda, principal accionista del grupo inmobiliario La Finca, y a su mano derecha, Francisco Lorenzo Peñalver, así como a las tres sociedades que conforman el grupo inmobiliario como personas jurídicas: la socimi de oficinas La Finca Global Assets, la promotora La Finca Real Estate Management y La Finca Somosaguas Golf. Para ella pide 16 años y medio de cárcel y para él otros 19, pero las fuentes consultadas avisan de que se prevén pactos entre los acusados y la Fiscalía, unos acuerdos de conformidad ante los que se reducirían las peticiones de condena en los primeros días del juicio.

En cuanto a Iron, Anticorrupción se centra en que Villarejo fue contratado por el despacho de abogados Herrero y Asociados para presuntamente espiar a Balder Ip Law, un bufete de la competencia fundado por antiguos trabajadores suyos. Una vez más, acusa de cohecho activo al despacho como persona jurídica, al accionista mayoritario, Francisco Carpintero López; a su hermano, Mario Carpintero López, y a otros tres directivos y empleados: Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno.

Foto: El excomisario José Manuel Villarejo a su salida este jueves de la Audiencia Nacional. (EFE)

Aunque los posibles pactos entre Anticorrupción y los acusados facilitarían las condenas sin entrar en el fondo, las fuentes consultadas insisten en las consecuencias que la sentencia traería consigo para el resto de piezas de Tándem. Según recuerdan, el magistrado que instruye la causa, Manuel García-Castellón, ya levantó la imputación por cohecho a Repsol, CaixaBank, Antonio Brufau e Isidre Fainé en julio, así que el primer juicio podría terminar por deshinchar este delito.

Las fuentes consultadas argumentan en este sentido que Anticorrupción tendría que replantearse las bases de su acusación y apuntan para ello a lo ocurrido este verano en la pieza que se centra en los servicios prestados por Villarejo al BBVA. Con su presidente, Francisco González, ya imputado por cohecho y revelación de secretos, el Ministerio Público le atribuyó entonces un presunto delito de administración desleal "por haber utilizado recursos" del banco "para su uso exclusivamente personal". En cualquier caso, este delito no se puede atribuir a personas jurídicas, por lo que supondría un giro de 180 grados ante las empresas a las que se investiga en Tándem.

Con el cohecho como telón de fondo, la sentencia del tribunal sobre Iron y Land resultará crucial, pero tampoco debe olvidarse la de Pintor. Sin incluir el delito de cohecho, esta pieza aborda el supuesto encargo de los hermanos Fernando y Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, para extorsionar a otro empresario y a su abogado, el exmagistrado Francisco Javier Urquía. La maniobra supuestamente pasó por conseguir un vídeo en el que "el CNI le grabó farlopeando [a Urquía]", por lo que, una vez más, queda por ver la línea de defensa. En ocasiones anteriores, la estrategia ha sido clara: extender la responsabilidad hasta las más altas instancias del Estado.

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