Interior admite pagos al 'Gordo' pero pide acotar las pesquisas para tapar sus misiones

El Ministerio del Interior ha dado un primer paso para que el comisario Enrique García Castaño, conocido como el Gordo, pueda declarar sobre el uso de fondos reservados en operaciones policiales, explican fuentes gubernamentales a El Confidencial. La decisión del Gobierno llega después de que el intructor del caso Villarejo le solicitase a finales de 2018 que permitiese a los investigados hablar de secretos oficiales, petición que enmarcó en el marco de la llamada operación Kitchen. Las fuentes consultadas apuntan en este sentido a que la respuesta de Interior llegó esta misma semana y que ya ha desclasificado parte de la información requerida, pero al mismo tiempo subrayan que el Ejecutivo ha fijado una condición antes de seguir adelante: el juez debe concretar qué información resulta necesaria para la investigación, pues existen múltiples pagos con fondos reservados al comisario y no quieren que tire de la manta más de la cuenta.

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, a cargo del conocido como caso Villarejo, planteó en 2018 la necesidad de que los investigados pudiesen declarar sobre secretos oficiales en relación a la operación Kitchen, un supuesto dispositivo policial encargado por Interior en 2013 para recuperar los documentos sensibles que se había llevado el extesorero del PP Luis Bárcenas de la sede de Génova. La solicitud llegó después de que García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) e imputado por estos hechos, pidiera ante el juez poder "declarar libremente" sin las prohibiciones impuestas tanto por la Ley de Secretos Oficiales como por la de Gastos Reservados. Cinco meses después, Interior ha dado un primer paso para atender la petición del magistrado, pero no sin antes establecer una serie de requisitos.

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Las fuentes consultadas apuntan en concreto a que la respuesta de Interior se basa en tres patas: permite desclasificar la normativa que regula el control de los fondos reservados desde 1995, exige al magistrado que limite el uso de esta información al caso Villarejo y le pide que concrete las misiones secretas y los pagos con fondos reservados que necesita conocer de cara a la instrucción. Para justificar este último punto, subrayan que García Castaño estuvo trabajando en la Comisaría General de Información desde 2005 hasta 2017, por lo que las autoridades temen que al declarar "libremente" pueda desvelar aspectos que van más allá de Kitchen y, pese a no tener trascendencia para esta investigación, supongan sacar a la luz operaciones policiales que también se encuentran bajo la Ley de Secretos Oficiales. El mensaje es claro: que hable, pero no más de la cuenta.

En su declaración del pasado enero ante el Juzgado Central de Instrucción 6, García Castaño aseguró que en la operación Kitchen se limitó a "seguir órdenes de [Eugenio] Pino", el número dos de la Policía Nacional entre 2012 y 2016. Aunque negó que la operación fuera bautizada como Kitchen, nombre que considera que fue puesto por el también investigado José Manuel Villarejo, sí confirmó que "hubo un dispositivo legal para averiguar el dinero, los fondos y los testaferros [del extesorero]", apuntando para ello a que la Policía tuvo que actuar" por la "gran alarma social creada por Barcenas". Su declaración se resumió así en que hizo "muy bien" su trabajo, lo que encajaría con la idea de que recibió un pago con cargo a los fondos reservados para llevar a cabo esta supuesta operación policial.

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De forma paralela, el Ministerio del Interior ya reconoció en diciembre la existencia de Kitchen ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata, que investiga la caja b del PP: la Dirección General de la Policía explicó en un escrito que "hasta el momento se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía así como a la Comisaría General de Información [en la que trabajaba García Castaño]", añadiendo que a la misma se sumaron "colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada". A la vista de que esta aclaración no es suficiente para la Audiencia Nacional, a Interior no le ha quedado más remedio que dar un paso más de cara y desclasificar nueva información, decisión que se materializa en su respuesta al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Por el momento, la puerta que abre Interior implica desclasificar la normativa que regula el control de los fondos reservados por parte del Gobierno, lo que permitirá al magistrado Manuel García-Castellón comprobar si la versión de García Castaño que apunta a que Kitchen fue un encargo policial tiene sentido. Pero los otros dos puntos en los que basa su respuesta marcan las líneas rojas para el juez: esta información debe limitarse a la investigación y, antes de seguir desvelando nuevos secretos, García-Castellón debe aclarar el interés que tienen para la pieza. Como es habitual, el paso adelante en la instrucción del caso Villarejo plantea la recurrente pregunta: ¿en qué otras misiones secretas participaron el comisario jubilado y sus hombres?