Los cuatro años de investigación que se quedaron cortos para condenar a Villarejo

Cuatro años de investigación no han sido suficientes para conseguir una condena contra José Manuel Villarejo. Ese era el plazo máximo para demostrar su culpabilidad y evitar que el comisario quedara en libertad provisional, pero tanto el juez como la Fiscalía se han quedado sin tiempo. Detenido el 3 de noviembre de 2017 y con un juicio que no arrancará hasta el 13 de diciembre, las cuentas no salen. El resultado de la tardanza se materializó este miércoles: pasadas las 18:30, Villarejo salió de la madrileña prisión de Estremera.

La ley es clara respecto al tiempo máximo de cuatro años que un investigado puede estar en prisión sin condena previa. Da igual que la Fiscalía pida para él más de 109 años de cárcel en el juicio que se celebrará en diciembre. Si los investigadores no conseguían una condena antes de noviembre de 2021, el comisario iba a quedar en libertad provisional, así que este miércoles adelantaron su salida. A cambio, se reservan los ocho meses que faltan hasta la fecha límite como un 'colchón' que podrán utilizar para ordenar su reingreso en prisión si consideran que el riesgo de fuga aumenta.

El temor a que tuviera que ser excarcelado comenzó a coger fuerza el pasado 25 de enero. Ese día, el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid absolvió al comisario de los presuntos delitos de calumnias y denuncia falsa que le atribuía la Fiscalía contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán. Los dos años de cárcel que pedían para él en el arranque del juicio quedaron en nada, y la pregunta resultó inevitable: ¿cuánto tiempo queda para conseguir una condena antes de dejarle en libertad provisional?

La respuesta llegó el pasado 23 de febrero y cayó como un jarro de agua fría sobre los investigadores: el primer juicio de la treintena de piezas que suma la Audiencia Nacional no arrancará hasta el próximo 13 de diciembre. Ya no había margen de maniobra. Antes o después, Villarejo tenía que ser excarcelado. Anticorrupción lo vio venir y en las semanas previas trató de adelantar la celebración del juicio, pero sus argumentos cayeron en saco roto.

La primera señal llegó el 10 de febrero, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó agrupar las tres piezas que abordará este primer juicio y ordenó la puesta en libertad provisional del comisario por las mismas. En principio, esta decisión no tenía efectos inmediatos. Como la prisión provisional se mantenía para el resto de piezas, Villarejo no iba a ser excarcelado. Pero la Fiscalía comenzó a temerse lo peor y recurrió esta decisión: "La modificación de la situación personal del único acusado en situación de prisión provisional elude de modo arbitrario la condición de causa preferente para señalamiento del juicio oral". En otras palabras: al otorgarle la libertad provisional en las primeras piezas que van a enjuiciarse, no corría tanta prisa fijar el arranque de la vista oral.

La Sala de lo Penal rechazó su recurso este martes con un duro auto: “Lo que no puede pretender es marcar la agenda de señalamientos de la sala. Primero, porque desconoce por completo la relación de causas pendientes. Y segundo, porque desconoce las disponibilidades materiales de las salas de enjuiciamiento hábiles, capaces de soportar un juicio oral de las características como el que nos ocupa”, advirtieron los magistrados. A partir de ahí, Anticorrupción y el juez Manuel García-Castellón apostaron por una vía alternativa: como tarde, Villarejo iba a quedar en libertad provisional en noviembre, así que mejor adelantarlo para tener ocho meses de prisión provisional en la recámara.

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"La prisión provisional no es otra cosa que una estricta medida cautelar, y no de una pena anticipada, sin que por tanto pueda servir a fines de prevención general", argumentó el juez en el auto con el que acordó su excarcelación. El informe de Anticorrupción siguió la misma línea, pero sin dejar de destacar una obviedad: "La permanencia de elevados riesgos de fuga y de reiteración delictiva".

En un intento de contrarrestar estos peligros, el juez fijo este miércoles una serie de medidas cautelares para Villarejo: retirada del pasaporte con requerimiento expreso de no obtener uno nuevo, prohibición de salida del territorio y obligación de comunicar a la Audiencia Nacional cualquier cambio de domicilio o residencia. Si cumple estos requisitos, Villarejo no volverá a pisar la cárcel mientras no haya condena. Afrontará su día a día como un imputado más, y este mismo jueves declarará en la Audiencia Nacional por dos de las piezas que siguen en fase de instrucción. Hasta nuevo aviso, Villarejo es un hombre libre.