por el caso villarejo

El giro judicial en el caso de La Finca marca el nuevo rumbo para su operación de venta

La decisión de la fiscalía de reconocer solo como víctima a Silvia Gómez-Cuétara y de rebajar la petición de condenas por debajo de los dos años marca las nuevas cartas de esta partida

Foto: Parque Empresarial La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Parque Empresarial La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
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Giro de los acontecimientos en La Finca. En las últimas semanas, la promotora de la elitista urbanización madrileña ha vivido varios capítulos en el terreno judicial que prometen ser críticos también a la hora de escribir el epílogo de la novela, entre rosa y salmón, que lleva viviendo una década la compañía que fundó el fallecido Luis García Cereceda.

Fue precisamente la muerte del empresario, en junio de 2010, lo que desencadenó una guerra entre sus dos hijas, Susana y Yolanda, y entre estas y la viuda de su padre, Silvia Gómez-Cuétara, por el reparto de una herencia que se ha calculado en 1.000 millones. Esta disputa dio lugar a la pieza Land, la tercera de la veintena larga en la que se ha dividido el caso Tándem, por el presunto espionaje que sufrieron Yolanda, Silvia y el arquitecto Joaquín Torres por parte del excomisario José Manuel Villarejo y bajo encargo de Susana García-Cereceda.

El pasado junio, la Fiscalía Anticorrupción dio un golpe de efecto al solicitar 16 años y medio de cárcel para Susana García-Cereceda, y otros 19 años para su mano derecha, Francisco Peñalver, pena superior porque incluía la acusación de un delito de falsedad documental, adicional a los de cohecho y revelación de secretos, que también recayeron sobre las tres sociedades en las que se dividió la antigua Procisa: La Finca Global Assets, La Finca Real Estate Management y La Finca Somosaguas Golf.

Esta presión judicial ponía contra las cuerdas a la empresaria y al fondo Värde Partners, propietario del 37% de La Finca Global, que ha encargado a Deloitte encontrar la fórmula para salvaguardar su inversión en la inmobiliaria, tras haber caducado su periodo de permanencia obligatoria. Pero ¿qué gran inversor institucional va a querer comprar una participación en una empresa condenada y con socios también condenados por los citados delitos? Era clave lograr un acuerdo con los fiscales.

La empresaria Susana García Cereceda. (Cortesía)
La empresaria Susana García Cereceda. (Cortesía)

Así, en julio empezaron a girar los acontecimientos. Primero, la Fiscalía llegó a un acuerdo con Susana para dejar la petición de pena por debajo de los dos años, esquivando así la cárcel, y una multa de 124.000 euros; pacto que ha llevado a su hermana Yolanda a presentar una denuncia contra los dos fiscales del caso "solicitando la adopción de las medidas administrativas y sancionadoras previstas", por haber cometido, a su entender, diversas infracciones, algunas de las cuales se remontan ya al escrito inicial de acusación de junio, contra el que Yolanda también se pronunció por considerarlo presentado fuera de plazo.

"Los fiscales ahora denunciados presentaron, insistimos, irrazonadamente, el referido escrito de 23 de junio de acusación, alterando el relato de los hechos por los que venía acusando a lo largo de la instrucción así como las personas de las víctimas y perjudicados, (desconociendo esta parte si con el visto bueno del fiscal jefe de dicha fiscalía especializada), y completó dicha anomalía mediante la presentación de un escrito con fecha 28 de julio de 2020, denominado de conformidad parcial, por el cual modificaba las conclusiones primera, cuarta y quinta del escrito de acusación, pactando reducir las penas de prisión inicialmente solicitadas para los acusados Susana García Cereceda López, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez y David Fernández Aumente, de unas inicialmente superiores a los 17 años de prisión, a otras de apenas 24 meses, en un claro ejercicio de imaginería jurídica", recoge el escrito que presentó Yolanda hace tres semanas.

Además, el Ministerio solo reconoce ahora la consideración de víctima a Silvia Gómez-Cuétara, retirándosela a Yolanda y Joaquín, y ayudando así a allanar el terreno en la búsqueda de una solución al laberinto empresarial en el que se encuentra La Finca. Como adelantó El Confidencial, la pareja de Gómez-Cuétara, el empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón, íntimo de Carlos Slim, está interesado en llegar a un acuerdo que permita a Silvia poner fin a un problema que lleva diez años enquistado, pacto que pasaría por adquirir la participación de Värde (lo que también sería una solución para el fondo) y otro paquete que le diera la posición mayoritaria y, así, el control de la sociedad.

Aquí entran en juego tanto Yolanda, que posee de manera directa un 10,99% del capital y de manera indirecta otro 12,12%, como Susana, cuya principal carta es que tiene el control indirecto de la sociedad a través de Procisa, sociedad dueña del 50,01% La Finca Global. Además, desde el año pasado, la empresaria ha dado pasos para ceder la gestión de su imperio inmobiliario a Admara Capital, firma participada por su grupo inmobiliario, pero en la que también aparece Adam Lee Morz, fundador de la socimi Castellana Properties, que está presente con su vehículo DRE Capital, el mismo que engendró a la empresa de centros comerciales.

Casablanca, la nueva urbanización de Pozuelo de la mano de los creadores de La Finca. (D.R)
Casablanca, la nueva urbanización de Pozuelo de la mano de los creadores de La Finca. (D.R)

Precisamente, la empresaria ha elegido a Andrés Benito, director general de Admara Capital, para tomar el relevo a su histórico mano derecha, Peñalver, en el consejo de La Finca Global, una salida que desde la compañía se ha comunicado como fruto de la dimisión presentada por Peñalver, pero que otras fuentes aseguran que también forma parte de toda esta partida de ajedrez en la que se ha convertido el cruce de caminos de Villarejo con La Finca.

En concreto, señalan que, a pesar del acuerdo con la Fiscalía que ha permitido rebajar las penas por debajo de los dos años, el hecho de que en el caso de Peñalver se incluya el delito de falsedad en documento mercantil, que lleva como pena accesoria la prohibición para desempeñar el cargo de administrador por el tiempo de la condena, está detrás de este último giro de los acontecimientos que se vive en torno a La Finca.

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