Varapalo en plena venta de La Finca: el juez rechaza desimputar a la socimi por Villarejo

Nueva piedra en el camino de Värde por su inversión en La Finca Global Assets, la socimi de oficinas ligada a la famosa urbanización de lujo de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tres magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han desestimado los recursos que presentaron los representantes de esta compañía y de La Finca Real Estate Management y La Finca Somosaguas Golf, contra su imputación en la pieza Land, una de las muchas tramas de la megacausa que es el caso del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El pasado septiembre, las tres sociedades fueron imputadas por un presunto delito continuado de cohecho y por seis delitos de descubrimiento y revelación de secretos, todo un golpe para los intereses de Värde Partners, dueño del 37,78% de la socimi, ya que este tipo de vehículos internacionales suele estar sometido a unos estrictos criterios éticos a la hora de seleccionar sus inversiones, costura que empezó a resquebrajarse con la imputación de Susana García-Cereceda, su socia y presidenta de la socimi, pero que terminó por romperse al extenderse a la propia compañía.

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Con el desistimiento de los recursos, la situación se complica todavía más, ya que el fondo acaba de contratar a Deloitte para que lo asesore en la búsqueda de una salida de La Finca, proceso que se devalúa conforme aumenta el riesgo de que la entidad termine siendo condenada, ya que la mayoría de grandes inversores institucionales tendrá vetada su participación por criterios éticos.

Un problema que se suma a las ya complicadas negociaciones que los potenciales interesados —Drago, Allianz y Árima, entre otros, según las fuentes consultadas— deberán llevar a cabo si quieren hacerse con la mayoría del capital, ya que, 'a priori', ninguna de las hermanas García-Cereceda, Susana y Yolanda, tiene intención de vender.

Tras el fondo estadounidense, el segundo mayor accionista de La Finca Global es Yolanda García-Cereceda, que posee un 23,11% entre participación directa (10,99%) e indirecta (12,12%). Su hermana Susana posee un 18,68% de manera indirecta (a través de Grupo La Finca Promociones y Conciertos), y su tío Eduardo el otro 6,89%, también indirecto. Además, el consejero Francisco Peñalver tiene un 2,51%.

La última valoración de activos de la compañía, publicada hace apenas dos semanas, cifra el valor de las oficinas de La Finca Global en 790,4 millones de euros. Pero esta es solo una de las tres patas en las que se dividió el emporio que dejó Luis García-Cereceda, fundador y 'alma mater' de Procisa, sociedad que en febrero de 2017 se dividió en las tres firmas ahora imputadas.

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En sus recursos, alegaron que su responsabilidad penal "habría quedado extinguida por prescripción de los delitos objeto de imputación dado que los hechos habían tenido lugar entre enero de 2012 y marzo de 2014", argumento que fue desechado alegando varios motivos, según el auto al que ha tenido acceso este medio.

Por una parte, la complejidad del caso Villarejo, donde podría haber "actos procesales que podrían incidir en el cómputo del plazo de prescripción". Por otra, porque "en un supuesto como el presente en que existe imputación de las personas físicas y de las jurídicas de las que aquellas conforman sus órganos de decisión y administración, no puede 'a priori' escindirse el plazo de prescripción atendido al sujeto activo, siendo así que el delito de descubrimiento y revelación de secretos puede ser sancionado con pena de prisión de hasta siete años, cuya prescripción se eleva a 15 años".