En busca de un caballero blanco que devuelva la paz al imperio de La Finca

Grupo La Finca, el gigante empresarial que creó Luis García-Cereceda, vive semanas críticas que podrían terminar dando un giro de 180 grados al rumbo de la compañía, una de las inmobiliarias con más pedigrí del país, pero también una de las empresas que más ríos de tinta ha hecho correr en los últimos tiempos.

Y no solo por su actividad empresarial, que también, sino por las disputas familiares que han marcado al grupo desde el fallecimiento del fundador, hace ahora una década. Unas diferencias tristemente comunes entre las empresas familiares, pero que en este caso han terminado en la fiscalía Anticorrupción como una de las piezas de toda la trama del comisario José Manuel Villarejo, lo puede tener serias consecuencias en el negocio.

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Al menos, esta es la apuesta de diversos inversores que, con más o menos intensidad, se han acercado a diferentes accionistas de la inmobiliaria para analizar sus opciones, según han confirmado varias fuentes conocedoras a este medio, con una clara estrategia de caballero blanco. Un movimiento lógico, ya que el momento es único.

Por una parte, el fondo de inversión Värde, que entró en la socimi de oficinas del grupo —La Finca Global Assets— ha cumplido ya ciclo y está en fase de desinversión, para lo que ha contratado a Deloitte. Por otra, la crisis económica desatada por la pandemia del covid-19 dibuja el momento perfecto para que inversores con liquidez intenten comprar a mejor precio activos que en el pasado podrían resultar más inaccesibles.

Pero, por encima de todas, está la investigación por el caso Villarejo, conocida como la pieza Land, que amenaza con terminar en condena de la principal accionista, Susana García-Cereceda, de su mano derecha, Francisco Peñalver, y de las tres empresas en que se divide al grupo: La Finca Global Assets, La Finca Somosaguas Golf y La Finca Real Estate Management.

Por el momento, el pasado martes, la Fiscalía hizo temblar los cimientos con la solicitud de 16,5 años de condena para la presidenta del 'holding' familiar y de 19 años para su socio, un golpe de efecto que da alas a Yolanda García-Cereceda, que lleva años enfrentada con su hermana, de cara a la Junta General que celebra la filial de oficinas el próximo martes y en cuyo orden del día ha incluido dos puntos.

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Uno sobre la retribución del consejo, que el equipo de la socimi confía en resolver sin despeinarse, porque se ciñe al cumplimiento de la ley, y otro más espinoso, con el que Yolanda vuelve a poner el dedo en la llaga al emplazar a Värde, un fondo internacional, a pronunciarse sobre cómo impacta en sus principios éticos todo el caso Villarejo y en la composición del consejo de la socimi.

En medio de estas aguas turbulentas, la pareja de Silvia Gómez-Cuétara —viuda de Luis García-Cereceda—, el millonario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón, íntimo de Carlos Slim, está dispuesto a organizar un bloque inversor que entre en La Finca para que las diferentes partes enfrentadas sellen la paz con la venta de sus participaciones y el cobro así de su herencia.

Una 'pax romana' que, más allá de los intereses empresariales, tiene una importante carga personal y dineraria, ya que Gómez-Cuétara reclama a las hermanas Cereceda hasta 90 millones de euros para cumplir la voluntad de su difunto marido. A esta cantidad se suman los cerca de 10 millones de euros que el arquitecto Joaquín Torres demanda también, y los 30 que Yolanda pide a su hermana.

La última valoración de La Finca Global Assets eleva hasta 790 millones de euros el patrimonio de la filial de oficinas, sociedad por la que ya han mostrado interés inversores como Drago, Allianz y Árima, dentro del proceso de desinversión iniciado por Värde, fondo que ahora se enfrenta también al desafío que ha supuesto para el mercado de las oficinas el auge del teletrabajo.

Värde es el principal accionista de la socimi, con un 37,78% del capital de la socimi, seguido de Yolanda García-Cereceda, que posee un 23,11% entre participación directa (10,99%) e indirecta (12,12%). Su hermana y presidenta de la socimi, Susana, posee un 18,68% de manera indirecta (a través de Grupo La Finca Promociones y Conciertos) y su tío Eduardo, el otro 6,89%, también indirecto. Además, el consejero Francisco Peñalver tiene un 2,51%.

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Las fuentes consultadas aseguran que tanto Yolanda García-Cereceda como Joaquín Torres estarían, 'a priori', más predispuestos a sellar un acuerdo que permitiera a todas las partes enterrar el hacha de guerra o, al menos, hacer líquida su parte de la herencia. Más dudas existen en torno a Susana, ya que su vocación siempre ha sido dirigir el imperio que creó su padre.

De hecho, uno de los escollos de cara a la desinversión de Värde es que los potenciales compradores quieren meter mano en la gestión, poder que la empresaria se ha reservado para ella, al menos hasta ahora y a la espera de ver cómo termina el caso Villarejo. Por el momento, el hecho de que haya depositado parte de la responsabilidad civil es vista como una muestra de su intención de pactar con la Fiscalía, para rebajar así la condena por debajo de los dos años de pena, lo que le libraría de la cárcel, pero no de la condena.

Sin embargo, está por ver que un hipotético acuerdo con la fiscalía se tradujera también en un pacto con su hermana, con Joaquín Torres y con Silvia Gómez-Cuétara. Aquí entran en juego lecturas que van más allá de las empresariales. Y los caballeros blancos lo saben.