Cereceda busca una salida airosa a Värde ante el aumento de tensión en La Finca

Junta de alta tensión. Mañana, La Finca Global Assets (LFGA), la división de oficinas en alquiler del Grupo La Finca, celebra su asamblea anual con las espadas en alto y la amenaza de que implosione la hoja de ruta que marcó el fondo estadounidense Värde Partners cuando adquirió el 39% de la compañía, hace dos años.

Entonces, el vehículo dirigido en España por Héctor Serrat se marcó como objetivo ser una sociedad cotizada, como tarde en 2019, ya que el régimen socimi, al que se acogió la compañía, exige estar en los mercados en un plazo máximo de dos años. Y este se cumplirá el próximo septiembre.

El problema es el aluvión de procesos judiciales en que están inmersos los principales accionistas de la compañía, una nefasta carta de presentación para cualquier estreno bursátil que, según las fuentes consultadas por El Confidencial, preocupa a los responsables de Värde.

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Entre los acuerdos que firmó el fondo con Procisa, principal accionista de La Finca, con el 50% del capital, destaca el compromiso de Värde de respetar un periodo de permanencia de tres años, momento a partir del cual es libre de vender, y la promotora de Cereceda, de facilitar su salida. Desde el fondo no han respondido a la llamada de este medio para contrastar la información.

Este plazo se cumpliría, por tanto, el próximo año, y ayuda a comprender uno de los puntos del orden del día de mañana: "Acuerdos a adoptar por la sociedad en virtud de la posible salida del capital del socio Värde Partners, en relación a los acuerdos suscritos con aquel por la sociedad por la mayoría de los socios sin consentimiento unánime de la sociedad", reza la convocatoria.

Nuevos inversores

Desde el entorno de Susana García Cereceda, que junto a su tío Eduardo y Francisco Peñalver controla la socimi a través de Procisa, responsabilizan a Yolanda García Cereceda de este ruido de sables y rechazan cualquier fricción con Värde, junto a quien prevén sacar en su favor todas las votaciones de mañana en la junta.

No obstante, reconocen que la proximidad del fin del compromiso de permanencia de Värde, unida al aluvión de pleitos interpuestos por Yolanda, ha generado el mar de fondo perfecto para que diversos inversores se interesen por entrar en la compañía.

Las versiones difieren entre las fuentes de mercado consultadas por este medio, que aseguran que la propia Susana se ha acercado al brazo inmobiliario de LVMH y a un importante empresario mexicano para darles entrada en la compañía, y el entorno de la empresaria, que reconoce haber recibido muestras de interés por parte de varios inversores, pero rechaza estar activamente buscando.

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Sea como fuere, la realidad es que el fondo, por su propia naturaleza, tiene una hoja de ruta marcada con un plazo de inversión, y otro de desinversión. El salto al MAB —Mercado Alternativo Bursátil— jamás ha sido la puerta de salida, ya que la incorporación a este parqué es, sencillamente, un peaje que hay que pagar para beneficiarse del régimen socimi.

La incorporación al Continuo sí que sería una vía de dar el relevo a otros inversores, pero los dueños de Procisa nunca han terminado de verla con buenos ojos, lo que explica su mayor inclinación a dar entrada a un comprador afín.

La larga sombra de Villarejo

A esta postura se une el laberinto judicial en el que está inmersa la compañía, ya que, por una parte, se enfrenta a los pleitos abiertos por Yolanda, que está intentando revertir en los tribunales los acuerdos que permitieron la escisión de La Finca Global Assets, entre otras batallas, y por otra, la investigación sobre Francisco Peñalver y Susana García Cereceda por, presuntamente, haber contratado al comisario Villarejo para espiar a Yolanda y Silvia Gómez-Cuétara, viuda de Luis García-Cereceda, entre otros.

Esta pieza fue inicialmente archivada pero, como adelantó El Confidencial el pasado diciembre, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrirla, lo que ahora da alas a que, en la junta de mañana, otro de los puntos sobre los que deberá debatirse será el "acuerdo sobre el tratamiento corporativo y decisiones de los efectos de renovación del órgano de administración de la compañía que haya de darse a administradores de hecho o de derecho condenados penalmente o investigados por delitos societarios o de corrupción por la Audiencia Nacional y otros juzgados".