PACTO CON LA FISCALÍA Y LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Los dueños de La Finca pagan cinco millones y asumen el delito fiscal para evitar la cárcel

Uno de los socios y el consejero delegado de Procisa recibieron 16,5 millones en préstamos ficticios. Aceptan tres delitos fiscales cada uno pero con una pena de menos de dos años

Foto: Vivienda unifamiliar de La Finca.
Vivienda unifamiliar de La Finca.

Los dueños de La Finca, la lujosa urbanización a las afueras de Madrid donde se refugian los VIP, han acordado pagar 4,95 millones de euros y asumir tres delitos fiscales cada uno para evitar la cárcel. Eduardo García Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver, socios de la constructora Procisa, han pactado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado el pago de esa cantidad a cambio de penas de menos de dos años cada uno. Admiten que se dieron préstamos desde la sociedad que no solo no devolvían sino que no declararon a Hacienda, según el escrito de conformidad al que ha tenido acceso El Confidencial y que ratificarán los próximos días en el juzgado.

Eduardo García Cereceda es hermano del fallecido Luis García Cereceda, fundador de Procisa e ideólogo de La Finca. Se trata de una lujosa urbanización en Pozuelo de Alarcón donde viven futbolistas como Cristiano Ronaldo, James, Kroos… y hay un parque empresarial. Eduardo tiene un tercio de la sociedad. Francisco Lorenzo Peñalver era consejero delegado de Procisa, responsable del complejo.

La Abogacía del Estado destaca que la ingeniería fiscal daba un "resultado mágico de llevar un muy elevado nivel de vida sin rentas que lo justifiquen"

Según el escrito de conformidad, "la entidad Procisa al menos desde 2001 facilitó préstamos a la sociedad Lugarce, participada por los acusados". Ese contrato establecía inicialmente un límite de préstamo de 70 millones de euros, que dos años después, en 2003, fue elevado a 150 millones. "La mercantil Lugarce, con el dinero procedente de Procisa, trasladó a los acusados, fingiendo préstamos, parte de los citados fondos, de modo que con ello los acusados pudieron mantener su alto nivel de vida al tiempo que que eludían el cumplimiento de sus obligaciones tributarias al no declarar casi rentas en el IRPF de los periodos 2004 a 2007".

La operativa estaba "diseñada para esconder a la Hacienda pública la verdadera realidad de lo obtenido y para alcanzar una gran ventaja fiscal", añade el texto que asumen los acusados. Esos supuestos préstamos los cancelaron en 2006 con el pago en acciones de una de sus sociedades, pero con la ingeniería financiera consiguieron que tributaran al 1,19%, en el caso de Eduardo García Cereceda, y al 0,72%, en el caso de Peñalver. Un escrito anterior de la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, afirmaba que esa fórmula daba "el resultado mágico de mantener un muy elevado nivel de vida sin tener rentas que lo justifiquen". Esos supuestos préstamos se destinaron, entre otras cosas, a comprar barcos.

García Cereceda recibió, entre 2004 y 2007, 12,64 millones en forma de estos préstamos simulados desde Lugarce. Por su parte, el entonces consejero delegado de Procisa consiguió 3,83 millones de euros. Ninguno declaró ese dinero en el IRPF, por lo que la renta les salió a devolver. No solo eso, sino que en el Impuesto de Patrimonio el dinero recibido lo apuntaban como si fueran deudas, con lo que apenas pagaban este tributo.

"El acusado Eduardo García Cereceda, al aparentar que los fondos procedentes de Lugarce constituían prestamos, ha dejado de ingresar en el año 2004 por IRPF 931.843,49 euros, en él 2005, 647.390,38 euros y 630.273,87 euros en el 2007. El acusado Francisco Lorenzo Peñalver, al diseñar los fondos procedentes de Lugarce como prestamos, ha dejado de ingresar en el año 2004 por IRPF 349.217,63 euros, en el 2005, 203.331,02 euros y 319.191,02 euros en el 2006", concluye el escrito de acusación conjunto.

Mediante préstamos ficticios consiguieron tributar únicamente al 1,19% uno y al 0,72% el otro

Por ello, García Cereceda acepta sin pleitear una pena de dos años de prisión (tres delitos, uno por cada ejercicio, a ocho meses por cada uno). Al no tener antecedentes penales y haber consignado el dinero, lo normal es que se suspenda el ingreso en prisión. Peñalver acepta 15 meses de prisión (tres delitos a cinco meses cada uno), que igualmente no conlleva cárcel. El primero tiene que abonar una multa del 65%, con lo que debe abonar 3,65 millones. La multa para el consejero delegado es algo menor, del 50%, por la cuantía defraudada. En total, debe pagar 1,3 millones entre la cantidad defraudada y la multa. A eso hay que sumar intereses y las costas del procedimiento, en marcha desde 2009. La Fiscalía y la Abogacía aceptan que se suspenda el ingreso en prisión a cambio de una multa de 50 euros diarios.

La acusación inicial de la Fiscalía, de 2015, hablaba del doble de cuota defraudada. Inicialmente, la Fiscalía pedía ocho años de prisión para García Cereceda y cinco para Peñalver. Han estado defendidos por el magistrado excedente de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, conocido por alcanzar acuerdos de conformidad en delitos fiscales.

Tras la muerte del fundador, Procisa vive horas bajas. La Finca ha sido dividida en tres sociedades

Durante años, los millonarios cazados por la Fiscalía se arriesgaban a ir a juicio porque casi nadie iba a prisión. Pero en los últimos años los magistrados han endurecido mucho el tratamiento de los delitos fiscales y los delincuentes de cuello blanco buscan condenas de conformidad que no conlleven el ingreso en la cárcel. El sistema judicial se ahorra papeleo, Hacienda recupera el dinero rápidamente y la Fiscalía y la Abogacía no se arriesgan a pleitos contra abogados de prestigio en temas muy complejos en los que es fácil que se les caiga alguno de los delitos durante el procedimiento.

Los críticos con el sistema señalan que es una justicia para ricos en la que estos no entran en prisión. Así, los Carceller aceptaron pagar 93 millones de euros a cambio de no ir a la cárcel. Los acusados por la lista Falciani, por ejemplo, buscan masivamente acuerdos de conformidad después de que el Supremo validara la lista como prueba.

La Finca vive días convulsos desde la muerte de Luis García Cereceda, en 2010. Las hijas, Susana y Yolanda, se enzarzaron en los juzgados por la herencia en un culebrón hasta el punto de que la primera logró incapacitar a la segunda –una decisión que ha sido revocada por un juzgado recientemente por injusta–. La Finca ha sido dividida en tres partes y está inmersa en un complejo proceso de venta dada la delicada situación financiera de Procisa. Los problemas penales de García Cereceda y Peñalver son la guinda.

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