Reabierta la investigación por los trabajos de Villarejo para los dueños de La Finca

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó este viernes la reapertura de la investigación abierta contra el excomisario Villarejo y los dueños de la lujosa urbanización madrileña La Finca, Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda, por los encargos que realizaron al expolicía y que se bautizó con el nombre de pieza Land. El procedimiento, uno de los siete desgajados de la operación Tándem, fue archivado hace semanas por el instructor Diego de Egea, que no continuará al frente de la causa a partir del próximo enero.

Los magistrados de la Sala Tercera consideran prematuro el sobreseimiento de las actuaciones que impulsa la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió el archivo, y avala la imputación de clientes del excomisario. Se investiga, en concreto, si la primogénita de Luis García Cereceda, Susana, habría contratado a Villarejo para investigar a su hermana pequeña, a su entonces marido, Jaime Ostos Jr., y a la viuda de García Cereceda, Silvia Gómez Cuétara, en plena guerra por el millonario patrimonio familiar.

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El Confidencial

Meses después del fallecimiento del padre, comenzaron las hostilidades familiares. Susana reclamó la incapacitación legal de su hermana Yolanda con el argumento de que sufría problemas mentales que imposibilitaban que se hiciera cargo de la fortuna, valorada en más de 1.000 millones de euros. Se atribuye a Villarejo el informe policial que resultó clave para que se avalara este desarreglo psicológico. Además de perder el control patrimonial, Yolanda perdió la custodia de sus hijos.

En el auto al que ha tenido acceso El Confidencial, los jueces Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio critican el cierre del procedimiento en un momento en el que las actuaciones estaban aún secretas y cuando no se habían efectuado todas las diligencias oportunas. Agregan que los afectados, entre ellos la propia Yolanda, no pudo debido al archivo "ejercer sus derechos y acciones como parte en el procedimiento".

El escrito desvela que existen conversaciones en las que Villarejo y su socio facilitan a la primogénita del clan "información sobre la vida privada de Yolanda García Cereceda, Jaime Ostos, Joaquín Torres o Silvia Gómez Cuétara". El excomisario, entonces aún policía, les precisó con quien hablaban y se relacionaban y detalló ámbitos privados que nada tienen que ver con la empresa familiar.

También apuntan que el análisis provisional que puede hacerse a partir de una instrucción incompleta, no puede sostener que no existan indicios de que los investigados respecto de los que se han sobreseído las actuaciones no hayan participado en delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho y descubrimiento y revelación de secretos y que no tuvieran conocimiento de la condición de funcionario del cuerpo Nacional de Policía de Villarejo "ni de los métodos que utilizaba para llevar a cabo el trabajo encomendado".

Los tres magistrados avalan además la apertura de la pieza y descartan que la investigación sea prospectiva. Aseguran que la instrucción se basa en la información obtenida de los materiales intervenidos en registros autorizados. Los audios que condujeron a la pista fueron incautados en el marco de la Tándem y estaban dirigidos a la búsqueda de indicios relacionados con la investigación relacionada con el llamado proyecto King y de otros clientes que podrían haber contratado servicios similares, aseguran.

Cascada de archivos

El cierre de este procedimiento es sólo uno de los acordados por el magistrado de refuerzo del Central 6 de la Audiencia Nacional contra el criterio de Anticorrupción. Egea también cerró la investigación contra cuatro miembros del despacho Herreros y Asociados que acudieron al entramado para que hicieran seguimientos a antiguos socios que habían montado otro despacho y se habían llevado a numerosos clientes.

También dio carpetazo a las actuaciones respecto del comisario Carlos Salamanca, su esposa y su hijo, al concluir que no existe un "mínimo indicio revelador" de la participación de los investigados en los delitos imputados en la querella de la Fiscalía. La Sala ya ordenó la reapertura de este último caso.