Un informático dice que el socio de Villarejo le pidió idear un ciberataque a un bufete

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha tomado declaración este miércoles a un informático y a un policía en el marco de la pieza Iron, en la que se investiga cómo el comisario jubilado José Manuel Villarejo fue contratado por el despacho de abogados Herrero y Asociados para obtener información sobre Balder Ip Law, un bufete de la competencia. Según ha asegurado ante el juez el informático Antonio Serrano García, su implicación en este caso se limitó a un encargo del abogado y socio de Villarejo, Rafael Redondo, quien le habría pedido estudiar un posible ciberataque contra el despacho que tenían como objetivo, explican fuentes jurídicas a El Confidencial.

Serrano, que solo ha respondido este miércoles a preguntas de su abogado y del juez, ha mantenido en todo momento que nunca trabajó para Villarejo, pues su contacto con la trama del comisario fue siempre a través de Redondo. En lo que se refiere al ciberataque que dicho abogado le habría pedido idear, el policía ha afirmado que, tras mantener varias reuniones con él, finalmente le dijo que no podía ayudarle porque carecía de los conocimientos suficientes para ello.

El comisario, junto a un número indeterminado de colaborares, accedió sin justificación alguna a datos tributarios de la empresa Balder Ip Law

Una línea similar a la expuesta por el inspector ya retirado de la Policía Nacional Antonio Bonilla, quien también ha declarado como investigado este miércoles ante el juez. El policía ha afirmado que su contacto con la trama fue siempre a través de Redondo, alegando en este sentido que si su nombre aparece en la documentación intervenida a Villarejo es por un negocio crediticio para su hijo. Además de por el despacho de abogados Herrero y Asociados, a Bonilla también se le ha preguntado por la pieza Pintor, en la que se le investiga por la supuesta contratación del comisario para cobrar una deuda.

En el caso de la pieza Pintor, además de Bonilla y Serrano también permanecen imputados los policías Juan José Díez Álvarez, Manuel Novoa Martínez y Enrique García Castaño, más conocido como 'el Gordo'. "Tras el examen de los informes elaborados en el marco del proyecto Iron por Cenyt [cuyo titular real es el comisario José Manuel Villarejo], se ha podido comprobar cómo dicho comisario junto a un número indeterminado de colaborares, cuyas funciones y responsabilidades se encuentran pendientes de determinar, accedió sin justificación alguna que le diese cobertura a datos tributarios y movimientos bancarios de la empresa Balder Ip Law [un despacho de abogados]", explica García Castellón en el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial.

El magistrado Diego de Egea, hasta diciembre encargado de la instrucción del caso Villarejo, cerró la pieza Iron el pasado octubre, pero la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó reabrirla al considerar que quedaban aspectos por investigar. Ahora, García Castellón apunta a que las pesquisas han revelado que Villarejo y sus socios manejaron "datos personales de personas relacionadas con dicha mercantil [Balder Ip Law], cuyo acceso se encuentra restringido y que dada la naturaleza de aquellos y las dificultades para acceder a los mismos, existían serios indicios de que los mismos habían sido obtenidos de forma espuria de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt".