La Audiencia aprecia indicios de que el PSOE y Prisa usaron a Villarejo para neutralizar a un juez

La Audiencia Nacional ha abierto una nueva línea de investigación en el caso Villarejo que apunta al PSOE y a Prisa. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera que existen indicios de que el grupo mediático y el partido de Pedro Sánchez utilizaron al comisario a finales de los años noventa para espiar y neutralizar al juez que asumió el procedimiento contra Sogecable, propiedad de Prisa, por quedarse con 138 millones de euros (23.000 millones de pesetas) de fianzas depositadas por los clientes de Canal Plus, según recoge un auto del pasado 8 de julio al que ha tenido acceso El Confidencial.

El dictamen, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía, concluye que el magistrado que instruye el llamado caso Tándem, Manuel García-Castellón, debe efectuar diligencias para determinar las posibles responsabilidades penales en las que habrían incurrido los implicados en este otro proyecto encubierto de Villarejo. Algunos de los posibles delitos ya habrían prescrito, pero los investigados aún se exponen a una acusación por pertenencia a organización criminal, así como a una hipotética imputación por un blanqueo de capitales que podría haberse extendido hasta la actualidad, indican los magistrados de la Sala de lo Penal.

El auto recuerda que en el sumario ya figuran documentos relacionados con Villarejo en los que este admite su supuesta implicación en un plan para investigar y desactivar al juez del caso Sogecable, Javier Gómez de Liaño, así como una relación de las personas que presuntamente le encomendaron esa misión y datos sobre su supuesta participación en el pago de un soborno a un juez del Tribunal Supremo cercano al PSOE, Enrique Bacigalupo, para apartar del procedimiento a Gómez de Liaño mediante una condena por prevaricación, como finalmente ocurrió en 1999.

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Los magistrados también mencionan que el propio Villarejo presentó en 2019 una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 45 de plaza de Castilla en que reconocía su supuesta vinculación con los hechos y aseguraba que en su vivienda de Boadilla, registrada por la Policía en noviembre de 2017, tenía escondidas grabaciones de los encuentros que mantuvo con dirigentes del PSOE y Prisa para perfilar la operación. El comisario aseguró en su escrito que se citó en varias ocasiones con el abogado Matías Cortés, con el también letrado Horacio Oliva y con el periodista y directivo de Prisa Antonio Navalón, así como con el político socialista Txiqui Benegas, que habría ejercido como enviado de Felipe González.

El comisario añade en su denuncia que la trama habría realizado un primer pago de 200.000 dólares a Bacigalupo por la condena de Gómez de Liaño “desde una cuenta del Sr. Navalón en un banco de Zúrich”. Posteriormente, Bacigalupo, que al igual que Gómez de Liaño ejerce actualmente la abogacía, recibió supuestamente otros 170.000 dólares “desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas”.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal subraya la importancia de este testimonio autoinculpatorio y también la circunstancia de que, el pasado 14 de junio, Villarejo declaró ante el juez en la pieza principal de Tándem y “ratificó todos los extremos de su denuncia”. “De acuerdo con todo ello, el encargo que el investigado José Manuel Villarejo Pérez dice haber recibido parece constituir uno más de los proyectos de gestión de crisis encargados por clientes particulares cuando se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que ha ido dando lugar a la formación de múltiples piezas separadas de las presentes diligencias previas”, expone la resolución.

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El episodio está relacionado con la apertura de una investigación en 1997 contra directivos de Sogecable por los presuntos delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida por quedarse teóricamente con dinero de la fianza de los abonados de Canal Plus. El primer encargado de instruir las diligencias fue Gómez de Liaño, titular en esa época del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. En junio de ese mismo año, Prisa se querelló contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación por la adopción de medidas cautelares que consideró contrarias a derecho.

Finalmente, dos años después, el Supremo lo expulsó de la carrera judicial al condenarlo por prevaricación continuada en el caso Sogecable con el voto a favor de dos de los tres magistrados que componían el tribunal. Uno de ellos fue Bacigalupo, un histórico de la carrera judicial vinculado al PSOE. Antes de la sentencia contra Gómez de Liaño, la investigación contra Sogecable por la supuesta apropiación de las fianzas ya había sido archivada por otro juez de la Audiencia Nacional.

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El Gobierno de José María Aznar indultó a Gómez de Liaño en el año 2000, pero su mayor victoria llegó ocho años después, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por violar los derechos del magistrado. Según Estrasburgo, Gómez de Liaño no había tenido un juicio justo ni imparcial, entre otros motivos, porque los magistrados que le condenaron ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso Sogecable.

El auto dictado ahora por la Audiencia Nacional también da la razón a Gómez de Liaño. El antiguo juez solicitó en 2020, tras la denuncia pública de Villarejo y el hallazgo de documentos sobre el supuesto proyecto encubierto, personarse en el procedimiento como uno de los perjudicados por los espionajes del comisario. García-Castellón se opuso a la petición y Gómez de Liaño recurrió en reforma. El instructor de Tándem le negó nuevamente esa posibilidad en 2021 y el exjuez decidió entonces recurrir en apelación. La Sala de lo Penal ha corregido ahora al instructor del caso y le otorga la condición de perjudicado.