ERC, PNV y Bildu utilizan el contencioso Netflix para encarecer su voto en el Senado

La tramitación de los presupuestos se ha encontrado con un obstáculo inesperado en el Senado, tras ser aprobados en el Congreso por una amplia mayoría de 188 diputados. La exclusión en la ley audiovisual de las plataformas de contenidos con sede fuera de España, como Netflix o HBO, para no tener que ofrecer en lenguas cooficiales el 6% de su catálogo, ha provocado que ERC diese un golpe en la mesa. La aplicación de cuotas en catalán, euskera y gallego fue uno de los principales compromisos que exigieron los republicanos para votar a favor de las cuentas. La norma aprobada esta semana por el Consejo de Ministros solo garantiza que se cumplan en las plataformas nacionales, lo que desde ERC tildaron de insuficiente para inmediatamente amenazar con vetar el proyecto de presupuestos en la Cámara Alta si no se modifica la norma.

Más allá de que puedan fructificar los vetos, para lo que sería necesario una alianza de los socios de Sánchez con PP y Vox, el escenario que comienzan a asumir todas las partes es que los presupuestos sufran cambios a través de enmiendas en la Cámara Alta. Un proceso que pretendía ahorrarse el Ejecutivo para acelerar la tramitación y asegurarse de que las cuentas se aprobasen en tiempo y forma, antes de que finalizase este mes de diciembre. Desde las formaciones soberanistas de ERC y Bildu, que comparten grupo en el Senado, avisan de que el escenario ha cambiado y deslizan su intención de prolongar la negociación introduciendo cambios en el proyecto. Tampoco se descarta presentar un veto, para lo que tienen de plazo hasta el viernes, pese a las dificultades aritméticas y el coste político de sumar fuerzas con las derechas.

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Si el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ironizaba la pasada semana durante el debate del pleno de presupuestos en el Congreso que las negociaciones eran una especie de Black Friday y ahora sería el turno del Cyber Monday. Vuelven a abrirse las conversaciones en busca de nuevas ofertas, aunque para el Ejecutivo supondrá pagar un precio mayor para conseguir aprobar las cuentas. También asumir un retraso en la tramitación y, en el mejor de los casos, trastocar su calendario creando un cuello de botella a finales de diciembre con los presupuestos y otras normas comprometidas con Bruselas antes de que acabe el año, entre ellas, la reforma laboral. Los esfuerzos del Ejecutivo por salvar este obstáculo no están dando frutos.

La reunión celebrada este miércoles entre las delegaciones del Gobierno y de ERC no sirvió para encontrar un punto de encuentro en la Ley General de Comunicación Audiovisual que reconduzca la situación. Al menos de momento. El compromiso de ambas partes se limitó a seguir trabajando para consensuar las enmiendas a la ley de cara a blindar las lenguas cooficiales. Ambas partes "constatan las diferencias" y van a seguir viéndose para encontrar un punto de encuentro. Este jueves se volverán a reunir, con la incorporación del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, a la negociación. Intentarán encontrar un encaje jurídico a sus posturas.

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La cita telemática se extendió durante unas cuatro horas, desde las 18:00 hasta cerca de las 22:00, y en ella se sentaron a un lado de la pantalla el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la de Hacienda, María Jesús Montero, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, y la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra. La delegación de los republicanos la encabezaron su portavoz, Marta Vilalta, el presidente del Consejo Nacional del partido, Josep Jové, el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, y representantes de la formación en el Senado. Una reunión al máximo nivel que da cuenta de las implicaciones políticas del bache que se ha encontrado el Ejecutivo. La participación de senadores republicanos, por otra parte, deja entrever el papel que se reservan en la tramitación de los presupuestos en la Cámara Alta.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha intervenido en las negociaciones para salvar este obstáculo a través de su jefe de gabinete, Josep Vendrell. Los morados ejercen un papel más cercano al de un mediador. Comparten las inquietudes de ERC respecto a la necesidad de ir más lejos en la protección de las lenguas cooficiales, aunque al mismo tiempo apuestan por sacar el choque en la ley audiovisual de la negociación de los presupuestos. "Desde la Vicepresidencia segunda, estoy segura de que vamos a alcanzar un acuerdo para que esta ley salga adelante", aseguraba este miércoles en los pasillos del Congreso la líder del sector morado en el Gobierno. En el congreso de los comunes celebrado hace dos fines de semana, la ministra de Trabajo llegó a asegurar que le gustaría que su hija Carmela se formara en catalán.

"Cuando parecía que estábamos en el final del camino, el coche ha vuelto a gripar"

Desde Unidas Podemos, argumentan, al igual que los republicanos, que hay margen dentro de la directiva europea para obligar a las plataformas audiovisuales internacionales a cumplir con la cuota del 6% de contenidos en lenguas cooficiales dentro de sus catálogos. La interpretación de la parte socialista del Gobierno es que la normativa europea no lo permite, al aplicarse el principio del país de origen. Al mismo tiempo, el socio minoritario del Ejecutivo reclama la creación de organismos independientes de regulación del audiovisual o que se blinde la producción propia en las televisiones públicas para evitar las externalizaciones masivas. Su intervención tampoco está dando frutos en una norma que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha preparado en solitario. "Cuando parecía que estábamos en el final del camino, el coche ha vuelto a gripar", definía metafóricamente un miembro de la dirección del grupo confederal.

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Desde el Gobierno, han ofrecido introducir cambios a la ley audiovisual a través de enmiendas pactadas, centradas en que las plataformas como Netflix, HBO, Amazon o Disney + promuevan contenidos en lenguas cooficiales a través de ayudas o exenciones fiscales. En la disposición adicional quinta del texto de la ley, al que ha tenido acceso este diario, ya se establece que "con la finalidad de fomentar la diversidad lingüística y la presencia de lenguas oficiales de las comunidades autónomas en los servicios de comunicación audiovisual televisivos, las administraciones públicas podrán establecer programas de ayudas al subtitulado o doblaje de las obras audiovisuales en estas lenguas". Se trataría de extenderlas también a las grandes plataformas. ERC ha puesto sobre la mesa que se destine parte de los ingresos de las plataformas, independientemente de dónde tengan su sede, a la producción en lenguas cooficiales.

El PNV vuelve a ser imprescindible

Los nacionalistas vascos, socios prioritarios del Gobierno, vuelven a recuperar un papel protagonista en la tramitación de los presupuestos en el Senado después de que sus votos no fuesen imprescindibles al anticiparse el acuerdo en el Congreso con ERC y EH Bildu. El Gobierno necesitaría sus votos, aunque no solo, para evitar un hipotético veto a las cuentas. La mayoría está en 133 senadores y el PSOE cuenta con 114 y el PNV con 10 (Unidas Podemos no cuenta con representación). Precisamente, la formación nacionalista vasca no dio por cerrado su acuerdo para las cuentas, avanzando que estiraría las negociaciones en la Cámara Alta.

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El PNV busca apurar la negociación para asegurar inversiones en el AVE, principalmente para el soterramiento a su entrada en las ciudades de Bilbao y Vitoria. La ventana abierta por ERC facilita ahora la posición de los nacionalistas vascos. Desde las formaciones soberanistas, también se apoyan en las intenciones del PNV de mantener abierto el proceso para hacer frente común e introducir cambios, lo que obligaría a que las cuentas volviesen al Congreso. Los presupuestos, otra vez, están en el aire y dependen de ERC, PNV y EH Bildu. Como había advertido el portavoz de los 'jeltzales' en la Cámara Baja, Aitor Esteban, apelando a que todavía queda el trámite en el Senado, "hasta el rabo todo es toro".