Los guiños legales de Pedro Sánchez a Netflix que el pacto con ERC ha echado por tierra

El acuerdo del Ejecutivo con ERC para que las plataformas tengan que realizar un 6% de sus producciones en las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) ha sido recibido con "decepción" por parte de Netflix, que entiende que Pedro Sánchez se aleja así de la promesa de convertir España en el "Hollywood de Europa" realizada en su última gira estadounidense. Tal y como informó ayer este diario, este chasco no provocará que la compañía norteamericana se plantee llevar a cabo desinversiones, pero sí le empujará a revisar su estrategia en nuestro país, en donde ya había iniciado importantes proyectos.

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De este modo, si Netflix y otras plataformas pasan de los dichos a los hechos y frenan iniciativas en España, ello significará que el acuerdo presupuestario ha echado por tierra la efectividad de algunas medidas fiscales y administrativas ya adoptadas para favorecer el aterrizaje de producciones audiovisuales. La última de ellas, el establecimiento de un procedimiento más rápido y sencillo para la entrada y permanencia de los profesionales extracomunitarios del sector audiovisual, medida aprobada por el Ministerio de Presidencia en una Orden publicada en el BOE el pasado 13 de noviembre, y que aterriza las líneas maestras de una Instrucción dictada en verano por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La norma, como explica Patricia Ruiz, abogada experta en movilidad internacional de Ceca Magán, "simplifica enormemente los trámites administrativos para llevar a cabo proyectos de producción de cine o series en nuestro país". Antes de su entrada en vigor, la legislación solo preveía un trámite simplificado para quien fuera reconocido como "artista de reconocido prestigio" (la denominación legal bajo la que se amparaba a las 'estrellas' del rodaje). A partir de ahora, en cambio, este podrá llevarse a cabo con cualquier miembro del equipo (actores, maquilladores, cámaras, etc.) y, además, podrá tramitarse de forma conjunta; es decir, ya no tendrá que activarse un procedimiento administrativo individual por cada profesional, sino que podrá presentarse una petición que los incluya a todos.

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La Orden es de aplicación a los artistas, técnicos y profesionales extranjeros (no comunitarios) "que vayan a ejercer actividades enmarcadas en el sector audiovisual, actividades artísticas ante el público o destinadas a la grabación de cualquier tipo para su difusión por diferentes medios masivos". Pero no solo a los profesionales, también a su cónyuge o pareja, sus hijos menores de edad o mayores si tienen dependencia de sus progenitores, o los ascendientes en una situación similar. La norma, por tanto, facilita la entrada en España de los trabajadores y sus familias, siempre que se acredite la relación laboral o profesional con la empresa que los traslada o contrata, y la compañía demuestre su implicación en el proyecto.

Se prevén tres vías de acceder a esta autorización exprés. Cuando se trate de estancias de hasta 90 días, no se requerirá la solicitud de una autorización de trabajo. Así, para los nacionales que procedan de países que no requieren visado, bastará con que se solicite la asignación de un Número de Identificación de Extranjero (NIE) y deberán ser dados de alta en la Seguridad Social. Los ciudadanos de países que sí necesitan visado, tendrán que efectuar su solicitud, además del NIE y el alta en la Seguridad Social. Para los trabajadores cuya estancia sea de entre 90 y 180 días, deberán presentar una solicitud de estancia. Y, cuando se supere tal duración, la petición tendrá que ser la de la autorización de residencia. En ambos casos, se simplifican los trámites de concesión.

Patricia Ruiz (Ceca Magán): "Se han perdido producciones por no conceder la autorización a una maquilladora"

"Este régimen supone un cambio relevante porque, hasta ahora, se tenía que pedir en todo caso visado de trabajo y acreditar una experiencia profesional de tres años o una relación con la empresa de un mínimo de nueve meses", subraya Ruiz. Un procedimiento mucho más engorroso, detalla, que en muchos casos empujaba a las empresas a llevarse sus producciones a otro país. "Hemos perdido proyectos porque las autorizaciones de algunos trabajadores se demoraban demasiado o resultaban imposibles. De hecho, conozco el caso de una compañía que prefirió otra jurisdicción porque España no concedió el permiso a una de sus maquilladoras", remata la letrada.

Beneficios fiscales

El cambio de la normativa administrativa se une a otras medidas fiscales adoptadas con anterioridad para favorecer la atracción de producciones. Una de ellas, resalta Pedro Contreras, director del departamento de Fiscal y coordinador del área de Derecho Deportivo y Ocio de Montero Aramburu, es el incremento de las deducciones de los costes totales de producción, los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción, reforma introducida en la Ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude, aprobada el pasado mes de julio.

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"La norma establece una deducción del 30% respecto del primer millón del coste de producción y del 25% a partir del segundo", indica Contreras. Un régimen que en las Islas Canarias es aún más beneficioso, porque se incrementa en un 80%. "Así, en las producciones ejecutadas en el archipiélago, la deducción es del 54% para el primer millón y del 45% en el resto". Unos porcentajes que inciden también en el límite máximo de deducción global aplicable, concluye.

El tiempo dirá si la exigencia de ERC es suficiente para echar por tierra los esfuerzos regulatorios del ejecutivo para atraer producciones audiovisuales. El plan 'España Digital 2025' se había fijado como meta un incremento del 30% de estos proyectos en nuestro país, un objetivo, en todo caso, fijado con anterioridad al acuerdo con los independentistas para salvar el presupuesto.