Díaz ata su destino al sindicalismo y eleva el desafío a Moncloa por la reforma laboral

El frente amplio que está impulsando Yolanda Díaz experimentará este sábado una suerte de momento fundacional. En el 12º congreso de CCOO. La casa en la que creció Díaz y donde pretende poner todas las cartas boca arriba. Las del cordón umbilical de su proyecto con el sindicalismo, que quiere orientar a la defensa de los derechos de todos los trabajadores sin más etiquetas partidistas ni ideológicas, y las de su principal razón de estar en el Gobierno. Esto es, empujar una reforma laboral que, según su relato, busca transformar el mercado de trabajo para acabar con la precariedad. Para ello sacará del circuito del Ejecutivo su pulso no ya con la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sino con Moncloa.

Un salto cualitativo precipitado por las tensiones de las últimas 24 horas, que se revestirá como toda una declaración de intenciones aprovechando el marco congresual de CCOO. Un foro más que simbólico por el que Díaz ha preferido esperar para ofrecer explicaciones. Aún en el ecuador de la legislatura, los actores del Gobierno de coalición comienzan a marcar terreno y buscar su diferenciación mirando al horizonte electoral de 2023.

En el equipo de la vicepresidenta segunda asumen que ha llegado la madre de todas las batallas. La pretensión de Calviño de coordinar la negociación de la reforma laboral como máxima responsable económica del Ejecutivo ha tenido como respuesta un golpe en la mesa de Yolanda Díaz. Fuentes de su entorno lo calificaron como "muy grave". Su lectura, tras las gestiones mantenidas con Moncloa, es que la "injerencia" de la vicepresidenta primera en las "competencias de Trabajo" es una decisión que contaría con el respaldo de Pedro Sánchez.

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El presidente del Ejecutivo intentaba zanjar el debate desde Bruselas, tras asistir al Consejo Europeo, asegurando que "negocia todo el Gobierno". En esta línea avalaba el papel de coordinación reclamado por Calviño y rechazaba que se tratase de una injerencia. “No hay intromisión, lo que hay es colaboración, cooperación, un aporte de todos los ministerios para que salga adelante una reforma”, concluyó.

Su respuesta, sin precedentes, fue apretar el botón rojo solicitando una reunión urgente de la mesa de crisis del pacto de coalición. Hoy pondrá palabras a este desafío. "Va a ser un día sonado, no se va a callar", avanzan quienes conocen sus intenciones. Ni Trabajo ni los sindicatos estaban al tanto hasta la noche del jueves de las intenciones de Calviño de tomar las riendas de la negociación.

Desde el PSOE intentan minimizar el pulso. Si bien se reconoce que el estilo conciliador de Díaz nada tiene que ver con el de su predecesor Pablo Iglesias, por lo que tampoco se ve como una decisión gratuita o simple estrategia comunicativa llevar el conflicto a la arena pública. Fuentes de la dirección del grupo socialista incluso vaticinan que sus socios podrían intentar realizar un debate de totalidad en la mesa de seguimiento, sin circunscribirse solamente a la reforma laboral. La pretensión de marcar distancias de cara al horizonte electoral de 2023 comienza a condicionarlo todo.

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La visibilización de este conflicto está acompañado por la amenaza de las fuerzas sindicales de promover movilizaciones si se suaviza la reforma laboral. Se descarta llegar al extremo de una huelga general, pero se asume cada vez como más inevitable trasladar la presión a la calle. En este contexto, el pulso de Díaz no es baladí. Tampoco el lado en el que se coloca. Desde su entorno entienden que es el momento de trasladarlo al terreno de la sociedad y las organizaciones por las limitaciones que estaría encontrando dentro del Gobierno.

Un juego de contraposiciones en el que indirectamente se intenta situar a Calviño y a los socialistas del lado de la CEOE. Toda vez que Díaz lo hace del lado de los sindicatos. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, salió en defensa de Calviño, mientras que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, le había reprochado previamente que se refiriese a las negociaciones mantenidas hasta ahora como "contactos preliminares".

La determinación de Trabajo es sacar adelante la reforma en los plazos previstos, por lo que ya avisaron de que se aprobará con o sin el acuerdo de la patronal. En el Ministerio de Asuntos Económicos indicaban por su parte que no contemplan sacar adelante esta reforma sin el acuerdo de los agentes sociales. Entre ambos departamentos hay diferencias tanto de fondo como de forma, comenzando por el debate terminológico de si el proyecto supondrá la 'derogación' de la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012, como ha defendido Díaz y rechazado Calviño. Una expresión más política que jurídica.

Cambio de paso en la coalición

El Gobierno de coalición no está en peligro. Lo que sí cambia es el paso de la legislatura, con los socios intentando diferenciar sus caminos. El paso fin de semana fue el PSOE quien dio un salto a la centralidad en su 40º Congreso Federal, soltando el lastre de los morados. Estos últimos, por su parte, habían redefinido su hoja de ruta la semana anterior. Un "punto de inflexión", según lo calificaban fuentes de la dirección del partido para renovar su hoja de ruta y "rearmarse ideológicamente" de cara al horizonte electoral de 2023. Como colofón recogieron sus conclusiones en el manifiesto 'Defender lo logrado, ir a por más', del que subyace un cambio en el relato como socio minoritario, tratando de visibilizar sus distancias con los socialistas, señalar las limitaciones de cogobernar con ellos, marcar terreno y, en definitiva, engrasar la maquinaria electoral. El hito de los próximos Presupuestos, previsiblemente los últimos de la legislatura, marcan el final de esta en cuanto a desarrollo de grandes medidas programáticas.

Las ideas fuerza son que al PSOE hay que empujarlo para conseguir transformaciones sociales, de ahí que se defienda la decisión de entrar en el Ejecutivo, que Unidas Podemos debe tener la fuerza electoral suficiente para liderar el bloque progresista y garantizar así cambios más profundos, y finalmente ponerse en valor como el actor clave que rompió el bipartidismo y la cláusula de exclusión de la izquierda alternativa en el Consejo de Ministros con el objetivo de conservar su "enorme patrimonio" en el nuevo proyecto de Yolanda Díaz.

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En el 40º Congreso Federal del PSOE, Sánchez consumó un giro a la centralidad, alineado con los barones y el expresidente Felipe González. Un paso atrás para coger impulso electoral desde la moderación cuando todas las encuestas, incluidas el Observatorio Electoral de El Confidencial y el CIS, reflejan un acercamiento de los populares a Moncloa. En la primera jornada del congreso ya fue significativo el acogimiento de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sin carné del PSOE y representante del ala más ortodoxa en lo económico del Consejo de Ministros. Enfrentada a las posiciones más transformadoras que representa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la también ministra de Economía sacó pecho del éxito de los ERTE, arrebatando una de las banderas de Unidas Podemos, y opacó en el inicio del cónclave al resto de ministros económicos.

Después fue Sánchez quien en su discurso de cierre del cónclave suyo el compromiso de derogar la reforma laboral, sin explicar si será dura o blanda. Ni una mención a Díaz, la encargada de ejecutar este compromiso adquirido con Bruselas en el plan de recuperación.

La meta es el centro, ese amplio espacio que representa un proyecto socialdemócrata y que otorgó las victorias electorales tanto a González como a José Luis Rodríguez Zapatero. Y ese es el terreno por el que quiere caminar Sánchez, en búsqueda del antiguo votante de Ciudadanos que está aglutinando el PP en la mayoría de comunidades autónomas. A año y medio de que comience el ciclo electoral de 2023, las hojas de ruta de los socios de coalición comienzan a bifurcarse. La legislatura cambia de fase.