Sánchez deja en el aire el plazo de la reforma laboral que Díaz quiere antes de final de año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reafirmar este lunes el compromiso lanzado en el congreso federal del PSOE de poner punto final a la reforma laboral del PP de 2012. Un compromiso de reformar el mercado de trabajo en España adquirido con Bruselas en el plan de recuperación del que dependen los fondos europeos. Lo que sí ha evitado durante una entrevista en la Cadena SER es concretar su calendario de implantación, preguntado sobre si dicha reforma estaría lista esta legislatura, aun mostrándose optimista porque así sea. La vicepresidenta segunda y responsable de desarrollar este compromiso, Yolanda Díaz, defiende en cambio que la reforma laboral debe pasar por el Consejo de Ministros antes de final de año con la prioridad de que su tramitación parlamentaria remate antes de acabar la legislatura. Así lo ha trasladado, además, a la Comisión Europea.

Para Trabajo este calendario es inamovible, según apuntaban a este diario fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Tanto es así que estas mismas fuentes avanzaban que la reforma comprometida con Bruselas en el plan de recuperación se aprobará con o sin el acuerdo de la CEOE. El asunto se está discutiendo en la mesa de diálogo social, pero Díaz no quiere que el debate se demore en el tiempo y ya ha puesto plazos. También los sindicatos. Este mismo fin de semana, durante su intervención en el congreso de los socialistas, los secretarios generales de CCOO y UGT insistían en sacar adelante cuanto antes esta reforma.

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La tramitación parlamentaria será compleja y pretende acelerarse lo máximo posible para que los resultados de la reforma lleguen al mercado laboral, con el objetivo central de reducir la temporalidad, en el menor tiempo posible. Sobre el calendario ya se produjeron discrepancias dentro del Gobierno, con sectores que apostaban por retrasarla más, y el presidente del Gobierno parece haberse inclinado por no fijar plazos.

Otra de las cuestiones que Sánchez ha dejado en el aire es si la reforma laboral será dura o blanda. El líder del Ejecutivo se ha limitado a repasar los objetivos de la reforma incluidos en los componentes del plan de recuperación. Esto es, abordar "problemas endémicos" del mercado de trabajo como serían, según enumeró, la temporalidad, la precariedad, el paro juvenil, la indefinición de las políticas activas de empleo o el "desacople" entre lo que demandan las empresas y la oferta del mercado.

Para combatir estos problemas del mercado laboral, el plan de reformas estructurales condicionado a los fondos europeos que el Gobierno enviará a Bruselas recoge el compromiso en materia laboral de "simplificar los tipos de contratos laborales disponibles". La reforma de las políticas activas de empleo recogidas en el plan de recuperación incluyen asimismo el desarrollo de nuevos instrumentos, como un fondo para la generación de empleo y una evaluación continua de las estrategias de inserción laboral.

Sus líneas maestras, sobre las que ahora se discute con los agentes sociales, trazan la reducción de los tipos de contratos a un total de tres, una revisión de la regulación de las subcontratas a efectos de limitarlas, la creación de instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad, el impulso de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, así como la simplificación y racionalización de los incentivos a la contratación, modernizando la negociación colectiva.

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Todo está por desarrollar. El documento evita desarrollar en profundidad las medidas y deja fuera los aspectos de la anterior reforma laboral del PP que se pretenderían derogar. La referencia al nuevo Estatuto de los Trabajadores coincide con el programa que prioriza la vicepresidencia económica, que dirige Nadia Calviño.

Los tipos de contratos se reducirán a estable, temporal y de formación/prácticas, previsiblemente eliminando las diferentes modalidades en cada uno de ellos al endurecer los requisitos. Así, en el documento que orienta las reformas vinculadas a los fondos europeos se recoge que se asegurará que "los contratos temporales responden a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación". El contrato estable se enfoca "para el conjunto de las actividades" y el de formación "para la inserción, en particular, en el mercado laboral".

La reforma laboral propuesta plantea también la creación de nuevos instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido, consolidando los ERTE, y la alta temporalidad. Para ello, se propone el ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias y el acompañamiento de procesos estructurales de transición en sectores en reconversión.

El propio documento avanza que todas estas reformas en el mercado laboral se tratarán en la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios, "con el fin de llegar a soluciones equilibradas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin generar rechazo social y efectos secundarios indeseados". De los acuerdos en las diferentes mesas de trabajo entre Gobierno y agentes sociales saldrían las bases para el nuevo Estatuto de los Trabajadores.