Sánchez y Puig surfean los temas calientes y refuerzan su idilio de cara a las urnas

Hay una anécdota que retrata perfectamente el cambio de ciclo de la relación del líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Ximo Puig y la federación socialista valenciana, la segunda en militantes tras Andalucía. Hace cuatro años, en el congreso de 2017 que refrendó a Sánchez como secretario general en pleno pulso con Susana Díaz, un único valenciano fue designado miembro de la mesa organizadora del cónclave. Se trataba de Rafa García, alcalde de Burjassot. En la última jornada de aquel encuentro, hizo pública su intención de retar a Puig como candidato alternativo a la Secretaría General del PSPV. La 'vendetta' del sanchismo contra Puig por su alianza susanista se saldó con una victoria del hoy barón socialista, pero a costa de salir debilitado internamente por el aspirante, apoyado por Ferraz y su secretario de Organización, José Luis Ábalos, que arrancó un 42% de apoyos. Ojo por ojo.

Cuatro años después, todo es muy diferente. El de Morella arrancó el 40º Congreso Federal del PSOE el viernes como presidente de la mesa, un puesto honorífico, acorde a su condición de anfitrión en Valencia, pero muy simbólico. Ábalos, alejado del Gobierno, de Ferraz y de Sánchez, apenas se dejó ver, sentado en segunda fila como miembro de la ejecutiva saliente. Rafa García ejerció de modesto delegado, sin ningún protagonismo en el cónclave. En el juego de las sillas del PSOE, Sánchez sigue siendo el líder, ahora indiscutido, pero nada es igual bajo sus pies.

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La desconfianza y la distancia entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat han quedado atrás para transformarse en una relación fluida, con comunicación periódica, siempre dentro de las peculiaridades de una personalidad tan rocosa como la de Sánchez. Ambos han sellado un pacto de intereses mutuos. Una alianza, táctica y estratégica, que tiene como objetivo reforzar el PSOE en España y en la Comunidad Valenciana, y que está muy condicionada por el calendario electoral. Si en abril de 2019 Puig dio el paso de salirse por primera vez del carril de las municipales para sumar fuerzas con Sánchez fusionando autonómicas con generales, todo indica que esa coincidencia no se dará en la próxima convocatoria con las urnas. Sánchez quiere agotar la legislatura (noviembre de 2023) y Puig trabaja también en prolongar su mandato todo lo posible. Ha encargado informes jurídicos para explorar incluso un retraso de abril a mayo de 2023 para sumar de nuevo con las locales y aprovechar la posición de ventaja que los socialistas tienen en la política municipal.

La decisión sobre cuándo apretar el botón electoral no está tomada. No se descarta tampoco un adelanto a otoño de 2022. La cuestión es que el resultado valenciano se conocerá antes de las generales y Sánchez no puede permitirse perder una autonomía de presidente socialista, toda vez que se da por hecho que Andalucía y Castilla y León servirán al líder del Partido Popular, Pablo Casado, para reivindicar el cambio de ciclo y el cambio en la Moncloa como siguiente paso.

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El nuevo 'statu quo' ha tenido reflejo en la ejecutiva federal. Además de Ábalos, han dejado la dirección Alejandro Soler y Susana Ros, sanchistas de primera hora. En su lugar, han entrado personas de la confianza de Puig, como el que fue su jefe de gabinete y actual 'conseller' de Política Territorial, Arcadi España, y la ministra de Ciencia, Diana Morant. La diputada de Alcoi (Alicante), Patricia Blanquer, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, completan el póquer valenciano. No será la federación más numerosa: Andalucía, con ocho puestos, y Madrid, con seis, lideran la carrera de las cuotas territoriales. “Estamos muy satisfechos, no sólo por la presencia de los y las socialistas valencianas en la nueva Ejecutiva, sino también por la fraternidad y la capacidad de acuerdos de nuestro partido”, subrayó, en cualquier caso, el dirigente autonómico.

Para el PSPV-PSOE, hubiera sido un espaldarazo claro el compromiso rotundo de la ponencia política con la llamada 'agenda valenciana'. El resultado del congreso en términos políticos es agridulce. Aunque ha habido gestos, Ferraz ha optado por tratar de esquivar los asuntos más calientes, los que generan más roces territoriales, para no empañar la imagen de unidad interna que pretendía que fuera el sello del congreso. El conflicto del agua entre castellanomanchegos, murcianos y valencianos se ha saldado en la ponencia política con una formulación descafeinada tras no admitir ni una enmienda de Albacete, que reclamaba la autosuficiencia de cuencas, ni tampoco las exigencias de las dos autonomías receptoras del trasvase Tajo-Segura para que el documento blindase la infraestructura.

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Las enmiendas valencianas apostaban también por un reconocimiento de la deuda derivada de la infrafinanciación y por un compromiso por el factor poblacional en la reforma del modelo de financiación. La transaccional pactada hace un explícito reconocimiento de la necesidad de reformular el sistema de reparto de recursos lo antes posible y aboga por un modelo que se traduzca en "un nivel equivalente de servicios públicos", con independencia del lugar de residencia. No aparece la palabra 'población', aunque sí la frase de que la financiación "tenga en cuenta el coste real de la prestación de servicios", como reclaman los territorios de la llamada España despoblada. Eso sí, queda negro sobre blanco que "el actual sistema de financiación condena algunos territorios a una situación de infrafinanciación".

En el Palau valenciano, se valora mucho el compromiso del Gobierno con iniciativas que han salido de la factoría de ideas del equipo de Ximo Puig, especialmente las relacionadas con el modelo territorial. Que Moncloa haya hecho suya la estrategia de la desconcentración de instituciones del Estado, de la que queda por ver cómo se implementará, se considera un hito histórico y un gesto de valentía de Sánchez. Puig aspira a un debate político desmadrileñizado, en el que se tengan en cuenta asuntos poco habituales en la agenda que se genera en el kilómetro cero español. Y el presidente del Gobierno parece haber cogido el guante.