Sánchez cierra filas con Calviño frente a Yolanda Díaz en la crisis por la reforma laboral
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En la capital comunitaria

Sánchez cierra filas con Calviño frente a Yolanda Díaz en la crisis por la reforma laboral

El presidente del Gobierno descarta las acusaciones de “injerencia” por parte de Unidas Podemos, pero apoya que será necesario un acuerdo sobre la reforma laboral a finales de año

Foto: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Cada vez que habla Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, lo hace no solamente como ministra de Economía, sino también en su papel de puente con la Comisión Europea. Su oposición a la posibilidad de derogar por completo la reforma laboral, es la oposición de Bruselas. Y eso, en tiempos de llegada de fondos europeos, es muy relevante.

En la capital comunitaria está precisamente Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, cuando se ha producido en último choque entre Calviño y Unidas Podemos, después de que la vicepresidenta se negara este jueves a aceptar la derogación completa de la reforma laboral que exige Unidas Podemos, y que a la que el propio Sánchez se comprometió a ponerle “punto final” en el Congreso del partido en Valencia la semana pasada, y apostara por un “paquete equilibrado”.

Foto: Ione Belarra. (EFE)

El partido morado acusa a la antigua directora general de la Comisión Europea de una “injerencia” de carácter “grave”, asegurando que Calviño ha asumido un dossier que está bajo el control de Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo. Por eso, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, ha anunciado que la formación “solicita una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre el PSOE y UP”.

“No hay intromisión, lo que hay es colaboración, cooperación, un aporte de todos los ministerios para que salga adelante una reforma”, ha explicado Sánchez en una rueda de prensa posterior a la finalización del Consejo Europeo de octubre. “Es una reforma estructural, que afecta a muchísimos ministerios, al menos a cinco”, ha subrayado el presidente del Gobierno. “No es intervenir, es aportar, colaborar. Es la reforma del Gobierno de España y por lo tanto son todos los ministerios que están afectados los que tienen que aportar su visión”, ha insistido el líder socialista.

Foto: La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. (EFE)

A la pregunta de quién negocia, si Calviño o Díaz, el líder socialista ha señalado que “negocia el Gobierno”, sin contestar quién lidera las conversaciones. “Aquí estamos hablando de una de las más importantes reformas que tiene todo Gobierno en una legislatura y que afecta a un amplio número de ministerios, y por lo tanto tienen que estar en ese diálogo”, ha explicado. “Que esta es una reforma de todo el Gobierno, y todo el Gobierno aporta, y no es inmiscuirse o intervenir, es aportar”, ha zanjado.

Calendario

El problema tiene muchas aristas. Y poco tiempo para resolverlo. Díaz insiste en que es necesario que la reforma laboral debe estar lista antes de final de este año, porque a eso a lo que se comprometió el Gobierno cuando entregó el plan nacional de reformas e inversiones que da acceso a los 140.000 millones que le corresponden a España del Fondo de Recuperación.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una reunión en Moncloa. (EFE)

Hasta ahora el presidente del Gobierno había sido poco claro sobre si apoyaba ese calendario o no, pero este viernes Sánchez ha señalado que el “Gobierno de coalición está de acuerdo en que antes de que finalice el año se presente la propuesta”. Díaz considera que la urgencia de la reforma requiere que el Ejecutivo esté listo para sacar adelante la reforma sin que la CEOE, algo que Calviño no comparte. Sánchez se ha alineado con su vicepresidenta primera este viernes: “Lo queremos hacer de manos de empresarios y sindicatos”. Pero incumplir el calendario tiene consecuencias: si el Gobierno no cumple con los plazos comprometidos con Bruselas eso haría que el Ejecutivo comunitario tuviera que tomar medidas, como por ejemplo podría ser que el desembolso que se corresponde con los hitos a cumplir en diciembre de 2021, unos 12.000 millones de euros, podría ser únicamente parcial.

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