Canarias perfila una ley antipandemia propia tras acumular varios tropiezos judiciales

Canarias se ha llevado la peor parte, judicialmente hablando, de esta quinta ola del coronavirus. Ni el Tribunal Superior de la comunidad ni el Supremo avalaron el toque de queda solicitado por el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres y hace una semana se le prohibía exigir el certificado covid para el acceso a locales de hostelería, gimnasios y recintos culturales en la isla de Tenerife. Por eso, en un intento de tener mayor cobertura legal a la hora de adoptar medidas para la prevención y reducción de contagios, el Ejecutivo perfila una norma propia para combatir la pandemia.

El objetivo, según ha explicado Torres tras la reunión del Consejo Asesor del Presidente, es que la ley esté lista a mediados de este mismo mes. "Estamos trabajando en una norma que regule todas las medidas sanitarias para tener la máxima cobertura jurídica posible. Los servicios de la Consejería de Sanidad están analizando lo hecho en otras comunidades, aprendiendo de otras experiencias. El objetivo es tener una norma que nos permita, en función de la situación epidemiológica de cada isla, tomar una u otra decisión", ha defendido. No obstante, el dirigente canario no ha ofrecido detalles sobre qué tipo de restricciones contemplará la ley y en qué supuestos.

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Los modelos en este terreno son escasos. Tras año y medio de crisis sanitaria, solo tres regiones, Galicia, País Vasco y Aragón, con una experiencia dispar, han aprobado una ley específica para el control de la pandemia, algo que tampoco garantiza poder aplicar cualquier tipo de restricción.

Por ejemplo, el artículo más polémico de la norma gallega, en el que se establecía la vacunación obligatoria y otras medidas como la posibilidad de imponer cierres perimetrales o limitar las reuniones sociales, quedó sin efecto en el mismo momento en que el Gobierno central interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional. El conflicto no se resolvió hasta finales de julio, cuando el Ejecutivo de Sánchez y el de Feijóo acordaron la inclusión de una disposición adicional en la que se especifica que la vacunación debe ser voluntaria mientras no se modifique la ley orgánica estatal.

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En el caso del País Vasco, quiso el calendario que coincidiese la votación de la norma en el Parlamento autonómico con la flexibilización del uso de mascarillas en la calle acordada por el Gobierno central. Y precisamente la ley que salió de la cámara de Vitoria era más restrictiva en esta cuestión, por lo que el lendakari, Iñigo Urkullu, reconoció que tendría que aprobar un nuevo decreto para matizar ese punto.

Un criterio único

"Que se pongan de acuerdo los jueces. Lo más importante es que los jueces no tengan criterios distintos", pedía Torres el pasado viernes tras la Conferencia de Presidentes. El dirigente canario criticaba la disparidad de criterios que los magistrados, en función de una autonomía u otra, han mantenido ante medidas similares. “Lo que no puede ser es que la misma ley aplicada en Canarias tenga en un juzgado una interpretación diametralmente distinta, absolutamente contraria, a la que hay en otras comunidades”, lamentó.

Desde que decayó el segundo estado de alarma, ninguna otra comunidad ha tenido que hacer frente a tantos tropiezos judiciales como Canarias. Mientras este pasado julio, Valencia, Cataluña o Cantabria veían cómo sus respectivos tribunales superiores les daban luz verde para la aplicación de un toque de queda en aquellos municipios con peores datos, el archipiélago, que fue el primero en solicitarlo, se veía obligado a recurrir ante el Supremo.

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Por eso, Torres ha defendido este jueves que de haber podido emplear medidas que los tribunales han desestimado, se hubiese podido doblegar antes la curva de contagios. Las islas empiezan a ver ahora cómo las cifras mejoran. Este jueves, se han notificado 820 casos, 152 menos que los que se contabilizaban hace una semana, siguiendo con la tendencia descendente registrada a lo largo de los últimos días. Por su parte, la incidencia acumulada a 14 días roza los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

La futura ley de Canarias llegará, además, en un momento clave: tras un verano renqueante en el plano turístico, el archipiélago tiene ahora puestas todas sus esperanzas en la temporada alta de los meses de otoño e invierno.