El Gobierno se enfrenta a Feijóo por la vacunación obligatoria

La vacunación obligatoria prevista en la Ley de Salud de Galicia no ha gustado a los movimientos antivacunas, pero tampoco a la oposición en el Parlamento gallego, que votó en contra, ni al Gobierno de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros ha acordado solicitar un informe al Consejo de Estado ante las dudas sobre la constitucionalidad de la reforma legal, por lo que pueda suponer de restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales, pero también por considerar que invade competencias estatales y contradice la estrategia de voluntariedad de las vacunas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, niega que la ley establezca la obligatoriedad, aunque la nueva norma le faculte para ello.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya había advertido que la norma gallega, que entró en vigor el pasado 27 de febrero, podría “limitar derechos fundamentales”. Esa es la razón por la que el Consejo de Ministros de este martes acordó solicitar al Consejo de Estado un dictamen sobre la posible inconstitucionalidad de varios de sus apartados. La nueva norma es una reforma de la Ley de Salud de Galicia de 2008 que, entre otras modificaciones, establece que las autoridades sanitarias autonómicas podrán adoptar medidas preventivas entre las que se encuentran “la vacunación o inmunización” de la población, “con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas”.

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La reforma legal incluye otras modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de la salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por distintos departamentos ministeriales. El informe ha sido solicitado con carácter de urgencia a la comisión permanente del Consejo de Estado, que tiene hasta el 23 de marzo para emitir un dictamen. En función de lo que decida, el Gobierno se reserva la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad, para lo que cuenta con un plazo que finaliza el 26 de mayo.

El artículo en el que se establece la vacunación obligatoria, cuya lectura “correcta” recomendó este miércoles el presidente gallego, es el 38. En él, se prevé que “las autoridades sanitarias autonómicas, dentro del ámbito de sus competencias, cuando así lo exigiesen razones sanitarias de urgencia o necesidad”, podrán adoptar determinadas medidas preventivas, entre las que se incluye el “sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización”. En el capítulo de infracciones, la norma gallega tipifica “la negativa injustificada al sometimiento a medidas de prevención consistentes en la vacunación o inmunización prescritas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en la presente ley”.

"No se obliga a nadie"

Feijóo insiste en que esta redacción no permite concluir que se establezca la inmunización obligatoria. Preguntado por el informe del Consejo de Estado y el eventual recurso de inconstitucionalidad, reiteró que la Xunta “no obliga a vacunar a nadie”, y solicitó una lectura “correcta y contextualizada” del artículo 38. Según su interpretación, la ley se limita a detallarle a las autoridades sanitarias gallegas “cómo deben actuar” en el caso de que fuese obligatoria “porque hay una ley orgánica u otro tipo de normativa de derechos fundamentales” que así lo establezca. “No nos corresponde a nosotros tomar esa decisión, porque no tenemos competencias”, apuntó.

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En todo caso, el presidente de la Xunta considera que ha abierto un debate “muy procedente”, ya que en determinados países existen inmunizaciones de carácter obligatorio. En España no existe ninguna que lo sea, aunque el juez puede dictaminar su administración forzosa en caso de que exista un problema de salud pública. Ya en noviembre, Feijóo se mostró partidario de la vacunación obligatoria cuando formuló una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Salud en la que proponía adelantarse para que, cuando se dispusiese de los antídotos, “la vacuna obligatoria no sea una cuestión que tengamos que judicializar, sino que sea una cuestión que la ley orgánica prevé expresamente”.

Comisión bilateral

El presidente de la Xunta se mostró extrañado por la decisión del Gobierno de Sánchez de encargar el informe al Consejo de Estado. “Nos sorprende que, antes de llamarnos o establecer una comisión bilateral, decida pedir informe. Supongo que no tomará ninguna decisión de recurrir sin reunirnos en una comisión bilateral, como viene siendo habitual cuando hay una discrepancia con una ley autonómica”, reclamó.

El presidente gallego apela a la asesoría jurídica de la Xunta, que, como su propio Ejecutivo, está “convencida” de que la reforma “no infringe ninguna ley estatal ni por supuesto la Constitución”. “Lo que hacemos es llenar un vacío legal que el Gobierno se negó a llenar aprobando una ley para gestionar la pandemia. Lo que hacemos es proteger la salud y la vida de los gallegos, que es nuestra responsabilidad”. “Es una ley muy sólida, supervisada por los mejores letrados de la Xunta y su letrado jefe, y lo que venimos a hacer es llenar un vacío que llevamos un año reclamando: que tengamos seguridad jurídica, cosa que no tenemos”, señaló.

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El Gobierno, en cambio, impugna la norma por considerar que introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que según la Constitución se reservan a una Ley Orgánica, por lo que solo puede ser dictada por el legislador estatal. Según la solicitud del informe, la norma también puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del vigente estado de alarma, las comunidades autónomas ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria como si fueran facultades correspondientes a la “gestión ordinaria”, de su competencias, señala el Ejecutivo.

Entiende además el Gobierno de Sánchez que la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse no considera la Estrategia de Vacunación frente a Covid-19 en España, aprobada en enero por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de obligado cumplimiento, y en el que se establece la inmunización como voluntaria.

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La reforma de la ley gallega, tramitada en forma de proposición de ley del Grupo Popular por el procedimiento de urgencia, se aprobó el 23 de febrero con los únicos votos del PP. Nacionalistas y socialistas rechazaron la norma por considerar que ataca derechos fundamentales y libertades públicas. Permite por ejemplo al Servizo Galego de Saúde (Sergas) restringir la circulación y movimiento de personas, las entradas o salidas a una zona o el número de asistentes a una reunión. La oposición ha criticado a Feijóo por abordar “un problema de salud pública como si fuese un problema de orden público”, o por “someter a Galicia a un estado de alarma permanente, regular derechos y restringir libertades aprovechando una época de incertidumbres, miedos y desasosiegos”.

Los movimientos antivacunas también se han movilizado contra el texto legal, con panfletos que circulan por las redes sociales y con un aluvión de mensajes en la web del Parlamento que se refieren a la norma como “la Ley Auschwitz”. Son criticas relacionadas no solo con la obligatoriedad de las vacunas, sino, entre otras disposiciones, con el control de enfermos contagiosos en domicilios, hospitales u “otro lugar adecuado para tal fin”.