Las CCAA rebajan la euforia de Sánchez: exigen más vacunas y más seguridad jurídica

Mayor seguridad jurídica. Y más vacunas. Estas son las dos principales reclamaciones que en materia sanitaria trasladarán las comunidades a Pedro Sánchez este viernes en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Salamanca. Los dirigentes autonómicos llegan al encuentro tras un mes en que la gestión de la pandemia ha sido una especie de ‘sálvese quien pueda’ mientras los casos explotaban entre los jóvenes. Frente al argumento del presidente de que no hace falta más respaldo jurídico del que ya existe, como repitió ayer, que basta con la Ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y encomendarse al tribunal superior de turno para frenar los contagios, el de los mandatarios regionales es otro muy distinto: es necesaria una norma específica, un marco común que no suponga estar al albur de la Justicia. La última en tropezar con la piedra de la magistratura ha sido Canarias (y ya van cuatro), en esta ocasión por la exigencia de presentar un certificado covid para acceder al interior de los locales de hostelería, culturales y deportivos de Tenerife.

Las comunidades se van a encargar de rebajar la euforia de Sánchez, quien presumió este jueves de que España es “medalla de oro” en vacunación. Y aunque estaba previsto, las regiones del PP llevan semanas reclamando al Gobierno central más dosis y denunciando que, por el frenazo de envíos registrado este mes de julio, la bajada en el ritmo de inoculación ha llegado en un momento crítico, con los contagios desatados entre jóvenes, justo cuando el colectivo debía recibir los primeros pinchazos. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, volvió ayer a insistir en esta demanda y explicó que hoy personalmente se la trasladará a Sánchez. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, planteó la misma cuestión a través de un mensaje en Twitter.

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El segundo gran punto de fricción es la falta de un paraguas, de “un marco jurídico”, según reclamó el lendakari, Iñigo Urkullu, por carta al presidente, para que el conjunto de las autonomías sepa a qué atenerse a la hora de plantear restricciones y no depender del tribunal superior de cada región. Los criterios entre los jueces han sido dispares, y aunque el Supremo ha intentado establecer unas reglas comunes, hay comunidades que sí han podido retomar los toques de queda sin la declaración del estado de alarma, entre ellas, Valencia, Cataluña, Cantabria y Navarra, y otras que no, como Extremadura y la propia Canarias.

“El Gobierno ha desaparecido de la lucha contra la pandemia. No ha hecho sus deberes: dio por finalizado el estado de alarma sin dotarnos a las comunidades de instrumentos para poder gestionar la pandemia sin tener que recurrir a esa excepcionalidad que, por otro lado, ha amparado medidas declaradas inconstitucionales”, criticaban fuentes del Gobierno de Castilla y León la semana pasada en declaraciones a este diario. Y aunque finalmente Urkullu, tras cerrar un acuerdo ‘in extremis’ con el Ejecutivo para el traspaso de la gestión de varios impuestos, estará presente en la Conferencia de Presidentes, los días previos a perfilar ese pacto han estado marcados por el malestar del lendakari al no haber obtenido respaldo a las solicitudes demandadas para frenar los contagios. “La gravedad de la situación exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad”, reprochó a Sánchez.

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Galicia y Castilla y León han sido dos de las regiones que han reclamado insistentemente una ley de pandemias, pero la demanda también se escucha en autonomías gobernadas por el PSOE. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una entrevista en la COPE, planteó la idoneidad de contar con una ley específica. “Para que todas las piezas encajen, probablemente, cuando todo esto pase, tengamos que hacer una ley orgánica para hacer frente a las pandemias”, señaló. De hecho, tres comunidades han aprobado sus respectivas normas: Galicia, Aragón y País Vasco.

Los cuatro tropiezos de Canarias

El recurrir a la Justicia para la aprobación de restricciones más duras ha sido un auténtico quebradero de cabeza para las autonomías. Y todo hace indicar que los problemas judiciales se van a multiplicar con una de las medidas que estaban llamadas a marcar la segunda mitad del verano: la exigencia de presentar un certificado que acredite la pauta de vacunación o una prueba negativa en la detección del covid para el acceso a determinados espacios. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió ayer cautelarmente este precepto tras un recurso presentado por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife.

El TSJC, aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resolvió que los datos relativos a la salud se enmarcan dentro del derecho a la intimidad y, por tanto, no cabe exigirlos "en este contexto".

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El archipiélago y Galicia habían sido las dos primeras regiones en implantar la medida, pero otras comunidades como La Rioja y Cantabria ya estudian cómo aplicarla, también Aragón. Andalucía, Madrid y Baleares, por su parte, no la ven con malos ojos, pero ya han reclamado que el Gobierno central marque un criterio único, común para todas. En primer lugar, por una cuestión de legalidad, y en segundo, para que no haya diferencias entre ciudadanos.

Esta exigencia, después del fallo judicial del TSJC, cobra aún más relevancia. Precisamente, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, desoyendo esa petición, dejó este miércoles en manos de cada comunidad, en el marco de sus competencias, la aplicación o no de esta restricción. Además, no expresó ninguna duda sobre la legalidad de la misma, tan solo advirtió de que el exigir el pasaporte covid de la UE podría traer algún problema porque en su aprobación no se contempló ningún uso alternativo que no fuera el de viajar, si bien valdrían los certificados de las propias comunidades.

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Visto el nuevo frente judicial abierto, el esclarecer esta cuestión se va a convertir en la próxima batalla de las comunidades y tendrá eco este viernes. Habrá que ver si el Gobierno decide tomar la iniciativa y articular un marco común como ya se le está reclamando, o vuelve a depositar en los hombros de cada autonomía la gestión de esta nueva medida.

Por cierto, con este revés judicial, Canarias suma cuatro desde que decayó el segundo estado de alarma. El Tribunal Superior de Justicia de la islas le denegó el pasado mayo prolongar el toque de queda y los cierres perimetrales sin el paraguas de la medida excepcional, tampoco se le han permitido restricciones de aforo en el interior de las hostelería en aquellas islas con un nivel 3 de riesgo, ni el toque de queda que había solicitado para Tenerife y otros municipios por alta incidencia del virus.

La obligatoriedad de vacunarse

Donde no habrá ningún margen de negociación es en la propuesta de decretar la obligatoriedad de la vacunación en los funcionarios —sanitarios, policías, trabajadores sociales...—. Canarias y Cantabria van a poner sobre la mesa la medida, mientras que ninguna otra comunidad la contempla. No hay ley en España que considere ese extremo, y aunque puede haber excepciones, el Gobierno no está dispuesto a transigir en este asunto.

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“España no está teniendo problemas de vacunación. Al contrario, cuando las comunidades abren un tramo de edad, la gente acude mayoritariamente. Puede haber algún problema puntual y si es así, se tendrán que acordar medidas puntuales, concretas para esa situación, pero no una medida con carácter general”, zanjó este miércoles Darias.

Además, el Tribunal Constitucional, a raíz del recurso interpuesto por el Gobierno contra la Ley de Salud de Galicia, que preveía imponer la vacunación obligatoria, resolvió la semana pasada en un auto que no hay cobertura legal para sancionar la negativa a inocularse, cerrando así la puerta a cualquier medida en esta dirección.