La reunión en el TS sobre las restricciones del covid vuelve a mostrar la división de criterios

El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, se reunió este miércoles con los presidentes de las salas de lo Contencioso-Administrativo de los distintos tribunales superiores de Justicia con la intención de coordinar la puesta en marcha del nuevo recurso de casación diseñado por el Gobierno para revisar las distintas resoluciones que han ido sucediéndose desde que el pasado fin de semana decayera el estado de alarma. El encuentro ha servido para dejar de nuevo patentes las diferencias de interpretación que realizan unos y otros sobre el marco legal empleado por las comunidades autónomas para tratar de manejar la alarma.

La cita se producía con la intención de despejar las dudas lógicas que provoca un recurso de nueva creación que, además, quiere ser ágil y rápido. No obstante, más allá de entrar en la aplicación técnica de la novedad, los participantes han intercambiado de manera informal, por vía telemática, los criterios que han reflejado estos días en distintos autos. La intención no era unificar criterios —ya lo hará el Supremo cuando decida sobre los recursos— sino simplemente intercambiar opiniones. Lo que ha quedado más que patente ante las decisiones encontradas dictadas, por ejemplo, sobre el toque de queda, ha vuelto a evidenciarse en su exposición.

Fuentes conocedoras del contenido del encuentro han resumido las distintas posturas en dos grandes grupos que se dividen en un tercer subgrupo. A un lado, con el País Vasco y Aragón a la cabeza, se encuentran aquellos que consideran que la legislación manejada, básicamente la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, no es suficiente para ordenar medidas de ningún tipo y que estas solo caben con un estado de alarma. Estos dos tribunales ni siquiera consideran competentes a sus comunidades para imponer medidas sanitarias.

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Al otro, los tribunales que defienden que la norma del 86 es paraguas suficiente y que las CCAA son competentes para dictar restricciones, pero que discrepan en la valoración del nivel permisible de limitación de derechos fundamentales. Los TSJ están analizando las restricciones impuestas en función de su necesidad (es decir, si existen métodos menos lesivos que tengan el mismo efecto) y su proporcionalidad (mediante la que se realiza un balance para determinar si la restricción o lesión de derechos de los ciudadanos es adecuada a la situación analizada). Algunos, como Madrid, consideran por ejemplo que las limitaciones menores, como aquellas que afecten a grupos de población reducidos, deben autorizarse, mientras que las más graves, como los toques de queda o los confinamientos perimetrales amplios, no.

Reforma de la legislación

A pesar de las diferencias, hay un punto en el que todos están de acuerdo. Defienden la necesidad de una "actualización" de la legislación sanitaria para adaptarla a la pandemia que evitaría —dicen— esta multitud de visiones distintas. La misma reivindicación es constante tanto desde los gobiernos regionales como desde los partidos de la oposición.

Durante el encuentro, al que también ha asistido Pablo Lucas, presidente de la sección que se encargará de los recursos, se ha concretado la forma de comunicar de manera rápida la presentación de un recurso. Los TSJ darán orden a sus secretarías para que los remitan al TS de forma prácticamente automática una vez se registren. Desde su notificación, el alto tribunal tiene ocho días para la fase de tramitación y resolución.