Las CCAA preparan el día después del estado de alarma sin un colchón legal

Las comunidades autónomas enfilan la recta final del estado de alarma con la incertidumbre de cómo podrán controlar las restricciones a la movilidad después del 9 de mayo. En la madrugada del sábado al domingo, si el Gobierno de la nación no cambia de posición, decae el decreto que entró en vigor el pasado octubre. A partir de entonces, las comunidades deberán pedir el aval de sus tribunales superiores de Justicia para limitar derechos fundamentales en caso de un nuevo repunte del covid. Podrían, según algunos juristas, pedir autorización a sus tribunales superiores de Justicia para imponer, por ejemplo, un toque de queda concreto en un municipio delimitado si argumentan una elevada incidencia de la enfermedad, pero no podrán hacerlo de forma general para toda la región, explican la inmensa mayoría de los juristas. Y aun así, la decisión última es del juez y no hay una posición unánime entre los expertos en derecho constitucional.

La norma que ahora expira ha permitido a las comunidades en estos meses moverse en la pandemia con una especie de estado de alarma a la carta, más flexible que el anterior, aprobado en marzo. En esta etapa, cada Gobierno regional ha podido modular sus restricciones en función de la incidencia de la enfermedad, pero con el respaldo legal de un estado de alarma aprobado por el Congreso. Gracias a ese marco normativo, se permitía con total seguridad fijar un toque de queda, obligando a vaciar las calles antes de la medianoche, y cerrar perimetralmente las comunidades, provincias o municipios, en caso de alta incidencia. El decreto en vigor facilitó a las comunidades fijar una especie de semáforo, que directamente disponía medidas más o menos restrictivas según una serie de factores que medían la incidencia de la enfermedad, desde la ocupación de camas o UCI a la tasa de contagios, el índice de reproducción del virus o su incidencia por cada 100.000 habitantes. La cobertura legal de esas restricciones estaba garantizada.

Una normativa de apoyo

A partir del domingo, las comunidades no dispondrán de este instrumento legal y son muchos los presidentes autonómicos que han pedido alternativas para tener mayor respaldo en sus decisiones. Desde la prórroga del estado de alarma hasta la modificación de la ley de salud pública. El Gobierno de la nación insiste en que hay capacidad normativa suficiente en manos de las comunidades para seguir controlando la pandemia sin instrumentos excepcionales. La mayoría de presidentes discrepa. En sus manos quedan instrumentos para restringir horarios comerciales o de la hostelería o decisiones que afecten a la educación o la sanidad, pero no pueden limitar derechos fundamentales, como la libertad de movimientos, argumentan. Algunas comunidades trabajan en decretos propios con los que quieren ganar competencias y seguridad jurídica para actuar. No obstante, Galicia ya aprobó una reforma de su ley de salud pública que fue recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno de la nación y quedó suspendida.

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Agencias

Aunque el Gobierno insiste en que, aun pasadas las elecciones madrileñas, no adoptará ninguna otra medida y dejará caer el estado de alarma sin más, desde las comunidades no acaban de creerlo. Creen que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos acabará por aprobar algún tipo de medida complementaria o transitoria para no dejarlos 'desnudos' ante la pandemia.

Decretos autonómicos

El Gobierno que con más énfasis ha pedido alternativas a la caída del decreto de alarma es el vasco, ya que en Euskadi la incidencia sigue siendo muy alta. Están trabajando en un decreto con medidas, avanzó el lendakari, Iñigo Urkullu, que lamentó que todavía no ha recibido una respuesta del presidente del Gobierno a su solicitud por escrito para prorrogar el estado de alarma y que por ello su Ejecutivo trabaja en lo que "está en su mano" para preservar la salud individual y colectiva de los vascos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no pierde "la esperanza" de que en estos días el Gobierno tramite de urgencia una modificación de la Ley de Salud Pública o de aquellas normas que considere más acordes para que las comunidades autónomas tengan un respaldo jurídico y no estén "desnudas" a la hora de restringir la movilidad. "Espero que después de mañana tome una decisión rápida y urgente que nos dote de seguridad jurídica, si eso no sucediera, sería un gran error", sostuvo. El presidente de Andalucía explicó que a partir de la semana que viene, si quiere restringir la movilidad en un municipio que tenga una tasa por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, deberá acudir a la Justicia, que se pronunciará en cada caso concreto. “Las comunidades a partir del lunes estamos maniatadas”, se quejó Moreno.

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J. R. S.

Desde Cataluña, el 'conseller' Miquel Sàmper sostuvo que la voluntad del Gobierno catalán es que el toque de queda nocturno decaiga "totalmente" con el fin del estado de alarma. El Govern aprobará un decreto para poderlo instaurar de nuevo si los datos pandémicos empeoran. De momento, si la tendencia sigue "a la baja" en Cataluña, su Gobierno considera que no habrá que aplicar "medidas adicionales".

La Junta de Castilla y León decidirá el jueves, en Consejo de Gobierno, qué medidas adopta a partir del 9 de mayo, aunque mantendrá las que recoge el actual semáforo por indicadores de incidencia, con el cierre del interior de la hostelería a partir de los 150 casos a dos semanas por 100.000 habitantes. Estudian qué medidas sí pueden tomar las comunidades dentro de sus competencias, como limitaciones de horarios, de reunión o a la hostelería.

También será el jueves cuando el comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del miércoles, adopte "medidas concretas" ante la finalización del estado de alarma.

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Isabel Morillo. Sevilla

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de que Galicia estará "muy atenta" para ver si el Gobierno, igual que hizo con la nueva ley de salud de Galicia, decide recurrir las leyes similares que pretenden aprobar esta semana otras comunidades como Euskadi o Cataluña. El Gobierno logró suspender la normativa específica en materia de sanidad aprobada en Galicia. "Lamento que el Gobierno central no legisle ni deje legislar a las comunidades autónomas", sostuvo.

Uso de mascarilla, obligatorio

El Gobierno de Castilla-La Mancha está a favor de que decaiga el cierre perimetral de la comunidad, pero es partidario de mantener otras medidas para evitar los contagios de coronavirus, como el uso de la mascarilla y el toque de queda. En realidad, el uso de la mascarilla ya está regulado de forma obligatoria en otro decreto del Gobierno al margen del estado de alarma. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, explicó que esta misma semana firmará un decreto con las medidas frente a la pandemia de covid-19 cuando termine el estado de alarma. "Seguimos creyendo en el uso de la mascarilla, el toque de queda, y otras, como medidas eficaces en este tiempo de transición hasta una vacunación universal", sostuvo García-Page.

La Rioja tampoco repondrá las restricciones que caen el domingo, pero sí implantará un nuevo semáforo según indicadores para imponer, si es necesario, diferentes restricciones. Así lo explicó la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, en una conferencia informativa, tras diferentes reuniones con alcaldes, grupos parlamentarios, sindicatos y empresarios.