El PP negocia con los socios del Gobierno aprobar un plan alternativo a la alarma
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SÁNCHEZ SE QUEDA SOLO EN SU POSICIÓN

El PP negocia con los socios del Gobierno aprobar un plan alternativo a la alarma

El Grupo Popular en el Congreso mantiene contactos con PNV, ERC o PDeCAT para explorar la posibilidad de consensuar una reforma. Hay intercambio de papeles y el objetivo compartido de un plan B

placeholder Foto: Pablo Casado y Cuca Gamarra. (EFE)
Pablo Casado y Cuca Gamarra. (EFE)

El Grupo Parlamentario del PP en el Congreso ha comenzado contactos con los socios del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante el plan B jurídico propuesto desde hace meses por Pablo Casado, con el que pretende dar herramientas a las comunidades autónomas una vez decaiga el estado de alarma. Dado que el presidente insiste en que su intención, a partir del 9 de mayo, es no prorrogar la situación de excepcionalidad, la pelota recaerá una vez más en las autonomías, preocupadas por no poder mantener instrumentos eficaces para frenar los contagios, como el toque de queda o la limitación de movilidad.

Ambas cuestiones solo pueden llevarse a cabo bajo el paraguas del estado de alarma o con el aval de los jueces de cada Tribunal Superior de Justicia, que deberán estudiar caso por caso. Podría volver a darse la situación vivida durante el pasado verano, cuando los jueces de unas comunidades daban su autorización para determinadas restricciones que en otros territorios quedaban neutralizadas. Precisamente por esta incertidumbre y después de que el Consejo de Estado también insistiera en que la legislación actual presenta "carencias", el PP ha vuelto a la carga con su alternativa jurídica.

Aunque el Gobierno la rechaza de plano, ya son varios grupos parlamentarios los que mantienen interlocución con el PP y se han abierto a estudiar la propuesta. Los contactos los está encabezando la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Algunos grupos como el PNV tienen la propuesta completa de los populares desde hace muchos días y, según ha podido saber este diario, hay contactos muy fluidos sobre el asunto. Intercambio de papeles, matices a la proposición de ley de los populares y mejoras técnicas. El PNV ya apoyó la iniciativa del PP el pasado noviembre, cuando el Congreso la tumbó por no contar con los votos suficientes. Solo la respaldaron ellos, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN.

Foto: El portavoz de ERC, Gabriel Rufián. (EFE)

Ahora, también el diputado del PDeCAT Ferran Bel la está estudiando con detenimiento. Incluso el PP ha hecho llegar la iniciativa a ERC y su portavoz, Gabriel Rufián, no tendría inconveniente en explorar conversaciones, según ha podido saber este diario.

“Es la prueba de que no es una cuestión política como tal, sino que responde a la realidad de la pandemia y de las comunidades autónomas, independientemente del partido que las gobierna. Los grupos que representan a distintas comunidades no dejan de mostrar su preocupación por conocer lo que pasará. Y el Gobierno tiene que plantearse que si todos coincidimos en que se necesita una herramienta, quienes van en sentido contrario son ellos”, aseguran fuentes populares al respecto.

Más allá de si el plan jurídico del PP consigue finalmente los apoyos, el hecho de que el partido de Casado consiga entablar un diálogo con los principales socios del Gobierno deja en una posición difícil a Sánchez.

Foto: Agentes realizan un control de movilidad en marzo de 2020, en Valencia. (EFE)

El PNV lleva días reconociendo su profundo malestar por la insistencia del presidente del Ejecutivo en afirmar que no prorrogará el estado de alarma, cuando aún queda tiempo para que llegue ese momento y no se conoce cuál será la situación epidemiológica para esa fecha. Los nacionalistas vascos ven con buenos ojos el plan del PP, que supondría una modificación de la ley orgánica de 1986 sobre medidas especiales en materia de salud pública a través de una proposición de ley que la Mesa del Congreso ya calificó este martes. El objetivo no es otro que dar instrumentos legales a las comunidades, que les permitan luchar contra el coronavirus sin necesidad de recurrir al estado de alarma.

Las autonomías presionan al Gobierno para que ofrezca alternativas al estado de alarma

Las medidas que afectan a derechos fundamentales como la movilidad de los ciudadanos tendrían un paraguas legal, siempre bajo condiciones muy concretas y expresas, según dicen los populares, que además apuntan a que esa reforma legal podría tramitarse en lectura única y de urgencia para estar en vigor el 10 de mayo. En realidad, el grupo que dirige Gamarra en el Congreso asegura que “si de verdad hay voluntad” y el Gobierno “quiere llevar a cabo una alternativa”, los plazos no serían un problema porque se encontraría la manera de llevarlo a cabo en tiempo y forma.

También el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, reprocha duramente a Sánchez su posición con el estado de alarma y recuerda que ya se comprometió a estudiar una alternativa jurídica hace casi un año. Íñigo Errejón aseguró que el plan de los populares “tenía puntos muy interesantes” y no veía inconveniente en estudiarlo con más profundidad.

placeholder El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE)

Ciudadanos sí se muestra crítico con el PP, porque entiende que la reforma más ajustada sería la que ellos presentaron el pasado 17 de noviembre, con la reforma de dos leyes y sin estigmatizar el estado de alarma. Los naranjas, de hecho, también rechazaron la iniciativa popular cuando se debatió en el Congreso y registraron la suya propia, vía proposición de ley. Lo que pedían es, por un lado, que el estado de alarma no pueda superar en ningún caso los 30 días. Si el Gobierno quisiera prorrogarlo, tendría que acudir siempre a la Cámara Baja para pedir respaldo. La otra pata de la propuesta pasaba por reforzar la Alta Inspección sanitaria y, sobre todo, agilizar las garantías de las restricciones dejando en manos de la Audiencia Nacional (y no de los distintos TSJ) la autorización de lo que soliciten las comunidades. “Sería una manera de unificar criterios y despejar incertidumbres”, explican.

¿Un giro después del 4-M?

Lo que las comunidades vienen repitiendo desde que Sánchez dijo que no pretendía prorrogar más la alarma es que a partir del 10 de mayo necesitan instrumentos y seguridad jurídica para mantener restricciones. El toque de queda es uno de los asuntos que más preocupan a las autonomías, hasta el punto de que la Comunidad de Madrid (la más laxa durante toda la pandemia) también es partidaria de mantenerlo.

Foto: Sánchez preside una reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. (EFE)

Los presidentes autonómicos coinciden en que es una de las medidas más eficaces, porque evita la proliferación de contagios y la actividad nocturna (que en jóvenes se ve agravada por las horas y el alcohol) en domicilios particulares. Ocurre igual con la hostelería. El toque de queda impone un cierre anterior de restauración y ocio nocturno, que también es uno de los focos de contagio más importantes.

Distintas comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, consideran esencial que a lo largo del mes de mayo, por lo menos, se mantenga esta medida. De ahí que entienden que si no hay estado de alarma, debe haber una legislación ordinaria que les permita actuar. En todo caso, algunos líderes autonómicos no descartan que Pedro Sánchez pueda sacarse de la manga una carta cuando hayan pasado las elecciones de Madrid y decida, casi ‘in extremis’, plantear una prórroga de la alarma en vista de que las CCAA insisten en necesitar un paraguas legal. Incluso Unidas Podemos se unió a la presión de la oposición hace días, deslizando la idea de que las CCAA no podían quedarse sin instrumentos, y dando por hecho que habría que prorrogar el estado de alarma al menos 15 días más.

El Grupo Parlamentario del PP en el Congreso ha comenzado contactos con los socios del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante el plan B jurídico propuesto desde hace meses por Pablo Casado, con el que pretende dar herramientas a las comunidades autónomas una vez decaiga el estado de alarma. Dado que el presidente insiste en que su intención, a partir del 9 de mayo, es no prorrogar la situación de excepcionalidad, la pelota recaerá una vez más en las autonomías, preocupadas por no poder mantener instrumentos eficaces para frenar los contagios, como el toque de queda o la limitación de movilidad.

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