Las CCAA se dotan de leyes para poder confinar a la población sin estado de alarma

El estado de alarma decaerá justo dentro de un mes, el 9 de mayo, sin que el Gobierno haya previsto un plan jurídico alternativo que permita seguir atajando la pandemia allí donde más fuerte pega. Al revés, Pedro Sánchez volverá a descargar en las comunidades autónomas la responsabilidad de tomar decisiones que ya en los meses de verano fueron rechazadas por los jueces, que entendían que no se pueden adoptar medidas que limitan derechos fundamentales, como la movilidad, si no es al amparo del estado de alarma.

Sin embargo, algunos gobiernos regionales como los de Aragón, Galicia y el País Vasco se han adelantado esta vez y han aprobado, o están en vías de hacerlo, sus propias leyes autonómicas que contemplan decisiones excepcionales como confinar poblaciones o limitar el derecho de reunión. Los expertos jurídicos consultados por El Confidencial advierten de que, con el pretexto de la pandemia, se están haciendo "trampas" para aprobar legislaciones que son inconstitucionales. El Ejecutivo central, sin embargo, no piensa recurrir aquellos preceptos que afectan derechos esenciales. Al contrario. Está dejando hacer. Ninguno de los grupos políticos del Parlamento nacional con al menos 50 escaños, y por tanto con capacidad de plantear un recurso al Tribunal Constitucional, se muestra tampoco dispuesto a actuar.

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Mientras tanto, el Consejo de Estado ha recomendado al Gobierno de Sánchez que reforme la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública, de 1986, para poder aplicar futuras restricciones. En un reciente dictamen, emitido a petición del Ejecutivo para sostener el recurso contra la nueva ley sanitaria de la Xunta de Galicia, el órgano consultivo aboga por aportar "mayor detalle y concreción" a esta ley, de manera que las autoridades de salud pública puedan contar con "el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave". Sin el armazón legal que otorga la alarma, considera que hace falta un plan B.

La primera comunidad autónoma en tener una ley con medidas especiales contra el coronavirus ha sido Aragón. El Gobierno socialista de Javier Lambán se encontró de bruces con los jueces al intentar en octubre el confinamiento perimetral de la población de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) mediante un reglamento autonómico. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo rechazó por falta de "cobertura legal", lo mismo que les ocurrió a otros ejecutivos autonómicos para todo tipo de medidas.

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Lambán buscó entonces otro cauce jurídico y lo consiguió. Impuso el confinamiento selectivo por medio de un decreto ley, figura normativa no recurrible por el TSJ, que luego convalidó el Parlamento regional. Los votos de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos, Chunta Aragonesista e IU), junto al Partido Aragonés y Ciudadanos, matizaron la norma con distintas enmiendas antes de aprobarla. Solo PP y Vox la rechazaron, pero sus direcciones nacionales no la llevaron al TC. Ahora, tres meses después de su aprobación, ya no es recurrible.

Con la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control del covid-19, Aragón tiene vía libre para regular la pandemia decretando confinamientos perimetrales, la restricción de aforos en la actividad no esencial o la limitación de las reuniones sociales. Solo quedaría fuera de sus competencias la imposición del toque de queda. Numerosos juristas han planteado la inconstitucionalidad de la norma. "Un derecho fundamental no puede restringirse por una norma autonómica. Aragón no puede establecer confinamientos perimetrales de manera tan discriminada", señala Pablo Guerrero, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza.

Su colega Enrique Cebrián insiste en que es claramente inconstitucional. "Se limitan derechos fundamentales sin ninguna base jurídica. Solo es posible hacerlo con el estado de alarma activado", apunta, y critica que el presidente autonómico pueda restringir esos derechos básicos "sin rendirle cuentas a nadie". Manuel Contreras, catedrático de Constitucional, añade: "Se tenía que haber hecho una ley nacional que regulara la pandemia con claridad".

El País Vasco tendrá una ley 'antipandemia' similar a la aragonesa en lo que se refiere a restricciones de derechos básicos, como el de cierres perimetrales de poblaciones o la anulación de derechos constitucionales como el de reunión. PNV y PSE han registrado un proyecto, elaborado desde el Gobierno de Iñigo Urkullu, para su aprobación por la vía de urgencia. Está previsto que entre en vigor en junio.

También Galicia ha reformado su Ley de Salud, que permite este tipo de medidas excepcionales. El Gobierno de Sánchez pretende recurrirla ante el Tribunal Constitucional, pero solo en lo que tiene que ver con la vacunación obligatoria. La norma, aprobada por la mayoría absoluta del PP, permite limitar la movilidad de los ciudadanos en caso de alerta sanitaria cuando no concurra el estado de alarma, como sucederá a partir del 9 de mayo. Galicia se blinda así ante la eventual necesidad de decretar cierres perimetrales o someter la población a confinamientos.

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La ley gallega contempla la posibilidad de adoptar “medidas que conlleven la limitación o restricción de la circulación o movilidad de las personas dentro de la zona afectada o en determinados lugares y espacios dentro de dicha zona o en determinadas franjas horarias”. El mencionado informe del Consejo de Estado avala estas medidas al considerar que se trata de restricciones acotadas al “entorno inmediato” de los enfermos y zonas afectadas, y no de una limitación de la circulación de un alcance más general, “que sería propia, por su mayor grado de afectación de los derechos fundamentales y libertades públicas, de la declaración del estado de alarma”.

La Xunta prevé poder “adoptar las oportunas medidas de control de las personas enfermas”, como forzar el aislamiento domiciliario o “el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin”, así como medidas profilácticas de prevención, “incluida la vacunación o inmunización”. La norma incluye además la habilitación de medidas de control del “entorno inmediato” de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de “zonas afectadas”, aunque sin hacer referencia expresa a cierres perimetrales.

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El informe del Consejo de Estado, además, sí avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad ante los preceptos que abren la puerta a la vacunación obligatoria. Así, sostiene que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para acudir al TC en lo que se refiere a un único apartado de la nueva ley, aprobada en febrero como modificación de la aprobada en 2008. En concreto, en el que establece “medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población”.

Con el informe del Consejo de Estado en la mano, Alberto Núñez Feijóo aseguró este jueves sentirse respaldado en su petición de un instrumento legal que permita a las comunidades autónomas gestionar una crisis sanitaria como la actual. De hecho, el dictamen señala al Gobierno central la necesidad de reformar la ley orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Su contenido, afirma, “podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública”. “Es lo que llevo pidiendo desde abril del año pasado”, afirmó el presidente de la Xunta.

Andalucía pide otro mes de alarma

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, declaró ayer que “sería partidario de mantener al menos un mes más” el estado de alarma si la incidencia de la pandemia para entonces “sigue siendo alta”. Criticó por ello que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya elaborado una “legislación alternativa” a esa fórmula después de que el presidente haya anunciado que no solicitará ninguna prórroga cuando la actual expire el 9 de mayo.

El presidente andaluz lamentó que de nuevo el Estado de las autonomías enfrente este problema “por no hacer los deberes a tiempo”, durante su intervención en una entrevista en Onda Cero. Recordó que el Gobierno ha tenido un año para hacer una legislación competente “que permita a las comunidades tener instrumentos legales que permitan limitar la movilidad, o bien individual o colectiva, y de la propia actividad económica si así fuera necesario por circunstancias de la pandemia”. No ocultó su preocupación por que las comunidades se vean “mermadas” para enfrentarse a controlar el coronavirus cuando decaiga la alarma y se preguntó cómo van a limitar la movilidad, lo más complicado, si se da un rebrote antes de verano. El Gobierno andaluz, en las posiciones del PP de Pablo Casado, siempre ha reclamado una legislación alternativa que refuerce las competencias de las autonomías y que no deje sus decisiones respecto a los confinamientos de población o las restricciones de movilidad en manos de los tribunales superiores de Justicia.

Ante la ausencia de esa legislación alternativa, la propuesta del presidente de Andalucía fue “prorrogar” un mes más el estado de alarma actual si los datos no acompañan a finales de abril. Para eso, claro, la prórroga debe votarse en el Congreso, a pocos días de las elecciones autonómicas de Madrid, y Pedro Sánchez no tiene apoyos parlamentarios suficientes para que salga adelante. Preguntado sobre si el PP votaría a favor de esa prórroga que Moreno ha pedido, eludió dar una respuesta y remitió al grupo parlamentario. Él se limita, dijo, a dar su “opinión como presidente de la Junta”.

“Todavía estamos a tiempo”, consideró Moreno, que sugirió que se elabore “un decreto por vía de urgencia” que el Gobierno “podría pactar con otras fuerzas políticas para que la alternativa al estado de alarma fuera razonable, que permitiese a las comunidades autónomas no quedar al descubierto ante eventualidades que limitaran la toma de decisiones en la lucha contra la pandemia”.