Sánchez elude ampliar el estado de alarma y asumir la desescalada un mes antes del 4-M
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APELA AL CONSENSO DE SANIDAD CON LAS CCAA

Sánchez elude ampliar el estado de alarma y asumir la desescalada un mes antes del 4-M

La intención del Gobierno es dejar en manos del Consejo Interterritorial de Salud la decisión sobre el proceso de desescalada y la respuesta ante nuevos rebrotes

placeholder Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

El Gobierno quiere poner "punto y final" al estado de alarma el próximo 9 de mayo, evitando prorrogarlo más allá del periodo establecido, pero todavía no están definidos ni el modelo de desescalada ni los planes de prevención y contención de la pandemia hasta que se llegue a la inmunidad de grupo. Pedro Sánchez comparecerá el 14 de abril en el Congreso para informar sobre el fondo de recuperación que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros y sobre el estado de alarma que, en caso de levantarse finalmente como se prevé, se convertiría en la última rendición de cuentas obligada por el decreto. Será entonces cuando deberá al menos esbozar las líneas maestras del modelo de desescalada ante la Cámara Baja, aunque su intención es dejar en manos de Sanidad y las diferentes comunidades autónomas la decisión última sobre este proceso.

El Consejo Interterritorial de Salud seguirá siendo así el "mecanismo de cogobernanza" una vez vencido el plazo del 9 de mayo. No contará con los instrumentos jurídicos necesarios para que se decreten restricciones a la movilidad, como los cierres perimetrales o toques de queda, pero sí para limitar las reuniones, aforos y horarios comerciales. Todo lo demás está en el aire. Pedro Sánchez avanzaba este martes que el objetivo del Gobierno pasa por no prorrogar el estado de alarma y apuntaba al Consejo Interterritorial de Salud, el órgano de coordinación entra Sanidad y las comunidades autónomas, como el competente para "seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya y al proceso de vacunación".

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No habrá por tanto automatismos, replicando directamente el modelo de desescalada por fases que se implantó tras la última prórroga del primer estado de alarma, sino que el nuevo escenario quedaría en manos de las decisiones que se consensúen entre Gobierno y comunidades autónomas en función de la nueva realidad. Con todo, en Moncloa no quieren adelantar escenarios, ni mucho menos sembrar el terreno de la especulación. Los últimos datos de contagios, constatándose el cambio de tendencia en la evolución de la pandemia hasta situarse en 164,71 la tasa de incidencia acumulada, tampoco invitan al optimismo.

La forma de hacer frente a nuevos rebrotes, aunque se espera que cada vez menos agresivos en función de la evolución del proceso de vacunación, queda así por determinar. Ya no solo el modelo de desescalada, sino también si se modificará el decreto de nueva normalidad y, en definitiva, cuáles serán las medidas destinadas a controlar la pandemia una vez expire la vigencia del estado de alarma y decaigan sus restricciones, o cuáles serán los planes de actuación ante la aparición de eventuales rebrotes.

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Respecto a los rebrotes y la posibilidad de recurrir a cierres a escala municipal o inferior, desde Moncloa se ha defendido que se pueden decretar de forma independiente, sin necesidad de recurrir al paraguas de la excepcionalidad. Amparándose en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, se sostiene que esta serviría para ordenar el encierro de la población y reclamar posteriormente la autorización judicial, como venía sucediendo antes de que se decretara la alarma de seis meses.

No se trataría de un confinamiento generalizado, sino más "quirúrgico" y restringido a aquellas zonas con niveles de contagio, ocupación de los hospitales y evolución más preocupantes. Y existen antecedentes, como es el caso de las medidas que la Generalitat de Cataluña decretó en los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí y Ódena antes del estado de alarma. Decisión que recibió el aval de un juez. Con todo, la Fiscalía se opuso a medidas similares también ordenadas posteriormente por la Generalitat, al igual que el TSJ de Castilla y León el pasado mes de octubre.

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

El adelanto electoral en Madrid y el clima de campaña estatal que rodea a estos comicios tampoco favorecen políticamente la decisión de no levantar el estado de alarma pese al riesgo de una cuarta ola. El coste político de las prórrogas quedó patente durante el primer estado de alarma, y precisamente en el segundo decreto se estableció una vigencia de seis meses para evitar el tener que buscar la autorización del Congreso cada 15 días.

La confrontación entre administraciones territoriales y Gobierno central está servida si se produce una nueva ola y se carece de instrumentos jurídicos para decretar medidas restrictivas. De hecho, ya durante el inicio del estado de alarma y coincidiendo con la segunda ola, varios gobiernos autonómicos de diferente color político reclamaron en el Consejo Interterritorial de Salud que se modificase el texto del decreto para permitir los confinamientos domiciliarios.

Entre abril y junio está prevista la entrada en España de 38 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen

Lo que deja claro el mensaje dictado desde Moncloa es que la desescalada tras la alarma se fía en gran medida al proceso de vacunación. A un acelerón que permita llegar a un tercio de la población inmunizada antes de la llegada del verano y un 70% coincidiendo con su finalización. Concretamente, y según "el escenario más prudente", según anunciaba el presidente del Gobierno este martes desde Moncloa, el próximo 3 de mayo se llegará a los cinco millones de personas vacunadas con pauta completa —dos dosis—, lo que supone casi duplicar en un mes el número de vacunados hasta la fecha. Un aumento del ritmo de vacunación que se prevé exponencial, por lo que el objetivo es que en junio se llegue a los 10 millones, el 14 del mismo mes a los 15 y el 19 de julio a los 25 millones.

En este trimestre, se espera recibir un total de 38 millones de dosis, que llegarían hasta los 87 en el mes de septiembre. "Vacunar, vacunar y vacunar" es el objetivo del Ejecutivo, según insistía Sánchez en su comparecencia tras el Consejo de Ministros: "Vamos a vacunar sin descanso". La población entre 70 y 79 años será el siguiente grupo en ser plenamente vacunado, tras los mayores de 80, con vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen, a la vez que los pacientes con condiciones de muy alto riesgo, como trasplantados, determinados pacientes oncológicos, pacientes en hemodiálisis o personas con síndrome de Down mayores de 40 años. A continuación, lo hará el grupo de edad entre 66 y 69 años.

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Respecto a la llegada de dosis a nuestro país durante los próximos meses, según expuso ayer el presidente, entre abril y junio está prevista la entrada en España de 38 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. Esto supone recibir 3,5 veces más dosis de vacunas que las que llegaron a España durante el primer trimestre de 2021. España recibirá también antes de junio 5.700.000 vacunas de Janssen, que solo requiere una dosis e inmuniza a partir del día 14 posterior a su administración.

El Gobierno quiere poner "punto y final" al estado de alarma el próximo 9 de mayo, evitando prorrogarlo más allá del periodo establecido, pero todavía no están definidos ni el modelo de desescalada ni los planes de prevención y contención de la pandemia hasta que se llegue a la inmunidad de grupo. Pedro Sánchez comparecerá el 14 de abril en el Congreso para informar sobre el fondo de recuperación que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros y sobre el estado de alarma que, en caso de levantarse finalmente como se prevé, se convertiría en la última rendición de cuentas obligada por el decreto. Será entonces cuando deberá al menos esbozar las líneas maestras del modelo de desescalada ante la Cámara Baja, aunque su intención es dejar en manos de Sanidad y las diferentes comunidades autónomas la decisión última sobre este proceso.

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