Sánchez deberá decidir si prorroga el estado de alarma en pleno proceso electoral del 4-M

Las consecuencias del adelanto de las elecciones madrileñas se suceden sin parar en varios frentes. Uno de ellos, hasta la fecha desapercibido, tiene que ver con una figura jurídica que parece que se ha olvidado: el estado de alarma. Su duración caducará el próximo 9 de mayo, tal y como aprobó en octubre pasado el Consejo de Ministros en el decreto correspondiente y avaló el Congreso poco después. Cinco días antes de la expiración, los madrileños están llamados a las urnas para decidir si Isabel Díaz Ayuso continúa como presidenta de la comunidad o si toma el relevo el representante de otra fuerza política. En este contexto de disputa electoral como nunca se ha vivido, Pedro Sánchez deberá tomar una decisión: prorrogar o no el estado de alarma.

La legislación obliga a contar con la autorización del Congreso si efectivamente el jefe del Gobierno opta por la ampliación, lo que deberá ocurrir antes de que expire el plazo de su vigencia. En otras palabras: antes del domingo 9 de mayo, los 350 diputados tienen que dilucidar su posición.

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Las opciones de Sánchez

Fuentes parlamentarias consultadas por El Confidencial explican que, en el caso de que el presidente elija alargar el estado de alarma, puede hacer básicamente dos cosas. La primera generaría más o menos esta secuencia: la inclusión en el orden del día de un Consejo de Ministros, ya en abril, de un nuevo decreto para enumerar las medidas que se aplicarán a partir del 9 de mayo, así como su alcance territorial, envío del texto al Congreso, fijación de la fecha del pleno que lo convalidará o derogará, tramitación relativamente sosegada de las propuestas de resolución de los grupos, celebración del debate y votación.

Si el presidente optara por dicha posibilidad, el debate político que se derivaría de las medidas adoptadas entraría de lleno en la precampaña o en la campaña. Y un frente de estas características, a tenor de los precedentes de hostilidad que la gestión de la pandemia ha causado entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso, se puede convertir en una trampa para Sánchez o para la propia dirigente del PP. El riesgo, en un contexto de tanta polarización y crispación, es incalculable. Hay precedentes: el estado de alarma que el Gobierno impuso solo para la autonomía madrileña en octubre de 2020. En ese momento, el coronavirus, en la región, se contagiaba sin freno y los hospitales se saturaban.

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La segunda opción que barajaría el presidente revela la estrechez de los plazos, y en consecuencia, también, los riesgos de la operación. Si Sánchez decide no desvelar la decisión de la prórroga hasta después del 4-M, tendría que afrontar un trámite 'exprés'. El Consejo de Ministros deberá reunirse, aprobar el decreto ley, enviar la documentación al Congreso, a su vez la Mesa remitirla a los grupos, y estos presentar resoluciones... Y todo ello con un matiz: en el calendario del presente periodo de sesiones no hay pleno previsto para la primera semana de mayo, por lo que la presidenta, Meritxell Batet, tendría que convocar uno a toda velocidad para que los diputados autoricen, o no, la prórroga del estado de alarma antes del 9 de mayo, que cae en domingo.

Y otro matiz a tener en cuenta: que la aprobación de un decreto ley de esas características en un Consejo de Ministros, en martes 4 de mayo, día de elecciones, podría vulnerar la normativa electoral. No tiene sentido que los ministros anuncien en rueda de prensa una serie de medidas a la vez que los madrileños están votando, como recuerda una de las fuentes parlamentarias consultadas. Es probable, dentro de este supuesto, que el Consejo se celebre después de las urnas, y algo así obligaría al Congreso a cumplir los trámites con inusitada celeridad. "No sería la primera vez", recuerda otra fuente.

Prueba de que hay que evitar pronunciamientos políticos el 4-M es la petición del grupo popular de trasladar la Junta de Portavoces del Congreso, prevista para ese martes, a un día después. Batet no lo ha garantizado, apunta una fuente parlamentaria.

Que Sánchez prefiera guardar esta carta de la prórroga para no interferir en una campaña que se prevé bronca demoraría el efecto político: tras el 4-M, el debate estará centrado en qué fuerzas suman o pueden sumar para dar continuidad a la gestión de Díaz Ayuso o para dar la vuelta a la situación y aupar a otro presidente/a.

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Obviamente, cabe una tercera opción: que el Gobierno elija no prorrogar el estado de alarma, lo que alimentaría la discusión sobre qué gestión sanitaria hacer o qué encaje jurídico dar a las decisiones de las comunidades autónomas que necesiten atajar la expansión del coronavirus. La desescalada que se hizo a partir de junio no se libró de la polémica.

La controvertida cogobernanza

No es plato del gusto de Sánchez exponerse al desgaste politico cuando suenan tambores electorales. De hecho, desde que en junio de 2020 el Gobierno y las comunidades autónomas procedieran a la llamada desescalada, el presidente ha evitado implicarse en decisiones consideradas impopulares, especialmente porque afectaban a la libre movilidad de los ciudadanos. Cabe recordar que en julio tuvieron lugar las elecciones del País Vasco y de Galicia, en las que tanto el PSE como el PSdeG, respectivamente, lograron resultados discretos.

Los presidentes de las comunidades autónomas, en particular las que gobierna el Partido Popular, fueron muy críticos con Sánchez porque se consideraron abandonados en una coyuntura en la que, si bien la incidencia de contagios estaba en porcentajes bajos, la amenaza de los repuntes no se disipaba nunca. El mismo Sánchez, en un mitin electoral en el País Vasco, llegó a proclamar que el coronavirus había sido derrotado, pero al mismo tiempo los mandatarios autonómicos debatían con sus comités de expertos una serie de medidas a adoptar en el supuesto de que la proliferación del covid volviera a aumentar. Lo que para el dirigente socialista era "cogobernanza", para los representantes del PP era sencillamente desidia o negligencia. O cálculo electoral.

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En ese ambiente tuvo lugar la Conferencia de Presidentes de San Millán de la Cogolla (La Rioja), el último día de julio. Entonces Sánchez había fijado la prioridad en la gestión de los fondos europeos, hasta el punto de que Moncloa anunció que sería el gabinete del mismo presidente del Gobierno el que se encargaría de la gestión de la distribución. Los homólogos autonómicos, sin embargo, reclamaron liderazgo y unificación de criterios.

No había estado de alarma por aquellos días. La normativa que debía aplicarse se condensaba en el decreto ley que el Gobierno aprobó a finales de junio y que luego el Congreso convalidó. En ese texto residía qué hacer, en líneas generales, ante posibles rebrotes: uso obligatorio de la mascarilla, mantenimiento de las distancias entre personas, control en los transportes aéreos o ferroviarios o el diseño de un plan de contingencia sobre el material sanitario... Esas fueron algunas de las medidas contempladas. El decreto recibió el visto bueno del Congreso al sumar 265 votos a favor.

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La debilidad creciente de las prórrogas

Que la gestión del estado de alarma ha sido un estrés político es incuestionable. El mismo presidente del Gobierno lo ha padecido, y fiel reflejo de ello es la descendente cota de aprobación que fueron recibiendo las prórrogas validadas a raíz del decreto del 14 de marzo de 2020. La autorización para la primera prórroga, hasta el 12 de abril, terminados los 15 días iniciales, arrastró un total de 321 votos a favor. La segunda, hasta el 26 del mismo mes, 270; la tercera, hasta el 10 de mayo, 269; la cuarta, hasta el 24, 178; la quinta, hasta el 7 de junio, 177, y la sexta, hasta el 21, también 177.

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Durante este tiempo, de prórroga en prórroga y de 15 días en 15 días, la secuencia fue repetitiva, pero no por ello el PSOE y Unidas Podemos, los grupos del Gobierno de coalición, encontraron caminos más accesibles. Como el Ejecutivo necesitaba el 'OK' del Congreso antes de que entrara en vigor cada nueva ampliación, socialistas y morados encadenaron negociaciones cada vez más complejas y con aliados que iban variando, hasta el extremo de que las últimas prórrogas salieron adelante por los apoyos de Cs y del PNV, básicamente. Los debates en los que Sánchez se dirigía a la oposición para recabar adhesiones se hicieron más y más broncos. No era de extrañar que, terminado el estado de alarma, a finales de junio, el presidente diera un paso a un lado.

Otras peticiones de estado de alarma ocasionaron una similar intensidad. Pasó con la circunscrita a Madrid, en octubre, y sucedió con la más amplia hasta ahora, la vigente, el día 29 de ese mes. Pero el integrante del Gobierno que en ambos casos defendió la propuesta fue el exministro de Sanidad Salvador Illa. El presidente fue mero espectador. Síntoma claro de que el estado de alarma, tan solo proponerlo, desgasta y "quema". En las decisivas elecciones madrileñas, la polémica será inevitable.