El Gobierno asegura la prórroga del estado de alarma pero irrita a sus socios

El Gobierno apura las conversaciones con los grupos parlamentarios a 24 horas de que se vote en el Congreso el nuevo decreto del estado de alarma, que inicialmente está diseñado para seis meses. Una duración que la mayoría de partidos ha criticado por excesiva y que, además, no conllevará ningún control parlamentario, para malestar de todos ellos. Las negociaciones entre grupos se intensificaron en la tarde de este martes durante el pleno, con la intención de forzar alguna cesión por parte de Pedro Sánchez. Pero los votos estarían ya asegurados.

Los socios habituales del Ejecutivo no esconden su irritación ante la gestión que el presidente está haciendo para aprobar la medida de excepcionalidad más importante de la historia democrática: un estado de alarma que dure hasta el 9 de mayo. “El Gobierno da por hecho que no podremos votar en contra y está jugando con eso y ninguneándonos a todos”, asegura el portavoz de uno de los partidos que facilitaron la investidura del socialista.

Los portavoces de estos partidos fueron informados por el Ejecutivo y el Grupo Socialista de los planes recogidos en el decreto y coincidieron en mostrar su sorpresa. Sobre todo, al ver que el Gobierno optaba por un sistema en el que durante seis meses no hay apenas control parlamentario: el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá cada 15 días en el pleno, pero sin votación ni explicaciones de Sánchez.

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Al debate de la alarma le seguirá de manera inminente el de Presupuestos. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley presupuestaria y ahora comenzará la tramitación parlamentaria. El Gobierno debe amarrar los apoyos para unas cuentas públicas que, por ahora, no han gustado al PNV, que reconoció su sorpresa al ver el impuesto al diésel, que incumpliría un compromiso con su grupo. Las cosas se complican.

Negociación intensa para bajar la duración

A pesar de que los grupos que normalmente apoyan al Gobierno (PNV, ERC, Bildu, Más País, Compromís y BNG) como también Ciudadanos (clave en las prórrogas del anterior estado de alarma) están convencidos de que el estado de alarma debe aprobarse, no están de acuerdo con el método utilizado y la forma en que se hace. Incluso el PP está dispuesto a apoyar la herramienta, aunque Pablo Casado ya trasladó a Moncloa que el plazo debía reducirse a un máximo de ocho semanas, con opciones de prorrogarlo después.

Y precisamente por esta unanimidad que existe en la oposición, los grupos siguen presionando y negociando con el Gobierno y entre ellos mismos, con la intención de pactar una enmienda al decreto que pueda rebajar el plazo de seis meses. Aseguran que, por el momento, el Ejecutivo solo les da largas con promesas imprecisas de incrementar el control parlamentario, pero siempre dejando que Moncloa administre ese compromiso. Su intención, por eso, es aprobar esa enmienda en contra del Gobierno y con acuerdo de todos los demás, para recoger la irritación contra Sánchez.

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Sobre la duración en sí, fuentes parlamentarias explican que una de las posibilidades que se barajan es el registro de una enmienda que plantee una prórroga inicial no superior a los 30 días, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 4/1981 establece ese plazo máximo para la aplicación del estado de excepción. La alarma es un escenario inferior al de excepción y con ese razonamiento en la mano, insisten, “lo sensato” es que de manera inicial no supere ese periodo.

La desazón de los grupos fue en aumento este martes, cuando conocieron la noticia de que Sánchez no comparecerá el jueves en el Congreso. “Estamos insistiendo en que tiene que haber más rendición de cuentas y decide no venir”, señalaba otro portavoz cuyos votos pueden ser clave para la aprobación del estado de alarma. Moncloa aseguró que su ausencia se debe a una cumbre europea por videoconferencia que comienza nueve horas después del inicio del pleno. Además, el Gobierno podía haber pedido que el pleno fuera cualquier otro día.

El líder de otro de los socios habituales del Gobierno en el Congreso recuerda en este punto lo que ocurrió con la alarma de marzo, cuando tuvieron que plantarse ante el Gobierno por la unilateralidad de sus decisiones. Gabriel Rufián habló de situación “peligrosa democráticamente”, mientras que Íñigo Errejón advertía de que “es inaceptable y debe corregirse”. Los populares, como también Ciudadanos, entienden que Sánchez debería dar marcha atrás y acudir el jueves, en vez de delegar también esa tarea en Illa.

Hay apoyos suficientes

A la espera de que las conversaciones avancen en esta recta final, el Gobierno tiene amarrados los apoyos de los nacionalistas vascos y Ciudadanos. El PNV se ha desmarcado de las críticas sobre la duración, reconociendo que veía el plazo “procedente” siempre y cuando, eso sí, fuera Sánchez el que diera explicaciones. Una tesis a la que el partido naranja se sumó después.

A pesar de que tanto Inés Arrimadas como el portavoz parlamentario, Edmundo Bal, aseguraron el lunes por la mañana que los seis meses resultaban excesivos, la formación siempre ha mantenido firme su apoyo al estado de alarma. De hecho, el viernes por la mañana, la dirigente compareció en la sede de su partido para pedirle a Sánchez ponerlo en marcha de inmediato. Luego vino la cascada de presidentes autonómicos. Eso sí, la formación entiende que el Gobierno debe “mejorar” el decreto, pero el voto afirmativo está prácticamente asegurado.

También los cuatro diputados del PDeCAT que encabeza Ferran Bel se separaron de los otros parlamentarios de JxCAT en esta postura, mostrándose abiertos a apoyar el estado de alarma con algunas modificaciones en el decreto que negocian con el resto de grupos.