El Gobierno fía la estabilidad de la legislatura a la "cogobernanza"

"La cogobernanza es un arma cargada de futuro". Así definen desde Moncloa, parafraseando a Celaya, lo que es una estrategia de largo alcance, que ha marcado tanto la elaboración de los Presupuestos como el plan para la reconstrucción económica y la lucha contra la pandemia del coronavirus con el nuevo estado de alarma a la carta para las comunidades autónomas. La estabilidad de la legislatura para un Gobierno en minoría y afrontando una situación de excepcionalidad pandémica y económica se fía en esta cogobernanza, no solo en el Congreso asentando los acuerdos con el bloque de la investidura y abriendo la puerta a Ciudadanos y a PP en cuestiones de Estado como las renovaciones pendientes, sino también con el impulso y la reactualización de instrumentos como la Conferencia de Presidentes y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, siguiendo una filosofía federalizante.

La cogobernanza ha venido para quedarse y a ella se asocia en buena parte la supervivencia del Gobierno de coalición. Se distribuyen responsabilidades, se implica a distintos actores bajo un mismo reto de país, y por tanto se comparten también éxitos o fracasos. Una operación que busca hacer de placaje a la oposición. Genera divisiones entre los barones populares, en ocasiones con Génova y habitualmente con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

"Ahí están los resultados", explican estas mismas fuentes de Moncloa, que sitúan como punto de no retorno de esta estrategia el intento de pacto de la Puerta del Sol, cuando el presidente Pedro Sánchez acudió a la sede de la presidenta madrileña para cerrar un fallido acuerdo de colaboración entre administraciones. El "madrileñismo", que desde sectores del PP reprochan a Génova y a Díaz Ayuso, actúa paradójicamente como impulso a la tendencia federalizante en la que se resguarda la estrategia del Gobierno.

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Luego vendría la moción de censura de Vox para dar la puntilla, provocando la ruptura de Pablo Casado con la ultraderecha, "un punto de inflexión", según subrayaron desde la propia dirección del PP, y la cohesión y ensanchamiento del bloque de la investidura, los socios preferentes de Sánchez. Si la alternativa de Vox actúa como pegamento entre el bloque de la investidura y el Gobierno, el nuevo estado de alarma territorializado, con los presidentes autonómicos como autoridades competentes delegadas, aportan una capa más de adhesivo.

La prórroga al estado de alarma salió adelante con 194 apoyos, a pesar de que Pedro Sánchez se negó a reducir su duración de seis meses como le reclamó la mayoría de la Cámara, y solo los 52 votos de Vox en contra, junto al del diputado de Foro Asturias. Una mayoría alejada de las últimas prórrogas del estado de alarma de marzo, que hizo saltar por los aires la estabilidad del Ejecutivo, hasta el punto de que la oposición comenzó a trabajar en el horizonte de elecciones anticipadas ante la previsión de que cayese el Gobierno. Pedro Sánchez no estuvo en el debate sobre el estado de alarma, pero pareciera que su intervención no fue tanto sustituida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sino por los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y PNV, Aitor Esteban —cada vez más compenetrados—.

Con el primero se pactó una enmienda, consensuada con todos los socios de investidura y Ciudadanos, para mantener el plazo del estado de alarma en seis meses y vincularlo a una comparecencia de Sánchez cada dos meses para rendir cuentas. El segundo pareció actuar directamente como portavoz del Ejecutivo. "Necesitamos seguridad jurídica y un marco estable", defendió, para centrar una buena parte de su intervención en cargar contra algunas propuestas que piden un estado de alarma quincenal, como sucedió en la anterior etapa, porque "fue una locura de tensión constante" y porque genera inseguridad jurídica al tiempo que "se envía a la ciudadanía una imagen muy negativa".

Unas cuentas con vocación de legislatura, y que le garantizarán al menos llegar al tercer año de legislatura

El mensaje que habían trasladado miembros del Ejecutivo durante el debate era a grandes rasgos el mismo que luego lanzó Esteban desde la tribuna. E incluso fue más allá al situarse como defensa central del Gobierno para despejar los ataques del PP, señalándolos como los "'corre-ve-y-dile' de la 'seño' Europa", por su anuncio de denuncia del estado de alarma ante instancias europeas, añadiendo en referencia a Ayuso que Europa "estará más extrañada con alguna comunidad autónoma que actúa como si el covid no fuera con ella". La cogobernanza y el reparto de papeles como arma cargada de futuro para el Gobierno de coalición.

Si el pasado domingo el Consejo de Ministros decía que los presidentes autonómicos serían las autoridades delegadas, ostentando la potestad de levantar en cualquier momento las restricciones del estado de alarma o volver a decretarlas, mientras que el órgano de cogobernanza sería el Consejo Interterritorial de Salud, que seguirá reuniéndose semanalmente, el lunes se intensificaba esta cogobernanza o federalismo de facto con otro mensaje de calado en la Conferencia de Presidentes. Un encuentro con todos los presidentes autonómicos y en el que también participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde Pedro Sánchez anunció que, según las estimaciones del Ejecutivo, más del 50% de los proyectos del plan de recuperación los ejecutarán directamente las comunidades autónomas.

Al día siguiente, el Gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros su proyecto de Presupuestos. Unas cuentas con vocación de legislatura, y que le garantizarán al menos llegar al tercer año de legislatura. La aprobación se realizaba una vez perfilados los apoyos necesarios para sacarlos adelante, tras varias semanas de reuniones discretas con ERC, PNV o Bildu, además de con todos los minoritarios que facilitaron la investidura. Énfasis en la territorialización y en las inversiones en infraestructuras, con especial atención a minoritarios que reclamaban combatir déficits históricos en estas partidas.

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Algunos partidos como Compromís ya han anunciado públicamente su apoyo, y ninguno está en posición de rechazo. En este contexto, el Gobierno ha decidido acelerar la tramitación de los Presupuestos en el Congreso, con el 3 de diciembre como fecha límite para enviar el proyecto al Senado. Los interlocutores por parte del Gobierno han sido varios: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. La propia ministra de Hacienda confirmó en la rueda de prensa tras la aprobación de los PGE que "si traemos el proyecto de Presupuestos [al Consejo de Ministros] es porque entendemos que tiene los apoyos suficientes [en el Congreso] para que pueda ver la luz".

Para el PNV la única traba es el impuesto al diésel, que negociará con el Gobierno su eliminación vía enmiendas. ERC ha logrado para Cataluña un notorio incremento de la inversión con respecto a las cuentas de 2018 todavía en vigor. Bildu también se sitúa dentro, tras haber negociado y "compartir los ejes de los PGE", y la principal incógnita ahora por si acabarán apoyando Ciudadanos o JxCAT, que fueron orillados de las negociaciones. Los posconvergentes están divididos, entre los fieles de Puigdemont y los diputados del PDeCAT. Los cuatro representantes de este partido ya rompieron la disciplina de voto en la prórroga del estado de alarma y ahora están dispuestos a negociar con el Gobierno los Presupuestos. El Gobierno cree contar con "un arma cargada de futuro" para sacar adelante los Presupuestos y asegurar la estabilidad de la legislatura. Estabilidad política para combatir la creciente inestabilidad económica y social, cuando comienza a asomar de forma acelerada el fantasma de la antipolítica.