Estado de alarma a la carta de las CCAA para doblegar la curva de cara a Navidad

El Gobierno confía que con dos meses de restricciones enfocadas a la movilidad y las reuniones, bajo el amparo del estado de alarma, se pueda afrontar la Navidad con la situación "más normalizada posible" y "liviana". Así lo señalan fuentes del Ejecutivo, que insisten en la necesidad de "aprovechar" el plazo que resta hasta las fechas navideñas para doblegar la curva, enfocándose así estas respuestas extraordinarias a la pandemia tanto en el plano sanitario como en el económico. Las restricciones a la movilidad nocturna —entre las 23:00 y las 6:00 como norma general— se aplicarán en todas las comunidades, a excepción de Canarias, hasta el 9 de noviembre, fecha a partir de la cual cada Administración autonómica podrá ir modulando esta medida en función de la evolución epidemiológica en sus respectivos territorios.

El escenario ideal al que aspira el Gobierno es reducir a 25 la incidencia de contagios acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Actualmente, la media nacional se sitúa en 362, con una cifra de fallecidos en la última semana de 655. Por debajo de 250 casos, no se contemplan restricciones a la libertad ambulatoria nocturna. La intención es prolongar el estado de alarma durante un máximo de seis meses, pero confiando en que puedan ir graduándose y levantándose las restricciones. "Que el estado de alarma esté vigente no significa que todas las medidas tengan que aplicarse, podrán irse activando o desactivando", aclaran fuentes de Sanidad.

El estado de alarma, para el que el Gobierno pedirá apoyo al Congreso la próxima semana con el fin de extenderlo hasta el 9 de mayo, será a la medida de las comunidades autónomas. Los presidentes autonómicos serán las autoridades delegadas, ostentando la potestad de levantar en cualquier momento las restricciones o volver a decretarlas, mientras que el órgano de cogobernanza será el Consejo Interterritorial de Salud, que seguirá reuniéndose semanalmente. No habrá por tanto medidas homogéneas para todo el territorio, más allá del toque de queda en los primeros 15 días de aplicación del estado de alarma.

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R. Cano

"La situación epidemiológica es muy diferente en cada territorio", explican fuentes del Ministerio de Sanidad, añadiendo que "lo homogéneo serán los criterios de actuación" recogidos en el plan de alertas sanitarias. "Todos estamos en una segunda ola, pero se actuará en función de la situación en cada territorio", explican estas mismas fuentes, deslizando un cierto margen para valorar las medidas, no solo atendiendo a la situación sanitaria sino también a la económica. El abanico será amplio y cada comunidad podrá ir "personalizando" la aplicación del decreto del estado de alarma.

Esta es la principal diferencia del nuevo estado de alarma con el decretado el pasado mes de marzo, además de que se evitan los confinamientos perimetrales. Se trata de ofrecer un "paraguas jurídico" a las administraciones autonómicas para aplicar determinadas medidas que restringen derechos fundamentales, como la movilidad nocturna —toques de queda—, los confinamientos perimetrales —ya sean por barrios, ciudades o en todo el territorio de una comunidad— y las reuniones de personas no convivientes —hasta un máximo de seis—.

En el resto de materias, las competencias de las comunidades se mantienen intactas. Según se recoge en el decreto, las comunidades podrán, "a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad, modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas".

La prórroga del decreto se llevará el martes al Consejo de Ministros y en este texto se establecerán los mecanismos de la cogobernanza. Como recoge el punto dos del artículo seis del decreto, "solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga". El debate en el Congreso se pretende realizar esta misma semana, previsiblemente el jueves. El Gobierno, por medio del ministro de Sanidad, rendirá cuentas igualmente en el Congreso cada 15 días. El Ejecutivo se ha asegurado ya los apoyos para sacar adelante la prórroga, sumando a nacionalistas y a Ciudadanos, aunque mantiene también conversaciones con el jefe de la oposición para granjearse un mayor consenso.

El principal indicador a tener en cuenta para modular las restricciones será el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes

Desde el PP, subrayan que es una competencia exclusiva del Gobierno central y que la aprobación de un nuevo estado de alarma no tiene que ser a petición de la oposición. Su propuesta pasa por una reforma legal para dar cobertura jurídica a los toques de queda sin tener que recurrir a la fórmula excepcional de la alarma.

El presidente del Gobierno volvió a solicitar "a todos los grupos", tras aprobar el decreto del nuevo estado de alarma, que esta excepcional medida cuente con "el abrumador respaldo" parlamentario. "Lo exigen los ciudadanos, para dar un horizonte de tranquilidad, de sosiego, de certidumbre a su día a día. Lo necesitan, también, los actores económicos, para dar un horizonte de previsibilidad y garantías de trabajo a las empresas y, también, a los empleos. Lo requieren los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Sanidad, para trabajar con las herramientas necesarias durante el tiempo que haga falta", argumentó desde la Moncloa. A ello añadió que si la situación de la pandemia lo permite, "el Gobierno de España levantará el estado de alarma sin demora".

El principal indicador a tener en cuenta para modular las restricciones será el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes, que es lo que marca la OMS, se considera de riesgo bajo; por encima de 25, se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos y superiores se consideran de riesgo alto, y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes, se considera de riesgo extremo. El segundo indicador será el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y de UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de covid-19 supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI.

Las comunidades autónomas basarán su actuación, por lo tanto, en estos indicadores y criterios, ya acordados en la última reunión del Consejo interterritorial de Salud. El reto que se ha marcado el presidente del Gobierno "es alcanzar una incidencia acumulada en los últimos 14 días por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes".