Sánchez acelera la tramitación de los PGE con el apoyo de sus socios y orillando a Cs

El Gobierno da por hecho el apoyo a los Presupuestos tras negociar con sus socios de investidura las líneas generales del proyecto que aprobó este martes en el Consejo de Ministros. Los grupos parlamentarios con los que cuenta el Ejecutivo evitan avanzar públicamente el sentido de su voto en estos momentos iniciales de la tramitación parlamentaria, pero reconocen los avances en las negociaciones discretas que han mantenido durante las últimas semanas con distintos interlocutores del Gobierno y subrayan compromisos específicos reflejados en las cuentas.

En este contexto, el Gobierno ha decidido acelerar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que en el mejor de los escenarios para sus intereses entraría en vigor coincidiendo con el arranque del próximo año, antes de Reyes, y, en el escenario más previsible —en caso de que el Senado devuelva el proyecto a la Cámara Baja con alguna modificación—, en la segunda o tercera semana de enero.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no escondía cierto triunfalismo este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al asegurar que "si traemos el proyecto de Presupuestos [al Consejo de Ministros] es porque entendemos que tiene los apoyos suficientes [en el Congreso] para que pueda ver la luz". Lo cierto es que, aunque evitando ofrecer tantas certezas como la titular de Hacienda, PNV, ERC, Compromís, Bildu y otras formaciones minoritarias llevan semanas negociando la letra pequeña de los Presupuestos. No tanto así Ciudadanos, que se ha visto relegado a un segundo plano debido a los vetos cruzados.

El partido de Inés Arrimadas no se autodescarta a la hora de apoyar las cuentas, como ya han hecho PP y Vox, pero sí mantiene que es incompatible con los socios de la investidura. Precisamente con quienes el Ejecutivo ha priorizado las conversaciones. Junto a la formación naranja, el Gobierno también ha orillado de estas primeras negociaciones a los posconvergentes de JxCAT.

El sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo muestra asimismo una mayor cautela que los socialistas. "Las fuerzas políticas que facilitaron la investidura han mostrado explícitamente su disposición a negociar los PGE", afirman, para añadir que todavía toca "trabajar con esta mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura para hacer que estos Presupuestos sean una realidad".

El camino para la tramitación de los Presupuestos todavía será largo, y algunos compromisos todavía deben concretarse en el proceso de enmiendas. La propuesta del Gobierno se presentará en el Congreso este miércoles y se publicará el viernes. Dentro de dos semanas, se producirá ya el debate de totalidad, entre el 10 y el 12 de noviembre. El Congreso decidirá, por mayoría simple, si acuerda devolver el proyecto al Gobierno. En caso de rechazarse, el proyecto continuará su tramitación, con el debate y votación de las enmiendas al articulado y las secciones en ponencia y, posteriormente, en la Comisión de Presupuestos.

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Este debate en la comisión se llevará a cabo en menos de un mes. El dictamen se presentará el 27 de noviembre, momento a partir del cual se volverá a producir un debate en el pleno, en el que los ministros presentan sus partidas y se debaten y votan las enmiendas al articulado y las secciones no incorporadas en las fases anteriores y que los grupos hayan pedido mantener vivas. Si todas reciben el respaldo de la mayoría simple en una votación fijada para el 3 de diciembre, el proyecto se remite al Senado, que tendrá un máximo de un mes para presentar enmiendas o propuestas de veto. Si no hay modificaciones, los Presupuestos quedarían ya aprobados, y de haberlas, como sería previsible, volverían al Congreso, donde se decidiría si mantienen o no los cambios.

Más allá de las modificaciones que se negocien con los grupos, desde el Gobierno entienden que contarán con el respaldo, al menos, del bloque de investidura, al compartir una hoja de ruta presupuestaria que eleva la inversión pública hasta un récord histórico, alcanzando los 239.765 millones de euros —un 10,3% más que en las anteriores cuentas—. A Sanidad se destinarán 3.064 millones, un 151,4% más; la aportación en Educación aumentará un 70,2%, con un incremento de 514 millones para las becas; la cohesión territorial contará con 11.935 millones de euros para ejecutar políticas verdes; la aportación a la atención a la dependencia se incrementará en un 46%, y las políticas activas de empleo contarán con una partida presupuestaria de 2.000 millones de euros.

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Los interlocutores por parte del Gobierno están siendo varios, desde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hasta el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Este último ha concentrado sus negociaciones con las formaciones minoritarias, como Teruel Existe, Nueva Canarias, PRC, Compromís y BNG, de cara a dar forma en los Presupuestos a los diferentes acuerdos de investidura.

ERC, por ejemplo, ha arrancado para Cataluña mantener la disposición estatutaria respecto al déficit inversor y alrededor de 2.500 millones de euros de inversiones en infraestructuras, mientras que Compromís ha avanzado un preacuerdo para inversiones de más del 10% en el territorio valenciano en los Presupuestos. Se trataría de inversiones en Cercanías, ampliación del pago a la dependencia y asunción de la deuda de la Marina de Valencia.