El Gobierno aprobará este martes un proyecto de PGE perfilado con sus socios

Los apoyos para los Presupuestos Generales del Estado de 2021 van cogiendo forma. El Gobierno ha negociado discretamente durante las últimas semanas con sus socios potenciales, los mismos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, y el proyecto que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros este martes ha ido perfilándose mano a mano con estos grupos. El PNV ha "corregido" y "reconducido" aspectos relacionados con la fiscalidad y los ingresos, mientras que ERC ha arrancado para Cataluña mantener la disposición estatutaria respecto al déficit inversor y alrededor de 2.500 millones de euros de inversiones en infraestructuras, más de un tercio por encima de la inversión establecida en los últimos Presupuestos aprobados de 2018.

Los interlocutores por parte del Gobierno han sido varios: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Este último ha concentrado sus negociaciones con las formaciones minoritarias, como Teruel Existe, Nueva Canarias, PRC, Compromís y BNG, de cara a dar forma en los Presupuestos a los diferentes acuerdos de investidura.

Los representantes de Bildu han mantenido al menos dos encuentros discretos con el equipo del ministerio de Hacienda, estos últimos días, "para compartir los ejes de los PGE". Los fondos europeos del plan de reconstrucción, de los que se avanzarán 27.000 millones de euros en las cuentas del próximo año, están facilitando los acuerdos.

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Antes de cerrarse el acuerdo presupuestario, desde Unidas Podemos exigieron dos compromisos claros en materia de regulación de alquileres y de condiciones de acceso al ingreso mínimo vital. A última hora de este lunes, ambas formaciones llegaron a un pacto para regular el precio del alquiler en un horizonte de cuatro meses y facilitar el acceso a la prestación, dos líneas rojas que provocaron que, pocas horas de que se debatiese en el Consejo de Ministros la aprobación del proyecto de Presupuestos, desde la formación morada se advirtiese de que todavía no había un acuerdo cerrado.

Los plazos para sacar adelante el compromiso programático de regular el precio de los alquileres en las zonas especialmente tensionadas llevaban días generando choques entre los socios del Gobierno de coalición. Finalmente, Unidas Podemos quiso elevar la presión, mientras que la pretensión de los socialistas era aplazarlo hasta que se estabilizase el mercado con motivo de la crisis generada por la pandemia.

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Para el titular de Transportes y responsable en materia de vivienda, José Luis Ábalos, por la situación actual de la pandemia, el mercado "no se está comportando de forma normalizada". Motivo por el cual justificó la necesidad de "despejar incertidumbres" antes de materializar este compromiso programático que permitiría a las comunidades autónomas y ayuntamientos poder limitar los precios en aquellas zonas de mercado tensionadas.

Los fondos europeos y el efecto cohesión que ha tenido la moción de censura de Vox en el bloque de la investidura están actuando como revulsivos para sacar adelante los Presupuestos. Este mismo lunes, durante la Conferencia de Presidentes, Pedro Sánchez trasladaba a los presidentes autonómicos que las comunidades ejecutarán directamente alrededor del 50% de los fondos europeos del plan de recuperación económica, lo que supone algo más de 12.000 millones de euros para el próximo ejercicio. En tres años, la cifra total es de 72.000 millones.

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Para ello, se acordarán convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas. Concretamente, a la rehabilitación sostenible de viviendas se destinarán 4.350 millones de euros; a las políticas e inversiones medioambientales, 2.500 millones; a las políticas de educación, 7.000 millones; a “la nueva economía de los cuidados” se destinarán 2.000 millones de euros, y a la modernización y digitalización de las administraciones públicas, 600 millones de euros. Una partida que se ejecutará a través de convocatorias específicas, que establecerá directrices comunes para presentar proyectos de digitalización de los servicios autonómicos y municipales.

Este mismo lunes, el vicepresidente segundo del Gobierno se reunía con el representante del BNG, Néstor Rego, para quien es imprescindible que "aumente de forma significativa" la inversión en Galicia respecto a los últimos Presupuestos y las previsiones de las cuentas de 2019, que se situaban en 757 millones de euros. Otras de sus prioridades son la liberación del peaje de la AP9 (tramo Vigo-Redondela) y las inversiones en infraestructura viaria y de refuerzo del tejido industrial. Desde el BNG, aspiran a que las inversiones en Galicia aumenten progresivamente "para compensar el déficit histórico de nuestro país" hasta alcanzar al final de la legislatura el horizonte de 2.000 millones de euros. Iglesias ya mantuvo anteriormente reuniones con los portavoces de ERC y Bildu para explorar el apoyo de estos grupos a los Presupuestos.

El objetivo del Gobierno es aprobar las cuentas en el Congreso "a finales de diciembre o principios de enero". No se descarta, de este modo, que se tenga que producir una "prórroga técnica" de los Presupuestos actualmente en vigor, los elaborados por el popular Cristóbal Montoro para el año 2018, pero solo durante los primeros días del próximo año.