La moción refuerza la coalición para los PGE que el Gobierno quiere aprobar el martes

"El bloque de la investidura sale claramente reforzado, para los Presupuestos y para la estabilidad de la legislatura", aseguraba una ministra minutos después de que se votase la fallida moción de censura que ha aislado a Vox. "Se solidifica" o "se cohesiona en clave propositiva" eran sinónimos que utilizaban desde los dos grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para referirse al efecto de la moción de censura entre los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. En este contexto, el Gobierno quiere aprovechar el 'efecto unidad' para acelerar las negociaciones de los Presupuestos y, por ende, su tramitación, que ya acumula varias semanas de retrasos. La importancia de los tiempos en política.

La intención ahora mismo de Moncloa y la previsión que trasladan también fuentes de Hacienda es llevar el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 al Consejo de Ministros del próximo martes. Un proyecto que están acabando de negociar en el seno de la coalición la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Ese mismo día, presentarían los detalles del proyecto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, aunque en un principio se barajó hacerlo antes de su aprobación en el Consejo de Ministros.

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El formato todavía no está cerrado, pero gana enteros la posibilidad de solapar en la misma jornada su presentación y su aprobación por parte del Gobierno. De ser así, las negociaciones formales con el resto de grupos se realizarían sobre el proyecto ya aprobado, vía enmiendas, y no a partir de un borrador, para acelerar los tiempos de la tramitación de los Presupuestos y poder arrancar 2021 con nuevas cuentas. Durante los últimos días, se han intensificado las conversaciones a varias bandas sobre los Presupuestos entre miembros del Gobierno y los representantes de los grupos, y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, reconocía ayer que ya han estado “revisando cifras, hablando de cómo se están planteando los ingresos y de todo”.

El lunes, se celebrará de forma telemática la Conferencia de Presidentes autonómicos, en la que participará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para “compartir las líneas estratégicas del programa de recuperación de la totalidad de los fondos que componen el marco europeo”, según avanzó la ministra de Hacienda. A las comunidades autonómicas les corresponderá gestionar directamente un fondo de 12.000 millones de euros. Sánchez participará en la primera sesión de la conferencia, mientras que en la segunda lo harán los equipos técnicos del Gobierno, comunidades autónomas y Comisión Europea. Este encuentro será clave para determinar el apoyo a las cuentas de aquellos grupos con responsabilidades de Gobierno en las autonomías, como PNV o ERC. En representación de la Generalitat, participará en el encuentro el republicano y 'president' en funciones, Pere Aragonès.

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El efecto en la cohesión del bloque de la investidura se visibilizó a través de un manifiesto conjunto, pocas horas después de que Santiago Abascal defendiera su moción de censura. Un texto "en favor de la democracia" que firmaron 10 partidos, entre los cuales suman 193 diputados, con el rechazo a Vox como pegamento. Una mayoría plurinacional formada, además de por PSOE y Unidas Podemos, por ERC, PNV, JxCAT, Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG. El manifiesto se negoció antes de la moción de censura, con el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de los 'comuns' en el Congreso, Jaume Asens, como arquitecto.

Según resumían sus impulsores, dando cuenta del significado político del manifiesto: "Pasamos del rechazo a la moción de censura a un compromiso democrático por los derechos y libertades que hoy va más allá del propio bloque de investidura". A ello añadían que "el discurso excluyente y negacionista de Vox solo tiene un antídoto: un proyecto en positivo que dé seguridad y un horizonte de futuro a la ciudadanía en un momento muy difícil".

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El proyecto de Presupuestos está prácticamente cerrado, a falta de perfilar algunas cuestiones menores. Las principales divergencias, en materia fiscal y de partidas sociales, fueron sorteándose durante los últimos días. Algunas de estas discusiones, como las relacionadas con la subida del IRPF o la adopción urgente de medidas para controlar el precio de los alquileres abusivos en zonas especialmente tensionadas, se han resuelto a favor de las posiciones defendidas por los socialistas. Así, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, descartaba este jueves la subida del IRPF a las rentas altas y límites al alquiler hasta que "el país pueda encajarlo".

"Los tiempos son los que cabe determinar y los tiempos tienen que ver con la oportunidad política. Ahora, en esta situación de emergencia y de excepcionalidad, pues muchas de las cuestiones que planteamos a lo mejor nos tocará hacerlas en otro momento. Los compromisos se cumplirán, pero en el momento en que el país lo pueda encajar". Enfriaba de este modo la pretensión de Unidas Podemos de que se cumpla ya, por el "momento de emergencia social", el compromiso programático de intervenir en el mercado del alquiler, además de subir el IRPF. Asimismo, los morados siguen insistiendo en un impuesto a las grandes fortunas o en retirar del proyecto la subida del IVA al 21% de la educación y sanidad privadas, dos servicios actualmente exentos.

El objetivo del Gobierno es aprobar las cuentas en el Congreso "a finales de diciembre o principios de enero". No se descarta de este modo que se tenga que producir una "prórroga técnica" de los Presupuestos actualmente en vigor, los elaborados por el popular Cristóbal Montoro para el año 2018, pero solo durante los primeros días del próximo año.