Las diferencias en fiscalidad y gasto entre PSOE y UP atascan el borrador de los PGE

La elaboración del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 sigue demorándose. El pasado 30 de septiembre se cumplió el plazo máximo que marca la Constitución para presentar en el Congreso el proyecto presupuestario y fuentes del Ejecutivo calculan que el borrador podría retrasarse hasta finales de este mes. Las negociaciones entre los socios del Gobierno de coalición siguen atascadas en materia de fiscalidad. Pero no solo, también existen diferencias en el montante de algunas partidas relacionadas con el gasto social, según fuentes cercanas a las negociaciones que lideran la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado, Nacho Álvarez. A margen de cerrar estas cuestiones, los distintos ministerios ya han hecho sus deberes.

El arranque de las negociaciones formales con el resto de grupos parlamentarios para recabar su apoyo a las Cuentas depende de que se cierre este texto. En las conversaciones exploratorias mantenidas los últimos días, el Gobierno ha trasladado a algunos grupos que su intención pasa por aprobar el proyecto de Presupuestos el 27 de octubre, en el último Consejo de Ministros de este mes. Se maneja así el 26 de octubre como plazo máximo —y ahora mismo el más factible— para cerrar y presentar el borrador. De esto último se encargarían el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en un acto conjunto.

Esta semana ya se envió a Bruselas el plan presupuestario evitando concretar la orientación de la política fiscal, debido a las diferencias que todavía no se han salvado en la mesa de negociación entre socialistas y morados. Desde Unidas Podemos están abogando por retirar del proyecto la subida del IVA al 21% de la educación y sanidad privadas, dos servicios actualmente exentos. Los morados consideran que no se trataría de una medida de progresividad fiscal. Es por ello que no se incluyó en el plan presupuestario, donde sí se fija la subida del IVA al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, actualmente con una imposición del 10%.

TE PUEDE INTERESAR

Montero confirma que las pensiones se irán ligadas al IPC y ve los PGE para enero

Europa Press

Existen reticencias también respecto a la subida del IRPF para rentas del trabajo superiores a los 120.000 euros. Asimismo, desde Unidas Podemos se sigue insistiendo en un impuesto a las grandes fortunas. Hasta el momento el PSOE se ha opuesto, aunque los morados confían en convencer a sus socios. "Tenemos multitud de argumentos para conseguir que se incluya", indican explicando que se trata de capitales habitualmente improductivos.

Su propuesta de partida es que se tendría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y se gravaría con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los superiores a los 50 millones y con un 3,5% los que superen los 100 millones de euros. Este impuesto sustituiría al de patrimonio, que consideran "inoperativo", y no podría bonificarse por parte de las comunidades autónomas. Según las cifras que maneja esta formación, la mayor parte de este nuevo tributo recaería en los 1.000 principales patrimonios del país. En este punto, el plan presupuestario se limita a avanzar respecto a la imposición indirecta que "se introducen una serie de medidas por razones de equidad, cuyo impacto conjunto asciende a 1.724 millones de euros, 1.509 millones en 2021 y 215 millones en 2022".

TE PUEDE INTERESAR

El atajo de Hacienda para presentar los PGE levanta dudas legales

Carlos Sánchez

Además de las diferencias respecto a los ajustes fiscales, aun habiéndose descartado una reforma fiscal en profundidad para este tramo de la legislatura, los negociadores todavía tienen que cerrar cuestiones relacionadas con el gasto. Partidas sociales principalmente, como dependencia o vivienda. Este mismo viernes, desde Unidas Podemos se volvía a presionar para incrementar la dotación de recursos en materia de vivienda, al mismo tiempo que desde la vicepresidencia segunda se trasladaba al Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, durante un encuentro, que se está trabajando dentro del Gobierno para que se cumpla ya el compromiso de regular los precios de los alquileres.

Primero, el techo de gasto

El plan presupuestario enviado a Bruselas, recogía de forma genérica que los Presupuestos del próximo año "contemplarán también el mayor crecimiento de la inversión en política social de una década. Para ello, se va a recuperar la inversión en dependencia; combatiendo con recursos la pobreza infantil y favoreciendo el acceso a una vivienda digna, sin olvidar de reforzar una sanidad y educación pública de calidad y al alcance de todos".

El siguiente hito en la tramitación de los Presupuestos marcado en el calendario será la presentación en el Congreso del techo de gasto el próximo martes. A pesar de los retrasos, desde Hacienda se sigue confiando en aprobar las cuentas "a finales de diciembre o principios de enero". En este contexto, el Gobierno asume como un escenario factible que se tenga que producir lo que denomina una "prórroga técnica" de los Presupuestos actualmente en vigor, los elaborados por el popular Cristóbal Montoro para el año 2018. Al menos, durante los primeros días de 2021.

Las negociaciones formales no arrancarán por tanto hasta finales de este mes, siendo los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez los socios prioritarios, aun tratando de no cerrar por ello la puerta a Ciudadanos, pese a los vetos cruzados.