DE LA AUSTERIDAD A UNOS PGE EXPANSIVOS

Montero usa el artículo 135 de la Constitución como llave para suspender las reglas fiscales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la suspensión de las reglas fiscales, y lo ha hecho apoyándose en la reforma del mismo artículo que dio salvaguarda constitucional a la austeridad

Foto: La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), junto a la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (d). (EFE)
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), junto a la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (d). (EFE)

La reforma por parte de PP y PSOE del artículo 135 de la Constitución en 2011 fue la clave de bóveda de la austeridad como marco para salir de la anterior crisis. Se introdujo el concepto de "estabilidad presupuestaria" y la prioridad del pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto. Una década después, y en medio de otra crisis económica, el mismo artículo reformado servirá de llave para todo lo contrario, para salir de la crisis con una apuesta expansionista y sorteando la estabilidad presupuestaria. Para salvaguardar constitucionalmente la suspensión de las reglas fiscales.

Para ello, el Gobierno se apoyará en unas de las excepciones introducidas en la reforma de 2011. Concretamente, el apartado cuarto, donde se recoge que "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la suspensión de las reglas fiscales y lo ha hecho apoyándose en este apartado del artículo 135 de la Constitución. Queda derogada la senda de estabilidad actualmente vigente, y no se aprobarán nuevos objetivos de estabilidad. Sin embargo, al amparar esta medida en el mencionado apartado del artículo 135 se tendrá que ratificar en el Congreso. Esto es, la Cámara deberá ratificar si la suspensión de los límites de déficit se ajusta a "caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria". Condiciones que, concluye el texto constitucional reformado, deberá ser "apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado que la medida también viene respaldada y recomendada, además de por la UE, por otros organismos internacionales como el FMI. Asimismo, "viene amparada por la Constitución y por la ley de estabilidad presupuestaria, que establece que los límites de deuda y déficit se pueden suspender en caso de pandemia". El acuerdo del Consejo de Ministros, y como exige la Constitución, recoge también que se someterá al Congreso la valoración de que concurren estas circunstancias excepcionales para suspender las reglas fiscales.

Esta suspensión implica que las entidades locales pueden gastar sus remanentes, que suponen un total de 15.000 millones de euros. Las comunidades autónomas, además de contar con un fondo de ayudas del Estado de 16.000 millones de euros, contarán con un déficit de referencia del 2,2% del PIB, según lo fijado por Hacienda este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque se trata de una "tasa de referencia" que no será de obligado cumplimiento.

El Gobierno también ha aprobado el techo de gasto, arrancando así la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. El siguiente gran hito en el calendario será llevar al Congreso el proyecto, que se espera a lo largo del presente mes de octubre. Antes, además de avanzar las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios, deberá cerrarse el borrador que perfilan PSOE y Unidas Podemos, en una mesa de negociación entre la responsable de Hacienda y el responsable económico de los morados, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

El Gobierno presentará este mismo miércoles el denominado 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española', es decir, las reformas estructurales que exige Bruselas para el reparto de los fondos. En líneas generales, contará con una decena de políticas tractoras adonde irán destinadas las inversiones: agenda urbana y rural; infraestructuras y ecosistemas resilientes; transición energética; Administración pública; digitalización; ciencia e innovación; educación; refuerzo del estado de bienestar; industria de la cultura y deporte, y fiscalidad. El plan, elaborado durante meses por el Ejecutivo, incluye, según Moncloa, "las políticas principales que permitirán recuperar nuestra economía para garantizar un crecimiento robusto, duradero e inclusivo". Su propósito, concluyen, "es iniciar la segunda gran modernización de la economía española".

El retraso en el acuerdo del borrador presupuestario está impidiendo que se inicien las negociaciones formales para recabar los apoyos necesarios entre los grupos parlamentarios. No hay fecha todavía para su ratificación, y aunque en un principio se esperaba que pudiera ser esta semana, fuentes conocedoras de las negociaciones la sitúan en la próxima. Si bien está prácticamente perfilado y avanza satisfactoriamente, según estas mismas fuentes, queda por determinar todavía un punto de los considerados "importantes" y algunos elementos menores.

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