SE SOLAPARÁ CON EL TECHO DE GASTO

El Gobierno envía el plan presupuestario a Bruselas sin tener listo el borrador

Quedan por cerrar cuestiones en el acuerdo, como las relacionadas con la fiscalidad. El plan que se enviará a Bruselas no contará con un desarrollo concreto sobre la orientación de la política fiscal

Foto: La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), junto a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño (d), durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (EFE)
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), junto a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño (d), durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (EFE)

Hacienda enviará este jueves a la Comisión Europea el plan presupuestario para 2021. Lo hará en tiempo, pero no en forma, habida cuenta de que todavía no se ha cerrado entre los socios del Gobierno de coalición un acuerdo para el borrador de Presupuestos. Según fuentes conocedoras de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, está descartado presentar el borrador esta semana. Se espera poder hacerlo a principios de la próxima en un acto conjunto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo que lo solaparía con la presentación del techo de gasto en el Congreso.

Todavía quedan por cerrar cuestiones clave en el acuerdo, según añaden estas mismas fuentes, como las relacionadas con la fiscalidad. De este modo, el plan que se enviará a Bruselas no contará con un desarrollo concreto sobre la orientación de la política fiscal. Se dará cuenta de las directrices básicas, del cuadro macroeconómico, con una contracción del PIB del 11,2% en 2020 y un alza del 7,2% en 2021, junto a una tasa del paro superior al 17%; del techo de gasto, que se disparará casi un 54%; de los planes presupuestarios de las comunidades autónomas y entidades locales, o del cumplimiento de las recomendaciones del Consejo y las tasas de déficit, que se estima en el 7,7% del PIB en 2021, tras la suspensión de las reglas fiscales.

Sobre las pensiones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó el pasado jueves durante una entrevista en la televisión pública que se revalorizarán. Se incrementarían un 0,9% de acuerdo al deflactor de PIB previsto para el próximo ejercicio. La vicepresidenta económica ya señaló al presentar el cuadro macroeconómico que este indicador se tendría en cuenta "para señalar el importante compromiso con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones y los sueldos de los funcionarios". Estos últimos mantendrían así también su poder adquisitivo respecto a la inflación en 2021.

El retraso acumulado en la presentación del borrador que están negociando la titular de Hacienda y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y que servirá de base para iniciar las negociaciones formales con otros grupos parlamentarios, estrecha el margen para cumplir con el calendario previsto en la tramitación de los Presupuestos. La intención de Hacienda sigue siendo presentar el proyecto presupuestario en el Congreso antes de que finalice el presente mes de octubre, para aprobarlo "a finales de diciembre o principios de enero". En este contexto, el Gobierno asume como un escenario factible que se tenga que producir lo que denomina una "prórroga técnica" de los Presupuestos actualmente en vigor, los elaborados por el popular Cristóbal Montoro para el año 2018. Al menos, durante los primeros días de 2021.

El plan presupuestario incluirá las líneas básicas del plan de reformas vinculado a los fondos provenientes de Bruselas. El Gobierno concentrará en un plan de tres años —2021-2023— la distribución y ejecución de algo más de la mitad de los 140.000 millones de euros que recibirá, 59.000 provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 12.000 del fondo React-EU. De ellos, 27.000 millones se adelantarán en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2021. Los proyectos de digitalización y transición ecológica acapararán más dos tercios de estos fondos, el 33% y el 37%, respectivamente.

El denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo propósito es "iniciar la segunda gran modernización de la economía española", se basará en una decena de políticas tractoras: agenda urbana y rural; infraestructuras y ecosistemas resilientes; transición energética; Administración pública; digitalización; ciencia e innovación; educación; refuerzo del estado de bienestar; industria de la cultura y deporte, y fiscalidad.

El plan de recuperación se detiene en la política fiscal, avanzando que "se pondrán en marcha distintos proyectos para la mejora de la imposición medioambiental, así como ajustes en los impuestos ya existentes para reforzar su eficacia, eliminar algunas disfunciones y adaptar los incentivos al impulso de la actividad económica y el empleo". Además de los nuevos impuestos sobre servicios digitales y sobre las transacciones financieras, se pondrá el foco en la fiscalidad verde, creando nuevas figuras tributarias que se están analizando desde la Vicepresidencia de Transición Ecológica y que en el departamento de Hacienda califican de "disuasorias".

El Gobierno también prevé crear un grupo de expertos para realizar propuestas sobre las reformas en el sistema fiscal español. Este comité se encargará de analizar las distintas figuras impositivas, bonificaciones y prácticas internacionales con el fin de desarrollar un modelo más progresivo y redistributivo. La intención es equipararse a la media impositiva europea, siete puntos superior a la actual en España. "Numerosos son los informes que señalan las carencias que el sistema fiscal español ha ido acumulando a lo largo del tiempo. España tiene una ratio ingresos/PIB inferior a la media europea, un elevado peso de la imposición sobre el trabajo y un insuficiente desarrollo de la imposición medioambiental", según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De cara a la negociación presupuestaria, los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez seguirán siendo socios prioritarios, aun tratando de no cerrar por ello la puerta a Ciudadanos, a pesar de los vetos cruzados. La aritmética parlamentaria y la vocación progresista del programa de coalición han llevado al Gobierno a decidirse por apostar la gobernabilidad de esta legislatura en el bloque de la investidura. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ya pactó con Sánchez que los morados estarían en la mesa de negociaciones de los Presupuestos con otros grupos y que los apoyos comenzarían a buscarse entre aquellos que facilitaron la investidura con su voto a favor o con su abstención.

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