Transición Ecológica evaluará impactos en PIB, empleo o salud antes de dar ayudas

El Gobierno quiere saber con detalle el efecto de los planes de transición energética que tiene previstos para la próxima década. Se trata de conocer el impacto a nivel macroeconómico y para el medioambiente y la salud de los ingentes fondos que se espera entren en la descarbonización del sector como vector de recuperación tras la pandemia. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de lanzar un concurso público para la contratación de un servicio de asistencia técnica para la evaluación de impactos socioeconómicos y sobre la salud de políticas públicas de impulso a la transición energética.

Este servicio, canalizado a través del IDAE, tiene por objetivo principal "la ejecución de trabajos orientados al análisis de políticas públicas (planes, programas, líneas de ayudas, etc.) 'ex ante' y 'ex post' en materia de energía y clima".

De esta manera, Transición Ecológica destaca que "los estudios de impacto socioeconómico deberán incluir el análisis detallado de afectación al producto interior bruto y al empleo de cualquier política pública que estimule la inversión productiva mediante cualquier instrumento de política fiscal o regulatoria".

Por otro lado, señala que los "impactos sobre la salud deben ser capaces de valorar al menos los niveles de concentración de partículas y ozono y analizar los efectos en términos de salud derivados de diferentes escenarios en términos de muertes prematuras".

También quieren dar cuenta de qué impactos indirectos tienen las políticas impulsadas desde la Secretaría de Estado de Energía: "Deberán valorar efectos inducidos de las políticas, determinando posibles efectos redistributivos sobre los hogares atendiendo a sus diferentes características sociodemográficas (nivel de renta, tamaño, composición, etc.) y los efectos sobre las cuentas del sector público, incluyendo los ingresos y los gastos de las administraciones públicas, el déficit y la deuda pública".

En esta línea, los pliegos técnicos de la licitación quieren modelos capaces de integrar los ingresos endógenos (impuestos a la renta, al patrimonio, el IVA, cotizaciones a la Seguridad Social, etc.).

Y por último, requiere análisis de "los efectos sobre al valor añadido bruto de los diferentes sectores productivos de la economía española (con un nivel de desagregación suficiente y, en todo caso, de al menos 65 ramas de actividad) y a la productividad, así como a las rentas".

La licitación que acaba de lanzar el Gobierno advierte de que estos trabajos "son de duración corta, de alto valor añadido y nivel de exigencia y deben permitir un acompañamiento útil y eficaz a los departamentos técnicos especializados de IDAE para el mejor diseño de las políticas públicas de que se trate sobre la base de rigurosos análisis coste-beneficio y metodologías robustas".

La licitación quiere modelos capaces de integrar ingresos endógenos (impuestos a renta, patrimonio, el IVA, cotización a la Seguridad Social, etc.)

Todo este análisis macroeconómico ya se hizo de una forma genérica para el PNIEC. Sin embargo, el Gobierno ahora quiere informes 'ad hoc' para instrumentos concretos como los planes de recuperación verde que se diseñan a nivel europeo, y cita el Next Generation de la Unión Europea como ejemplo. También pretende hacer estudios sobre el sistema eléctrico y sus redes. Otro de los estudios a elaborar versa sobre el impacto de las líneas de ayudas en materia de fomento de las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

En su lista de análisis, el IDAE incluye nuevos instrumentos de mercado para el fomento de las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible, y cita los mecanismos de subastas de energías renovables y los mecanismos de certificados de ahorro energético.

También quieren entrar a analizar el impacto de los programas derivados del PNIEC: "La hoja de ruta del hidrógeno renovable, la estrategia de almacenamiento, la hoja de ruta del biogás, la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, etc.". Ahí ponen especial atención en aquellas medidas del PNIEC "que puedan tener un mayor efecto tractor sobre la economía".

Por último, el IDAE destaca que también hará análisis sobre políticas y medidas relacionadas con la transición justa y la pobreza energética y las cadenas de valor del sector de la energía y la industria.

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Juan Cruz Peña

La licitación es por dos años, prorrogable por 12 meses más, por un total de 816.750 euros. El adjudicatario formará un equipo de proyecto que "deberá constar como mínimo de cuatro integrantes con titulaciones universitarias superiores (licenciatura, ingeniería superior, máster o equivalente) en los campos de la ingeniería, ciencias y/o economía. Al menos uno de los cuatro integrantes deberá contar, además, con el título de doctor en Economía".

Este plan para elaborar análisis de impacto se produce en un momento de auge para la inversión en descarbonización. El Gobierno ha asignado la mayor partida de los fondos europeos de reconstrucción (un 37% de 72.000 millones para el periodo 2021-2023) para transición verde, según anunció la pasada semana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Uno de los mayores miedos que recorren el sector es que los fondos de recuperación acaben en destinos estériles, y recuerdan el fracaso del Plan E de Zapatero. De ahí que, ahora, se extremen las evaluaciones con el objetivo de que los fondos sirvan además de para crear empleo, para otras cuestiones como el crecimiento del PIB, la salud o la mejora del medioambiente.