El Gobierno da el primer paso para los PGE con un techo de gasto "ambicioso"

El Consejo de Ministros aprobará este martes el techo de gasto, arrancando así la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. La previsión es que será "ambicioso", con un gasto expansivo —debido a la incorporación de una parte importante de los fondos provenientes de Bruselas— que alejará las cuentas de cualquier tipo de recortes, pese a las negativas previsiones macroeconómicas. Se calcula que se incorporarán cerca de 21.000 millones de euros del fondo de reconstrucción de la UE del total de 140.000 millones destinados a España.

La decisión de Hacienda de suspender las reglas fiscales permitirá al Gobierno no tener que aprobar en el Congreso la senda de estabilidad, primer paso en la tramitación de los Presupuestos, aunque desde el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero se baraja algún tipo de ratificación como garantía de "salvaguarda constitucional". Esta suspensión implica que las entidades locales pueden gastar sus remanentes, que suponen un total de 15.000 millones de euros. Las comunidades autónomas, además de contar con un fondo de ayudas del Estado de 16.000 millones de euros, contarán con un déficit de referencia del 2,2% del PIB, según lo fijado por Hacienda este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque se trata de una "tasa de referencia" que no será de obligado cumplimiento.

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Tras la aprobación del techo de gasto, el siguiente gran hito en el calendario para la tramitación de los Presupuestos será llevar al Congreso el proyecto, que se espera a lo largo del presente mes de octubre. Antes, además de avanzar las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios, deberá cerrarse el borrador que perfilan PSOE y Unidas Podemos, en una mesa de negociación entre la responsable de Hacienda y el responsable económico de los morados, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

El Gobierno presentará este mismo miércoles el denominado 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española', es decir, las reformas estructurales que exige Bruselas para el reparto de los fondos. En líneas generales, contará con una decena de políticas tractoras adonde irán destinadas las inversiones: agenda urbana y rural; infraestructuras y ecosistemas resilientes; transición energética; Administración pública; digitalización; ciencia e innovación; educación; refuerzo del estado de bienestar; industria de la cultura y deporte, y fiscalidad. El plan, elaborado durante meses por el Ejecutivo, incluye, según Moncloa, "las políticas principales que permitirán recuperar nuestra economía para garantizar un crecimiento robusto, duradero e inclusivo". Su propósito, concluyen, "es iniciar la segunda gran modernización de la economía española".

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El retraso en el acuerdo del borrador presupuestario está impidiendo que se inicien las negociaciones formales para recabar los apoyos necesarios entre los grupos parlamentarios. No hay fecha todavía para su ratificación, y aunque en un principio se esperaba que pudiera ser esta semana, fuentes conocedoras de las negociaciones la sitúan en la próxima. Si bien está prácticamente perfilado y avanza satisfactoriamente, según estas mismas fuentes, queda por determinar todavía un punto de los considerados "importantes" y algunos elementos menores.

Con todo, Montero señalaba este domingo en una entrevista con la Agencia EFE que la propuesta fiscal que se pacte en el seno del Gobierno de coalición no será el texto definitivo que se incorpore a los Presupuestos de 2021, sino que se negociará previamente con los partidos políticos y podría cambiar. "Con Unidas Podemos trabajamos todo el proyecto, pero luego tengo que hablar con el PNV, con ERC, con Ciudadanos, con Más País... Y hasta que esa situación no se dé, no estará completada la previsión fiscal que tiene el Gobierno", avanzaba.

De cara a la negociación presupuestaria, los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez seguirán siendo socios prioritarios, aun tratando de no cerrar por ello la puerta a Ciudadanos, a pesar de los vetos cruzados. La aritmética parlamentaria y la vocación progresista del programa de coalición han llevado al Gobierno a decidirse por apostar la gobernabilidad de esta legislatura en el bloque de la investidura. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ya pactó con Sánchez que los morados estarían en la mesa de negociaciones de los Presupuestos con otros grupos y que los apoyos comenzarían a buscarse entre aquellos que facilitaron la investidura con su voto a favor o con su abstención.

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El primer paso para la tramitación de los Presupuestos que se dará este martes se produce, sin embargo, casi una semana después de cumplirse el plazo marcado en la Constitución, que establece que las cuentas deben presentarse en el Congreso “al menos tres meses antes de la expiración de las del año anterior”. En este contexto, el Gobierno asume como un escenario factible que se tenga que producir lo que denomina una "prórroga técnica" de los Presupuestos actualmente en vigor, los elaborados por el popular Cristóbal Montoro para el año 2018. Al menos, durante los primeros días de 2021.

La responsable de Hacienda reconocía este pasado domingo en la misma entrevista con la Agencia EFE que el objetivo es aprobar el proyecto de Presupuestos "a finales de diciembre o principios de enero". Para ello, el proyecto debería llegar al Congreso antes de que remate el presente mes de octubre.