El Gobierno agilizará la contratación pública para no perder parte de los fondos de la UE

La ejecución de los fondos provenientes de Bruselas para la reconstrucción económica tras la pandemia preocupa a las administraciones autonómicas y locales que serán receptoras, pero también al Gobierno del Estado. Los actuales plazos y procesos en la contratación pública, además de otros cuellos de botella relacionados con la capacidad en recursos humanos, como se ha demostrado con la tramitación de solicitudes del ingreso mínimo vital, suponen una problemática que amenaza con dejar sin ejecutar una parte de los fondos en tiempo y forma. Para tratar de evitarlo, el Ejecutivo prepara un real decreto con el objetivo de realizar "modificaciones normativas" que agilicen tanto la contratación pública como la ejecución. Así lo avanzan fuentes cercanas a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien ya ha tratado este asunto con algunos grupos parlamentarios.

Fuentes conocedoras de estas conversaciones trasladan que Calvo ha explicado en dichas reuniones que el Ejecutivo está analizando diversas opciones porque se considera una prioridad "importante" para el Gobierno garantizar la ejecución de los fondos. España obtendrá un total de 140.000 millones que se tendrán que invertir en un plazo máximo de seis años. Sin embargo, el 70% de esta cantidad deberá asignarse a proyectos concretos entre 2021 y 2022, mientras que el 30% restante deberá comprometerse en 2023, contando con un plazo de tres años más para alargar los pagos. Según el cronograma del Gobierno, los fondos llegarán en torno al mes de mayo del próximo año y, aunque se espera contar con anticipos los distintos proyectos, deberán incluirse en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este sábado durante la clausura del II Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que el real decreto que prepara el Gobierno "eliminará las principales barreras y cuellos de botella legales operativos de la administración para que la eficacia de los fondos sea la que deseamos". El objetivo, según ha argumentado, pasa por facilitar la ejecución de los fondos y "poner en forma las administraciones" y prepararlas "para comenzar a gestionar los fondos europeos con eficacia".

La Comisión Europea, en sus recomendaciones a los países, ya planteó a España la necesidad de crear nuevos mecanismos de gobernanza para la contratación pública. Bruselas recomendó la necesidad de desarrollar una estrategia nacional con el objetivo de agilizar y modernizar la contratación pública, adaptándola a la actual realidad, habida cuenta que no todas las administraciones, incluida alguna comunidad autonómica, tienen desarrollado un servicio de digitalización y contratación electrónica.

Desde la CEOE, a través de su oficina de proyectos, también se está trabajando en esta problemática y analizando los cambios normativos para contribuir a que fluyan los fondos de la forma más efectiva y rápidamente posible. Concretamente, ponen el foco en dos cuellos de botella legales. El primero de ellos tiene que ver con la ley de contratación pública de 2017 —entró en vigor en marzo de 2018— y los plazos.

Fuentes de la patronal indican la necesidad de acortar estos plazos, principalmente en lo que tiene que ver con la realización de pliegos que se pueden alargar hasta más de seis meses, lo que no sería viable para la ejecución íntegra de los fondos. El segundo se centra en la ley general de subvenciones, cuyos trámites se consideran lentos y farragosos, desde la fase en la que se requiere una información exhaustiva hasta la posterior justificación. La intención de la patronal es trasladar estas propuestas al Gobierno de cara a aligerar los procedimientos.

Juristas y expertos en contratación pública coinciden en señalar un tercer cuello de botella que tiene que ver con la capacidad en recursos humanos y materiales de las administraciones. "El principal problema que tenemos es en la ejecución de los proyectos y tiene que ver con la cantidad de personal en las administraciones", explica Elisa de la Nuez, aboga del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Un problema de escasez en recursos humanos que "llevamos teniendo muchos años" y, advierte, que "ahora se multiplica" para la ejecución de los fondos europeos.

El asesor y especialista en contratación pública, Javier Vázquez Matilla, llama la atención sobre la inviabilidad de que desde la solicitud de los fondos europeos hasta el arranque del proceso de contratación y licitación se acabe el plazo marcado. Es por ello que pone el foco en la necesidad de modificar la ley de contratación pública, elevando las cuantías fijadas para los procedimientos simplificados y extendiendo los supersimplificados, reduciendo los criterios de valoración, flexibilizando los plazos para presentar ofertas, generando automatismos en la fase de ejecución y, en definitiva, minimizando los tiempos para los expedientes y eliminando todo aquello que pueda eliminarse siempre que se garantice la publicidad para la libre competencia.

Las directivas europeas disminuyen el margen de maniobra para modificar los plazos o requisitos en la contratación como la publicidad. Especialmente en lo que tiene que ver con la ejecución de fondos europeos en general y de proyectos de grandes cuantías, que además deben ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. De la Nuez destaca que se trata de que los procedimientos sean garantistas y que cualquier modificación normativa va a tener límites marcados por la legislación europea. Lo mismo ocurre con todo lo relativo a los informes de impacto ambiental, que pueden llegar a demorarse hasta dos años, pero responden a unas directivas de control y auditoría. De ahí que insista en la necesidad de reforzar la administración en el ámbito de recursos humanos. En esta línea, Vázquez Matilla plantea que, para ciertos trámites, la administración pueda apoyarse en oficinas técnicas externas de refuerzo.

Los distintos ministerios serán los encargados de distribuir los fondos europeos para los proyectos, además de que se creará una Unidad de Seguimiento en Moncloa dependiente de la presidencia del Gobierno en coordinación con las comunidades autónomas. Se realizará sobre la base de un plan de reformas estructurales que el Gobierno presentará este próximo miércoles.

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Concretamente, este plan nacional se basará en una decena de políticas tractoras: agenda urbana y rural; infraestructuras y ecosistemas resilientes; transición energética; Administración pública; digitalización; ciencia e innovación; educación; refuerzo del estado de bienestar; industria de la cultura y deporte, y fiscalidad. Este mismo jueves, Pedro Sánchez mantenía una reunión con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, donde le trasladó la necesidad de finalizar cuanto antes los trámites para el fondo de recuperación europeo.

La próxima fecha marcada en el calendario es la presentación del borrador de Presupuestos, que se prevé que ratifiquen la próxima semana Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A partir de ahí comenzarán las negociaciones con los grupos parlamentarios. Los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez seguirán siendo socios prioritarios, aun tratando de no cerrar por ello la puerta a Ciudadanos, a pesar de los vetos cruzados. En su discurso en el Foro de La Toja, el presidente ha tendido su mano para ofrecer "diálogo, unidad y estabilidad" a las administraciones y partidos frente a los que promueven la "antipolítica" y ha reiterado su oferta a todos los grupos en el Congreso para aprobar unos Presupuestos para 2021 que favorezcan la recuperación económica.